La comunidad wayú de Cusinajain, situada en la árida región de la Alta Guajira, fue escenario de una incursión violenta el pasado 27 de octubre, cuando un grupo armado ilegal irrumpió en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.
Durante el ataque, los agresores lanzaron artefactos explosivos, incendiaron aproximadamente 14 viviendas, reclutaron a un menor de 14 años y ejercieron violencia contra mujeres indígenas, según la ONU.
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Estos hechos, que han generado alarma por su gravedad, podrían constituir actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de acuerdo con la Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos.
La respuesta de la ONU fue inmediata. En un comunicado difundido en redes sociales y recogido por SWI, la Oficina condenó la violencia ejercida contra la comunidad wayuu y subrayó la urgencia de proteger la vida y la integridad de sus miembros.
El organismo internacional destacó que algunas de las acciones perpetradas durante la incursión, especialmente la violencia contra mujeres y el reclutamiento forzado de un menor, representan graves violaciones a los derechos humanos y podrían ser tipificadas como tortura.
En su pronunciamiento, la Oficina de la ONU en Colombia instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas inmediatas para salvaguardar a las comunidades indígenas afectadas.
Además, solicitó la apertura de una investigación exhaustiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos. El organismo también enfatizó la necesidad de ofrecer atención humanitaria y psicosocial a las víctimas, con un enfoque que contemple tanto la perspectiva de género como la diversidad étnica.
La ONU dirigió un llamado directo a los grupos armados no estatales, exigiendo el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos.
La Oficina recordó que “están prohibidas, entre otras acciones, los ataques contra quienes no participan en las hostilidades; la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes; el reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años”. Este recordatorio busca subrayar la obligación de los actores armados de abstenerse de atacar a la población civil y de involucrar a menores en el conflicto.
La población wayú, protagonista de estos hechos, es la comunidad indígena más numerosa de Colombia y Venezuela. Representa el 45% de la población de La Guajira y el 11% del estado Zulia en Venezuela.
Procuraduría investiga a 43 altos funcionarios de Petro y Duque por crisis wayuu
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra 43 altos funcionarios de los gobiernos de Gustavo Petro e Iván Duque por presuntos incumplimientos en la protección de los derechos fundamentales de la comunidad wayuu.
El proceso se centra en la supuesta omisión de la implementación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (Messep), ordenado por la Corte Constitucional en 2022 para garantizar servicios esenciales como agua, alimentación y salud a la niñez wayuu.
En su más reciente evaluación, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional concluyó que los avances en seguridad alimentaria para la población infantil wayuu son insuficientes y que persiste la ausencia de una estrategia articulada y sostenible.
El informe presentado en agosto de 2025 señaló que las inversiones realizadas hasta esa fecha no cubrían las necesidades alimentarias de la niñez en el departamento, y que no existía un plan integral más allá del asistencialismo.
La lista de investigados incluye a ministros, alcaldes, gobernadores y otros exfuncionarios que han ocupado cargos en las entidades responsables desde la fecha del fallo hasta la actualidad.
Entre los nombres destacados figuran los ministros Guillermo Alfonso Jaramillo y Martha Carvajalino, la embajadora Laura Sarabia, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y la directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres.
También aparecen exfuncionarios del gobierno Petro como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Luis Carlos Leal y Javier Pava, así como exdirectivos vinculados a casos de corrupción en la Ungrd, entre ellos Olmedo López, Luis Fernando Velasco y Sandra Ortiz. Respecto a la administración de Iván Duque, la investigación abarca a los exministros Fernando Ruiz, Jonathan Malagón, Susana Correa, Rodolfo Zea y Carlos Eduardo Correa, además de exdirectivos como Lina María Arbeláez.
La Procuraduría busca determinar si existió conducta omisiva por parte de los funcionarios señalados y ha ordenado la recolección de pruebas para esclarecer las responsabilidades individuales en el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional y definir posibles sanciones disciplinarias.
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