La detención del ex presidente Jair Bolsonaro podría producirse la próxima semana. Ayer, el Tribunal Supremo Federal (STF) votó por unanimidad para rechazar los recursos presentados por la defensa, confirmando así la condena del ex presidente a 27 años y tres meses. Votaron en contra el relator del caso, Alexandre de Moraes, el ex ministro Flavio Dino, Cristiano Zanin, ex abogado de Lula, y Cármen Lucía. Los recursos son mecanismos legales que han permitido a los abogados de Bolsonaro solicitar aclaraciones sobre posibles omisiones, contradicciones y partes oscuras en los votos de los jueces que llevaron a la sentencia.
“Como siempre han subrayado todas las partes y este Tribunal, los hechos impugnados son graves y el presente caso representa una acción penal histórica. Pero las contradicciones y omisiones aquí expuestas demuestran, sobre todo, la injusticia de la condena del apelante”, afirmó la defensa. El ex presidente fue condenado el pasado mes de septiembre por cuatro votos contra uno por el primer tribunal del STF por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, atentado violento contra el Estado de derecho democrático y por estar al frente de una organización criminal armada.
Sin embargo, ayer Moraes sostuvo en su decisión que no hubo omisiones ni contradicciones en el cálculo de la pena, ya que “la conducta delictiva de Bolsonaro ha sido ampliamente demostrada”. El juez afirmó que “la tesis presentada por la defensa es infundada” y que el veredicto “expone detalladamente las circunstancias judiciales ampliamente desfavorables para el acusado Jair Messias Bolsonaro, motivando cada una de ellas en la determinación de la pena”. Moraes también rechazó los recursos de los otros seis condenados junto con Bolsonaro, entre ellos el ex ministro de Justicia Anderson Torres y el ex ministro de la Casa Civil y de Defensa Walter Braga Netto, en prisión desde el 14 de diciembre del año pasado. Ayer no participó Luiz Fux, el único juez que había votado en contra de la condena de Bolsonaro y que, a petición suya, ha sido trasladado recientemente al segundo juzgado del STF. Precisamente su voto en el proceso fue citado seis veces en el recurso presentado ante el STF. En una de ellas, la defensa de Bolsonaro sostiene que solo el ministro detalló en su voto su tesis según la cual el expresidente habría abandonado voluntariamente el intento de golpe de Estado.
Técnicamente, los abogados de Bolsonaro podrían recurrir a las llamadas instancias de reconsideración para revisar la sentencia. Sin embargo, según el STF, este segundo tipo de recurso solo es válido contra una decisión del colegio si ha habido dos votos a favor de la absolución. En el caso de Bolsonaro y la mayoría de los acusados, solo hubo uno, el de Fux. Esta acción, sin embargo, podría alargar los plazos, pero si los jueces consideran que los recursos son utilizados por la defensa para retrasar el resultado del proceso, el STF, según la legislación brasileña, puede ordenar el inicio de la ejecución de las penas, incluso la próxima semana.

Además, según algunos analistas, un posible traslado a prisión de Bolsonaro durante la COP30 desviaría la atención mediática mundial de la Conferencia sobre el Cambio Climático en Belém, que se prevé crítica, si no un fracaso, para el Gobierno de Lula. La confirmación del arresto domiciliario, en el que se encuentra Bolsonaro desde el pasado 4 de agosto, es la hipótesis menos probable. De hecho, por orden del juez ponente del caso, Alexandre de Moraes, ya se ha preparado una inspección en la prisión de Papuda, a unos veinte kilómetros de la capital, Brasilia. Se trata de una prisión que en el pasado saltó a los titulares por haber albergado al terrorista italiano Cesare Battisti. La semana pasada, Moraes envió a su jefa de gabinete, Cristina Kusahara, a la prisión de Papuda para evaluar las instalaciones en las que podría ser recluido el ex presidente. Se trata, en concreto, del llamado bloque Fox del PDF 1, destinado a reclusos vulnerables y dotado de una mayor vigilancia. Se trata del mismo sector que en el pasado albergó a figuras como el ex ministro Geddel Vieira Filho y el ex senador Luiz Estevão. Es poco probable que Moraes opte por una alternativa a Papuda en una estructura militar considerada poco adecuada debido al riesgo de que se produzcan concentraciones de sus seguidores.
La otra hipótesis que ha surgido en estas horas es un modelo similar al aplicado el pasado mes de mayo al ex presidente Fernando Collor. Condenado a 8 años y 10 meses por corrupción y otros delitos, Collor solo pasó una semana en la cárcel de Maceió, en el estado de Alagoas. Los 130 certificados médicos presentados por sus abogados le permitieron salir pocos días después y ser trasladado a arresto domiciliario. A Bolsonaro podría ocurrirle algo similar. Además de su edad, ha cumplido 70 años, ha sufrido en los últimos meses fuertes hipo y dolores abdominales debido a una puñalada recibida durante la campaña electoral para las presidenciales de 2018, que le obligó a someterse a seis operaciones quirúrgicas en el abdomen. Además, recientemente le fue diagnosticado un cáncer a la piel. Según sus abogados, un traslado a prisión podría agravar su estado.
