La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua propuso a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo restaurar la democracia, en respuesta a la amenaza de que Estados Unidos incremente en un 100% los aranceles a productos nicaragüenses o excluya al país del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).
Esta agrupación opositora, actualmente exiliada, transmitió su postura al exigir una salida pacífica que permita devolver la libertad y las oportunidades al pueblo, asegurando que la dignidad nacional persiste ante la represión.
“Sabemos que el cambio es posible. La dignidad del pueblo nicaragüense es más fuerte que la represión. Nicaragua merece vivir sin miedo, en libertad y con trabajo digno”, expresó la organización en su cuenta de X.
Según información recabada por la propia Alianza Cívica, Ortega y Murillo son responsabilizados por la pobreza y el aislamiento internacional que sufre Nicaragua, así como por la amenaza de una posible pérdida del acceso al DR-Cafta, situación que pondría en riesgo miles de empleos.
La preocupación por el futuro del DR-Cafta se relaciona con recientes medidas del gobierno estadounidense, tras la conclusión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que halló violaciones a derechos humanos y laborales cometidas bajo la dictadura nicaragüense.
El análisis de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) señala que las restricciones impuestas por el régimen tienen un impacto negativo en las libertades indispensables para la convivencia democrática y afectan la relación comercial entre ambos países.
A su vez, Ayer, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) presentó una solicitud pública a la dictadura para que implemente reformas inmediatas que puedan frenar nuevas sanciones y eviten la expulsión del DR-Cafta.
La CDN reclamó la restitución de derechos, la reactivación de organizaciones civiles, el retorno de la libertad de prensa y la liberación de personas presas por motivos políticos.
Esta organización también responsabilizó directamente al régimen de Ortega y Murillo por el debilitamiento institucional y la violencia represiva, y pidió avanzar hacia una transición con reformas genuinas y elecciones libres.
EFE recordó que la Alianza Cívica actuó como interlocutora del régimen en las negociaciones fallidas de 2018 y 2019, durante la crisis originada por la represión de las protestas de abril de 2018.
Desde entonces, Nicaragua sufrió un incremento de la represión, el cierre de espacios civiles y la restricción de derechos fundamentales, lo que agudizó el aislamiento y la presión económica internacional.
Las alertas sobre el impacto de perder el DR-Cafta, compartidas por organizaciones opositoras en declaraciones, insisten en el riesgo inmediato para sectores productivos y trabajadores. Destacan que la permanencia de Nicaragua dentro del tratado es esencial para preservar oportunidades laborales y evitar el aumento del deterioro social.
(Con información de EFE)
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