
El escenario político de Honduras se ha convertido en el epicentro de una disputa ideológica que trasciende sus fronteras, con la inminente elección presidencial del 30 de noviembre como punto de inflexión. En este contexto, la figura de Nasry Asfura emerge como símbolo de cambio, mientras la continuidad del oficialismo se asocia tanto a Rixi Moncada como a Salvador Nasralla, quien hasta hace pocos meses ocupó la vicepresidencia bajo el mandato de Xiomara Castro. Según encuestas internacionales, Asfura aventaja a ambos contrincantes por al menos cinco puntos porcentuales al cierre de este artículo.
Durante décadas, el avance del socialismo en América Latina adoptó diversas formas. En algunos países, la influencia de la izquierda se manifestó a través de modelos democráticos inspirados en Europa, que respetaron la alternancia en el poder y los derechos individuales. Sin embargo, este patrón se quebró con la llegada del chavismo y el madurismo en Venezuela, así como el orteguismo en Nicaragua, regímenes que, al alinearse con la dictadura cubana, consolidaron sistemas autoritarios y se perpetuaron en el poder. La influencia de estos regímenes pesó durante los años de Castro en el poder hondureño.
Tras la derrota electoral de la izquierda en Bolivia -donde ganó Rodrigo Paz- y el probable futuro triunfo de José Antonio Kast en Chile, la atención se centra ahora en Honduras, donde se enfrentan dos modelos antagónicos de gobierno y de concepción social. Por un lado, la continuidad de la familia Zelaya-Castro a través de Moncada y Nasralla; por otro, la propuesta de cambio que encarna Asfura, quien representa la posibilidad de reincorporar a Honduras al grupo de naciones democráticas de la región.

El clima electoral hondureño se ve tensionado por la presencia de prácticas asociadas a la izquierda más radical, en particular la influencia cubano-venezolana, que se manifiesta en intentos de coacción a la opinión pública, presiones sobre la prensa y los organismos electorales, e incluso la posibilidad de fraudes o manipulaciones en los resultados. En este sentido, Honduras se convierte en un caso testigo para observar si la ola conservadora continúa expandiéndose y si las fuerzas de izquierda optan por moderarse y respetar la voluntad popular, incluso cuando ello implique ceder el poder de manera democrática.
En el plano institucional, el oficialismo sufrió un revés significativo cuando el Congreso Nacional, dominado por una mayoría opositora de setenta y un diputados, rechazó en las últimas horas la prórroga del estado de excepción vigente en varias zonas del país. La decisión se tomó durante la tercera sesión extraordinaria celebrada en un hotel de la capital, donde se debatió el informe de una comisión especial legislativa y se analizaron los efectos del estado de excepción. Las diputadas Fátima Mena, Maribel Espinoza y Merary Díaz actuaron como secretarias en la sesión.
Durante el debate, Maribel Espinoza advirtió que el irrespeto a la ley por parte de los gobernantes genera un círculo vicioso que conduce a la inestabilidad, al debilitamiento del Estado de derecho y a la pérdida de rumbo nacional. Espinoza sostuvo que el partido Libertad y Refundación (Libre) ha incurrido en violaciones reiteradas a la Constitución. Citó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresa preocupación por el uso prolongado del estado de excepción como herramienta para combatir la inseguridad, así como un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establece que esta medida debe ser “excepcional, temporal y limitada”. Sobre esta base, propuso rechazar los estados de excepción y las suspensiones de garantías que no hayan sido sometidas ni aprobadas por el Congreso Nacional. Además, advirtió que los funcionarios públicos, incluidos miembros de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), las Fuerzas Armadas y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), que incumplan esta resolución podrían enfrentar responsabilidad penal.
En el ámbito internacional, la vigilancia sobre el proceso electoral hondureño se ha intensificado. Asfura subrayó la atención que presta Estados Unidos a las elecciones, aunque lamentó la necesidad de que actores externos señalen lo que debe hacerse en el país. “Asusta y da pena que otros países tengan que decirnos qué hacer”, expresó Asfura al referirse a los recientes mensajes del Departamento de Estado estadounidense, que han manifestado inquietud por la institucionalidad y el respeto al voto en Honduras. En las últimas semanas, sectores políticos, organizaciones civiles y observadores internacionales han compartido su preocupación por el ambiente electoral.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, advirtió que su país responderá con rapidez y firmeza ante cualquier atentado contra la integridad de las elecciones del 30 de noviembre. Además, el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes celebrará el 20 de noviembre en Washington, D.C., una audiencia pública titulada “Democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras”.
Asfura insistió en que corresponde al gobierno hondureño garantizar la transparencia y credibilidad de los comicios. “Es de pena que se llegue a esos niveles. El gobierno debe demostrar que respeta el voto y asegurar elecciones limpias, sin que otros países tengan que venir a decirnos qué hacer”, afirmó.
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En paralelo, el gobierno anunció que invocará la Ley Antiterrorista por el atentado a un predio forestal en Contulmo la semana pasada