En cuanto al proyecto de ley de amnistía que en septiembre había inflamado Brasil con decenas de manifestaciones a favor y en contra en todo el país, ha quedado paralizado en el Congreso. Desaparecida esta posibilidad, los aliados del ex presidente apuestan ahora porque se le mantenga en arresto domiciliario. Ibaneis Rocha, gobernador del Distrito Federal, a través del secretario de Administración Penitenciaria de Brasilia, Wenderson Souza e Teles, envió en los últimos días un documento a Moraes solicitando que Bolsonaro fuera sometido a una evaluación médica antes de su posible encarcelamiento definitivo. El objetivo era verificar si el estado de salud del expresidente era compatible con su reclusión en la prisión de Papuda. “Se solicita que el condenado Jair Messias Bolsonaro sea sometido a una evaluación médica por parte de un equipo especializado, para verificar su estado clínico y la compatibilidad con la asistencia médica y nutricional que ofrecen los centros penitenciarios de la capital”, se lee en la solicitud, que sin embargo fue rechazada por Moraes por “falta de pertinencia”.
Por su parte, Bolsonaro ha intensificado las reuniones en su casa con políticos de centro-derecha con el objetivo de preparar toda una serie de candidaturas al Senado para poder presionar en el futuro al STF y destituir a los jueces que no le son favorables. En cuanto a su Partido Liberal (PL), está especialmente preocupado por las elecciones de diputados federales y estatales del próximo año. Si en las presidenciales de 2022 el PL consiguió el mayor número de diputados en la Cámara, el temor es que en 2026 no consiga repetir ese éxito. El PL, según fuentes cercanas al partido, está incluso considerando utilizar en la propaganda electoral los nombres de Michelle y Flavio Bolsonaro, esposa e hijo del expresidente, respectivamente.
En cuanto a un candidato en el que invertir sus energías para las presidenciales del próximo año, el centro-derecha sigue en el aire, con el riesgo de llegar muy débil a una campaña electoral en la que Lula, por el contrario, se está concentrando masivamente. Ayer, el hijo de Bolsonaro, Flávio, dijo que su padre “está siendo perseguido”, pero que se presentará como candidato y será elegido. Renato, uno de los hermanos de Jair Bolsonaro, llegó a declarar que la justicia quiere que el ex presidente muera en la cárcel. También el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, considerado en los últimos meses como una posible alternativa a Bolsonaro, agradeció al ex presidente en un acto público ayer. “Jair Bolsonaro debería haber estado sentado en la mesa de honor, pero la persecución implacable, cobarde e ilegal se lo ha impedido”, afirmó.
Mientras tanto, aparece en el horizonte un nuevo partido que surge de las cenizas del Movimiento Brasil Libre (MBL). El Movimiento apoyó a Bolsonaro en 2018, pero luego se distanció de él. El nuevo partido, el trigésimo en la escena política brasileña, se llamará Misión (Missão en portugués). Esta semana, el Tribunal Superior Electoral (TSE) aprobó sus estatutos. Para su fundador, Renan Santos, “el bolsonarismo ha muerto”. Santos tiene la intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2026, pero no podrá acceder al fondo de los partidos porque, al estar recién constituido, no tiene representantes en el Congreso. Sin embargo, podrá acceder al fondo electoral y recibir, según las estimaciones, entre 3 y 4 millones de reales (entre 565.000 y 750.000 dólares).
Aunque ya nadie imagina a Bolsonaro como candidato el año que viene, su caso aún podría influir en la cuestión de los aranceles de Estados Unidos. Donald Trump, que siempre lo ha defendido, utilizándolo incluso como casus belli para justificar los aranceles del 50% a Brasil, podría volver a jugar esta carta. Según el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, Trump dará un giro a la situación en la que se encuentra Bolsonaro. “Estoy seguro de que Trump la cambiará”, afirmó ayer. A pesar de que el Ejecutivo brasileño ha destacado en su comunicado oficial el éxito del diálogo con la contraparte estadounidense, que se ha desbloqueado recientemente en Malasia, las negociaciones hasta la fecha no han dado lugar a la eliminación de ningún arancel por parte de Washington. Además, las últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, el miércoles parecen socavar el clima de distensión con la Administración Trump. Según el ministro, el viaje de Lula mañana a Colombia para participar en la reunión entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) tiene como objetivo manifestar “la solidaridad regional con Venezuela ante las amenazas estadounidenses. Se trata de apoyo, de solidaridad regional con Venezuela, teniendo en cuenta que el presidente ha afirmado en varias ocasiones, y es la posición de nuestra política exterior, que América Latina y, sobre todo, Sudamérica, donde nos encontramos, es una región de paz y cooperación”, afirmó Vieira. Una declaración que contrasta con la propuesta que Lula hizo a Trump de mediar con Maduro y que podría comprometer el diálogo recién iniciado con Washington.
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