Siguen los operativos policiales en Río de Janeiro y el gobierno de Lula ofreció cárceles federales para los detenidos

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva regresa a Brasilia esta noche tras una gira por el sudeste asiático. Para la mañana del miércoles tiene previsto reunirse con sus principales colaboradores a fin de evaluar los resultados de la operación policial en Río de Janeiro.

Policías del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) continúan desplegados en zonas selváticas próximas a los complejos del Alemão y de la Penha, en las afueras de Río de Janeiro, en busca de cuerpos de presuntos criminales abatidos durante el operativo que dejó al menos 64 muertos este martes. La ofensiva contra el narcotráfico mantiene en tensión a las comunidades afectadas por los tiroteos y los bloqueos del tránsito.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofreció alojar a los detenidos del operativo en cárceles federales de máxima seguridad. La propuesta fue transmitida por el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, al gobernador Cláudio Castro, luego de que este asegurara que Río de Janeiro enfrenta al crimen organizado “solo”, sin apoyo de las fuerzas federales. Costa también solicitó una reunión de emergencia en la capital fluminense para este miércoles, con la participación del ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, con el fin de coordinar acciones conjuntas.

Un encuentro de emergencia en el Palacio del Planalto, encabezado por el presidente en ejercicio, Geraldo Alckmin, reunió a varios ministros y altos funcionarios del gobierno federal. Según la Casa Civil, no hubo ningún pedido previo de apoyo por parte del gobierno de Río para la operación en curso. Paralelamente, el Ejecutivo nacional evalúa un proyecto de ley conocido como “antifacciones”, que busca endurecer las penas contra las organizaciones criminales y reforzar el control sobre los grupos que operan en las prisiones y en territorios dominados por el narcotráfico.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, publicó un mensaje en sus redes sociales desde el Palacio Guanabara para calificar la jornada como “un día importante” debido a la realización de “la mayor operación de la historia” de las fuerzas policiales estatales. Según Castro, hasta las 17:20 (hora local), las autoridades habían “neutralizado a 60 criminales”, realizado “81 arrestos” y decomisado “75 fusiles”.

Castro, del Partido Liberal (PL), aseguró que se está dando “un duro golpe a la criminalidad” y alertó a los ciudadanos que las fuerzas policiales permanecerán en las calles “hasta que la situación esté completamente normalizada”.

“Estamos trabajando mucho porque queremos un Río de Janeiro y un Brasil libres de delincuencia, y no vamos a dar marcha atrás porque creemos que cuanto mejor funcione la seguridad pública, más libres serán ustedes y sus familias”, concluyó.

Al concluir la cumbre de emergencia en el Palacio de Planalto, el gobierno federal de Brasil anunció el envío de una comitiva a Río de Janeiro para un encuentro con el gobernador Cláudio Castro luego de la operación policial contra el narcotráfico que resultó en 64 muertes. Los ministros de Justicia, Ricardo Lewandowski, y de la Casa Civil, Rui Costa, encabezarán el grupo que hará el viaje, acompañados por William Marcel Murad, director de la Policía Federal (PF).

Costa ya mantuvo una conversación telefónica con Castro, asegurando que el gobierno nacional monitorea la situación y ha autorizado la transferencia de diez presos del sistema penitenciario estadual al federal, a solicitud de la gobernación de Río de Janeiro.

En declaraciones recogidas por la prensa, la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, confirmó la misión y expresó: “Vamos a ver qué es necesario para ayudar a la población de Río de Janeiro”.

El gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL), responsabilizó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por la situación, alegando que el estado de Río de Janeiro se encuentra “solo en la guerra” y que el Ministerio de Defensa negó reiteradamente sus pedidos de vehículos blindados para operaciones policiales. Funcionarios federales respondieron que para ello era imprescindible que el gobernador solicitara formalmente la declaración de Garantía de la Ley y del Orden (GLO), procedimiento que aún no se había producido.

