El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el desembolso de USD 600 millones para Ecuador, tras completar la tercera revisión del acuerdo crediticio firmado en mayo de 2024, que asciende a USD 5.000 millones y se extiende por cuatro años. Con este nuevo tramo, el país ha recibido un total de USD 2.700 millones, en un momento clave para su estabilidad fiscal y en vísperas de la presentación de la proforma presupuestaria de 2026.
El directorio del organismo destacó que el desempeño del programa “se mantiene sólido” y que las autoridades ecuatorianas han cumplido todos los criterios cuantitativos de desempeño hasta agosto de 2025, “algunos con márgenes significativos”. Según el FMI, el Gobierno avanzó de forma sustancial en las metas estructurales, particularmente en materia de reformas fiscales, de gobernanza y promoción del crecimiento económico.
En su comunicado, el Fondo resaltó que Ecuador ha tomado medidas para fortalecer la sostenibilidad fiscal y los colchones de liquidez, mientras protege a los sectores más vulnerables. Entre esas medidas se incluye la reforma al sistema de ingresos y gastos, acompañada de mecanismos compensatorios específicos. Además, el FMI reconoció que la administración de Daniel Noboa continúa con una agenda de reformas estructurales orientadas a mantener la estabilidad financiera y fomentar la inversión privada.
El presidente Noboa eliminó en septiembre el subsidio al diésel, una decisión que elevó el precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80. La medida generó un mes de protestas encabezadas por el movimiento indígena y organizaciones sociales, que dejaron dos muertos y cerca de 300 heridos, según registros de organismos de derechos humanos. El mandatario justificó la decisión señalando que el ahorro de unos USD 1.100 millones se destinaría a programas de protección social y estímulos a la producción, y anunció la entrega de bonos a comunidades indígenas, campesinas y transportistas.
Este ajuste se suma al recorte de 20 a 14 ministerios, la reducción de nueve a tres secretarías y al despido de unos 5.000 funcionarios públicos, medidas adoptadas desde julio con el objetivo de reducir el gasto estatal. El FMI considera que la continuidad de esta política de consolidación fiscal permitirá mantener la deuda pública en una “sólida senda descendente” y facilitará la recuperación del acceso de Ecuador a los mercados internacionales de capitales.
El organismo también reportó una mejora del crecimiento económico ecuatoriano: el PIB real se ha recuperado con mayor rapidez de lo previsto en la revisión anterior, impulsado por una demanda interna fuerte y exportaciones no petroleras en niveles récord. La inflación, en cambio, se mantiene baja y el sistema financiero, estable.
El desembolso llega mientras el Gobierno ecuatoriano se prepara para presentar la proforma presupuestaria de 2026, en un contexto de desaceleración económica, menor precio del petróleo y mayores presiones por el pago de deuda.
En este escenario, los USD 600 millones del FMI representan un alivio temporal para las reservas internacionales y el financiamiento externo, pero también refuerzan el compromiso del país con la disciplina fiscal exigida por el acuerdo. Para Noboa, el cumplimiento de las metas con el organismo multilateral se ha convertido en un componente central de su estrategia económica, orientada a estabilizar las cuentas públicas, contener el déficit y recuperar la confianza de los mercados.
El Fondo, por su parte, subrayó que el éxito del programa dependerá de la implementación sostenida de las reformas en curso. En los próximos meses, Ecuador deberá equilibrar la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica con la presión social que han generado los ajustes.
Este anuncio sucede a semanas del referéndum y consulta popular impulsados por el Ejecutivo. En los comicios la ciudadanía decidirá si se reduce el número de legisladores, si se elimina el financiamiento estatal a los partidos, si se levanta la prohibición de que existan bases militares extranjeras en el país y si se convoca a una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva constitución.
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