El traslado esta semana de siete jefes de la organización criminal Comando Vermelho (CV) a prisiones federales marca un hito operativo en la estrategia del Estado brasileño por debilitar una de las bandas más poderosas del país. La decisión fue adoptada tras la megaoperación policial que se saldó con 121 muertos en favelas del norte de Río de Janeiro.
La medida, ordenada por la Justicia, implicó sacar a los detenidos de las cárceles locales —en el estado de Río de Janeiro— y ubicarlos en centros penitenciarios de gestión federal, fuera de la jurisdicción regional. Según la agencia EFE, todos ellos tienen condenas superiores a 30 años.
El trasfondo inmediato es la operación llevada a cabo en las favelas de Penha y Complexo do Alemão, zonas en las que el CV “ocupa” o controla al menos de facto amplios espacios territoriales. Las autoridades atribuyen a esos siete presos la capacidad de dirigir —aun desde prisión— las operaciones de la banda en Río de Janeiro.
Según el gobierno regional de Río, cuatro de los 121 muertos eran policías y el resto supuestos miembros del CV, aunque esa cifra está bajo investigación. EFE informa que “las autoridades presumen que, aún desde la prisión, esos siete presos … dirigían las actividades del Comando Vermelho en Río de Janeiro”.
El traslado se ejecutó con un fuerte operativo de seguridad a cargo de la Polícia Federal, que ahora asume la custodia de los detenidos. El Ministerio de Justicia de Brasil precisó que los presos ocuparán celdas individuales, sin contacto con otros reclusos, permanecerán aislados 22 horas al día y solo dos horas saldrán al patio, bajo vigilancia estricta.
Según el ministerio, el traslado “fue ejecutado bajo los más altos estándares de seguridad, con una planificación detallada”. La ubicación exacta de los centros federales no fue informada por motivos de seguridad.
El fondo de esta estrategia es claro: golpear la capacidad de mando del CV desde el interior del sistema penitenciario, cortar sus vínculos con la calle y disminuir su operatividad territorial. Esa banda, fundada hace más de tres décadas en Río de Janeiro, ha sido tradicionalmente una de las fuerzas criminales con mayor implantación en las favelas cariocas.
Esta maniobra llega tras uno de los operativos más letales de la historia de Río de Janeiro: el despliegue policial del 28 de octubre de 2025 que dejó al menos 121 muertos, incluidos cuatro agentes.
Organismos de derechos humanos han cuestionado el operativo: Amnesty International lo calificó de “masacre” y pidió una investigación “independiente e imparcial”, advirtiendo signos de ejecuciones extrajudiciales y la violencia sistemática en contextos de segregación.
La crítica principal es doble: primero, que en el dispositivo policial murieron muchas personas cuya identidad y vínculo real con el CV no han sido confirmados, segundo, que hay una persistente impunidad en los operativos de seguridad en favelas. Un análisis reciente apunta que de las víctimas muchas eran jóvenes negros en barrios pobres, lo que añade la dimensión del racismo estructural.
Para el Estado, la prisión federal de estos jefes es una jugada funcional: aislar a los mandos, cortar el mando interno y enviar un mensaje de que “nadie está fuera del alcance”. Pero el éxito dependerá del seguimiento: aislarlos no basta si la red de la calle sigue intacta y la corrupción policial o la complicidad social no son abordadas.
También está la cuestión de la legitimidad: un Estado democrático debe investigar con transparencia los operativos letales, garantizar derechos y evitar que la violencia estatal se sume al ciclo de crimen. De lo contrario, la frontera entre la lucha contra el crimen y la aplicación arbitraria de la fuerza se vuelve difusa.
En el contexto del crimen organizado brasileño, el CV no es una anomalía: convive con otras facciones como Primeiro Comando da Capital (PCC) y se inserta en la lógica de control territorial, tráfico de drogas y extorsión.
En definitiva, el traslado de estos siete jefes del Comando Vermelho articula una escalada del diseño estatal frente al crimen organizado: endurecer la cárcel, aislar a los líderes y afrontar la violencia urbana como problema de seguridad. Pero al mismo tiempo plantea la pregunta sobre cuántas muertes más serán compensadas por una política que necesita legitimar tanto lo que hace como lo que deja sin hacer.
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