Más de un centenar de personas abandonaron Guatemala entre enero y septiembre de 2024 debido a la persecución política, según un informe divulgado por un bloque de siete organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas la reconocida Cristosal.
El documento denunció un embate contra la institucionalidad guatemalteca, con un impacto directo en la seguridad y el ejercicio de libertades civiles. Además, advirtieron sobre riesgos de mayor represión y temor frente a la renovación de las altas cortes prevista para 2026.
La presentación estuvo liderada por Rafael Cruz, abogado de la organización Cristosal, quien identificó un patrón sistemático de persecución hacia defensores del territorio, el medio ambiente y ex operadores de justicia en disidencia con el régimen de la actual Fiscalía.
Además, explicó que el acoso comienza en redes sociales, sigue con procesos judiciales impulsados por autoridades y concluye en juzgados alineados con el poder. Según Cristosal, el sistema penal ha sido instrumentalizado para neutralizar voces opositoras.
El informe documenta una táctica para criminalizar y silenciar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y exfuncionarios anticorrupción. Esta práctica se intensifica mediante campañas de desprestigio digital, denuncias penales y procesos sin fundamento.
Cruz detalló que la Fiscalía, bajo la dirección de Consuelo Porras, quien enfrenta señalamientos internacionales por corrupción y ha sido sancionada por más de treinta países, se ha convertido en el núcleo de este aparato de persecución.
El clima político se tensionó aún más tras la victoria electoral de Bernardo Arévalo en 2023. La Fiscalía intentó impedir su asunción con procesos judiciales calificados de espurios por observadores nacionales e internacionales. Conforme a lo señalado por las organizaciones sociales, estas maniobras buscan aislar y desalentar a quienes se oponen al régimen judicial, alimentando una atmósfera de miedo y autocensura.
Además, el informe advirtió que la situación podría agravarse en 2026, año previsto para las “elecciones de segundo grado” que renovarán la dirección del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través del Congreso y el Ejecutivo, sin voto popular.
Las organizaciones temen que la represión judicial reduzca la cantidad de aspirantes idóneos a cargos en las altas cortes, ante el riesgo de persecución o judicialización, escenario que facilitaría el control institucional por parte de actores antidemocráticos antes de las elecciones generales de 2027.
Además de exponer estos mecanismos, el informe recalca la existencia de un subregistro de casos y la necesidad de herramientas de denuncia. Durante la presentación, las organizaciones lanzaron una plataforma digital para recolectar información sobre víctimas de persecución política y evitar que esos episodios queden invisibilizados o sin seguimiento judicial.
(Con información de EFE y AFP)
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