Denuncian que cientos de presos murieron por torturas o enfermedades en las cárceles de Cuba

La prestigiosa ONG Prisoners Defenders reveló este jueves que Cuba sumó 11 nuevos presos políticos en octubre, en un contexto donde el hacinamiento, la tortura y la proliferación de enfermedades infecciosas han provocado la muerte de cientos de reclusos en todo el país.

La organización, reconocida por su labor de documentación y defensa de los derechos humanos, advirtió sobre el agravamiento de la represión estatal, que ahora afecta no solo a activistas, sino también a ciudadanos sin militancia política, en medio de una crisis sanitaria y social sin precedentes.

El documento detalló que el patrón represivo se ha intensificado entre la población general, restringiendo derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y manifestación. Este endurecimiento ocurre mientras las condiciones de vida en la isla se deterioran, lo que ha impulsado a más personas a ejercer sus derechos, enfrentándose a la respuesta punitiva del Estado.

Prisoners Defenders subrayó que las cárceles cubanas se han convertido en focos de enfermedad y muerte, agravados por la falta de atención médica, la desnutrición y la violencia institucional.

Entre los casos documentados este mes, destacan cuatro manifestantes pacíficos de Manicaragua: Raymond Martínez Colina, Carlos Hurtado Rodríguez, Osvaldo Agüero Gutiérrez y Yoan Pérez Gómez. Estos ciudadanos fueron condenados por “desórdenes públicos” tras participar en una protesta espontánea el 20 de octubre de 2024, donde más de 100 personas exigieron el restablecimiento del servicio eléctrico frente a la sede del Gobierno municipal.

El tribunal de Villa Clara dictó penas de seis años de prisión para Martínez Colina y Hurtado Rodríguez, y cinco años para Agüero Gutiérrez y Pérez Gómez, a pesar de la ausencia de pruebas materiales de violencia o daños. El fallo judicial sostiene que los acusados “afectaron la tranquilidad ciudadana” y pretendían “apabullar a los funcionarios”, lo que, según el informe, evidencia el uso del sistema penal como herramienta para castigar el ejercicio pacífico de derechos fundamentales.

Otro caso relevante es el de Leonard Richard González Alfonso, detenido en junio pasado en La Habana por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, tras colocar carteles con mensajes como “¿Hasta cuándo?... ¡Nos están matando!”.

González Alfonso, diagnosticado con un trastorno de la personalidad y antecedentes de intentos de suicidio, permanece recluido en la Prisión Combinado del Este sin acceso a atención médica adecuada. Las autoridades han negado a su madre el acceso a la información judicial del caso, lo que constituye una violación del derecho a la defensa y de las normas internacionales sobre el trato a personas con graves afectaciones de salud mental. El informe resalta que “a pesar de su diagnóstico clínico oficial, el cual hace incompatible su estancia en una prisión de máximo rigor, las autoridades no han garantizado atención médica adecuada ni han considerado su grave dolencia psiquiátrica”.

La represión también alcanzó a los hermanos Manuel Caballero Oduardo y Yunia Jazmín Caballero Oduardo, de 21 y 19 años, respectivamente. Ambos fueron detenidos tras un desalojo forzoso en un contexto de vulnerabilidad habitacional y enfrentan condenas de cuatro y dos años de prisión por “desacato” y “atentado”, delitos que, según la organización, son utilizados para criminalizar la protesta y castigar a ciudadanos en situación de precariedad. Los testimonios recogidos indican que la policía actuó con violencia desproporcionada y que el proceso se desarrolló sin garantías judiciales.

Por su parte, el activista Mario Víctor Liqui Rodríguez, delegado de los movimientos MD y MONR y promotor de Cuba Decide y la Alianza Republicana Cubana (ARC), fue arrestado violentamente en octubre en La Habana por agentes de las “boinas negras”. Tras su detención, fue trasladado entre varias instalaciones policiales y finalmente al centro de detención y tortura de Villa Marista. La familia desconoce su paradero y estado físico, lo que incrementa el temor a una desaparición forzada temporal. El informe señala que “su nuevo arresto representa una reincidencia en el patrón de criminalización y persecución política que el Gobierno cubano mantiene contra promotores de iniciativas democráticas”.

El caso de Luis González Martínez ilustra la extrema vulnerabilidad de los presos de conciencia en Cuba. Detenido sin tutela judicial, González Martínez padece dengue y hematuria, y ha sido víctima de agresiones físicas dentro de la prisión. Su esposa manifestó temor por su vida, mientras las autoridades penitenciarias le niegan los cuidados médicos urgentes que requiere. El reporte denunció que “fue golpeado por agentes y por reclusos bajo órdenes de la seguridad del penal, lo que constituye un acto de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibidos por el derecho internacional”.