Lewandowski recalcó que el gobernador debe “asumir sus responsabilidades” o, si considera que no puede controlar la seguridad estatal, pedir medidas como la intervención federal, el estado de sitio o la decretación de una GLO para que el gobierno federal y las Fuerzas Armadas puedan actuar. El ministro subrayó que ninguna solicitud formal en este sentido fue realizada por Castro y que, hasta la fecha, todas las demás peticiones del gobernador han sido atendidas.

El gobierno del estado de Río de Janeiro divulgó imágenes de armas incautadas durante la operación policial.

En una publicación en la red social X, informó: “Tras el enfrentamiento con criminales, equipos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) aprehendieron 18 fusiles en la localidad de Vacaria, en el Complejo de favelas de Penha, en la Zona Norte de Río de Janeiro. El operativo aún está en curso".

César Muñoz, director de la ONG Human Rights Watch (HRW) en Brasil, calificó de “desastre” el operativo policial que se realizó en Río de Janeiro y solicitó a la Fiscalía investigar las circunstancias de “cada muerte”.

“Una operación policial que resulta en la muerte de más de 60 residentes y policías es una enorme tragedia”, opinó Muñoz y pidió que se expongan “la planificación y las decisiones” que provocaron esta maniobra. “La sucesión de operaciones letales que no resultan en una mayor seguridad para la población, sino que en realidad generan inseguridad, revela el fracaso de las políticas de Río de Janeiro”, añadió en una declaración escrita.

Muñoz consideró que Río de Janeiro necesita una nueva política de seguridad pública “que deje de promover enfrentamientos que victimizan a residentes y policías”. Propuso involucrar a las comunidades y otros actores sociales en la búsqueda de la paz, e impulsar la labor policial a partir de datos precisos sobre la actividad delictiva, priorizando la investigación y la inteligencia.

A más de 12 horas del inicio de la operación policial contra el narcotráfico en los complejos de Alemão y Penha, continúan escuchándose disparos, especialmente en la región de Vacaria, una extensa zona selvática que conecta ambas favelas, según reportes de la prensa local.

Autoridades policiales señalaron que en esa zona opera Edgar Alves, alias “Doca”, líder del Comando Vermelho buscado durante la operación y señalado como responsable de los llamados “tribunales del tráfico”.

El gobierno federal de Brasil inició una reunión en la tarde de este martes en el Palacio del Planalto para abordar la megaoperación policial en el estado de Río de Janeiro.

Según informaron fuentes oficiales a la prensa local, el encuentro sigue en curso y aún no se han divulgado detalles sobre acciones acordadas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra de regreso hacia Brasil después de pasar una semana en el sudeste asiático. Se prevé que llegue a Brasilia alrededor de las 20:30, hora local, de este martes

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se declaró “horrorizada” por las redadas policiales que dejaron al menos 64 muertos en Río de Janeiro, y exigió investigaciones rápidas sobre lo ocurrido.

“Esta operación mortal refuerza la tendencia de consecuencias letales extremas de las operaciones policiales en las comunidades marginadas de Brasil”, afirmó el organismo a través de la red social X.

El combate de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho muestra la expansión del grupo criminal brasileño a nivel nacional

Más de sesenta personas han muerto en la ofensiva más letal de la historia de Río de Janeiro, centrada en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, y liderada por el gobierno de Cláudio Castro

Por Maria Zuppello

Río de Janeiro está en estado de guerra. La operación lanzada hoy por el gobierno de Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, contra el principal grupo criminal de la ciudad, el Comando Vermelho (CV), es la más letal de la historia de Río de Janeiro. Con más de sesenta muertos, ha superado la masacre de Jacarezinho de 2021, en la que murieron 28 personas, entre ellas un policía. Hoy han perdido la vida cuatro agentes de las fuerzas del orden de los más de 2.500 desplegados para detener a los líderes del grupo criminal en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad, donde viven 280.000 personas.