En tanto, el joven ex convicto de conciencia Óscar Corría Sánchez, de 25 años, fue objeto de detenciones repetidas desde 2021. En octubre fue arrestado nuevamente tras presentarse voluntariamente a una citación policial en Contramaestre, Santiago de Cuba. Las autoridades le impusieron una fianza de 200.000 pesos cubanos (más de dos años y medio del salario medio en Cuba), una suma considerada inalcanzable y destinada a mantenerlo en prisión. Su hermana relató que los agentes provocaron deliberadamente al detenido y la expulsaron de la oficina cuando intentó defenderlo, lo que, junto a la falta de debido proceso, demuestra el carácter arbitrario de las acusaciones.

El activista Virgilio Mantilla Arango, de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, fue víctima de reiteradas detenciones y procesos judiciales politizados. Su última detención, en octubre, está vinculada al delito de “propaganda contra el orden constitucional” tras difundir videos sobre la situación social y económica del país. Mantilla, que padece problemas de salud crónicos, denunció negaciones en la atención médica y condiciones de reclusión paupérrimas.

El informe también recoge los testimonios de José Daniel Ferrer y Luis Robles Elizástigui, dos de las voces más reconocidas del exilio cubano. Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue liberado y desterrado el 14 de octubre de 2025 tras cumplir una condena de cuatro años y seis meses de prisión. Su salida de la isla fue una expatriación forzosa, no voluntaria.

Robles, conocido como “el joven de la pancarta”, llegó a Madrid el 13 de octubre junto a su madre y su hijo, tras casi cinco años de prisión por portar una pancarta que pedía libertad y el fin de la represión. Durante una conferencia en la Asociación de la Prensa de Madrid, Robles describió las prisiones cubanas como “centros de exterminio” y denunció que “la tortura es algo normal y el silencio, algo impuesto”. Ferrer, por su parte, calificó su salida del país como “una deportación política, no una liberación real”.

La crisis en las cárceles cubanas se ha visto agravada por brotes de enfermedades infecciosas como dengue, tuberculosis, fiebre de oropouche y chikunguña, así como por la falta de alimentación y atención médica.

El huracán Melissa empeoró las condiciones sanitarias en las provincias orientales, obligando a evacuar parcialmente la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba ante el riesgo de derrumbe.

En la prisión Combinado del Sur de Matanzas, los reclusos enfrentan una situación crítica: “Cuando se enferman, los aíslan, pero no tienen ni un solo medicamento para darles”, según un testimonio recogido por la organización.

En este contexto, decenas de presos políticos han iniciado huelgas de hambre como último recurso de protesta. Yosvani Rosell García Caso, de 37 años, cumple 13 días en huelga de hambre en la prisión El Yayal - Cuba Sí, en Mayarí, Holguín, en protesta por el “injusto encierro de los presos políticos que llevan más de cuatro años detenidos sin cambios en su situación”, según denunció su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.

La situación de García Caso es especialmente grave: “No recibe atención médica, no sé si lo golpearon, apenas lo vi unos minutos”, declaró su esposa, pidiendo apoyo internacional.

También Daniel Alfaro Frías, condenado a nueve años de prisión, se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guanajay, Artemisa, para denunciar las constantes violaciones de derechos humanos.

Además, 13 presos del Edificio 1 de la Prisión Combinado del Este han iniciado una huelga de hambre por la libertad de todos los presos políticos.

Al 31 de octubre, la lista de prisioneros políticos en Cuba asciende a 1.179 personas, todas ellas sufriendo sentencias judiciales o limitaciones de libertad impuestas por las “Fiscalías” sin supervisión judicial ni debido proceso, denunció Prisoners Defenders.

En los últimos 12 meses, la lista sumó 155 nuevos presos políticos, con un promedio de 13 nuevos casos cada mes. Desde el 1 de julio de 2021, 1.906 personas han pasado por las cárceles cubanas por motivos políticos, de las cuales 1.759 ingresaron en prisión en ese periodo.

El informe detalló que 35 menores de edad permanecen detenidos por motivos políticos, 15 de ellos condenados por “sedición” con una pena media de cinco años de prisión. Además, 221 manifestantes fueron condenados por “sedición” con un promedio de 10 años de privación de libertad, y 123 mujeres continúan sufriendo autos y condenas políticas.

Entre los reclusos, 463 presentan patologías médicas graves y 40 padecen trastornos mentales sin tratamiento adecuado.

La clasificación de los prisioneros políticos se divide en 693 convictos de conciencia, 450 condenados de conciencia y 36 otros presos políticos, según los criterios de violación de derechos fundamentales, presunción de inocencia y derecho a la defensa.

Prisoners Defenders concluyó que la represión en Cuba es estructural y sistemática, y que la comunidad internacional debe actuar ante la gravedad de la situación.