La oposición chilena hará juicio político al Ministro de Energía por error en el cobro eléctrico

Diego Pardow descartó renunciar luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectara que por dos años la cuenta de la luz fue más alta de lo legal

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Pardow sostuvo que su dimisión
Pardow sostuvo que su dimisión “es algo que le corresponde al Presidente de la República”.

Las bancadas de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Republicano (PR) anunciaron este miércoles una Acusación Constitucional (AC) en contra del Ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) revelara un error en el cobro eléctrico que por dos años elevó la cuenta de la luz por sobre los límites que establece la ley.

Y aunque la propia CNE aseguró que se trata solo de un informe preliminar que da cuenta de un “error metodológico” y que desde enero del próximo año las cuentas bajarán en un 2%, desde la UDI aseguraron que ello “no exime de responsabilidad al Gobierno”, cuya cartera de Energía es precisamente la encargada de emitir los decretos tarifarios en dicha materia.

De acuerdo al secretario general de la UDI, diputado Juan Antonio Coloma, la AC contra Pardow se configura “por haber su ministerio firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas, por un error metodológico o de cálculo. Esta situación gravísima afecta al bolsillo de los chilenos (...) Estamos acostumbrados a que en este gobierno, nadie nunca asume ninguna responsabilidad”, fustigó.

De la misma opinión fue el republicano Benjamín Moreno, miembro de la Comisión de Energía de la Cámara, quien sostuvo que el ministro “debiese dar un paso al costado por la gravedad de los errores cometidos. Esto no es solamente un problema en las cuentas de la luz: este es un problema que va muchísimo más allá, con problemas en la inflación y en tantos otros bienes de la economía que se pueden ver afectados por una negligencia de esta magnitud”, indicó.

Incluso parlamentarios oficialista apoyaron la moción, tal como lo señaló el socialista Marcos Ilabaca, quien calificó todo el asunto como “escandaloso”.

“Creo que existe responsabilidad política y alguien debe responder. Lamentablemente, el ministro Pardow, de quien tengo la mejor opinión, hoy está a cargo del Ministerio de Energía y le corresponde a él dar respuestas políticas. Yo esperaría que dé un paso al costado”, emplazó.

El secretario general de la
El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que "estamos acostumbrados a que en este gobierno, nadie nunca asume ninguna responsabilidad”.

Ministro descarta renuncia

Las reacciones no se hicieron esperar y por la tarde, el Ministro de Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que la AC en contra del ministro “no contribuye en absoluto a lo que se necesita”. Esta jornada, el propio Pardow descartó renunciar a su cargo, a la salida del encuentro Summit Transformación Energética 2025.

“Es algo que le corresponde al Presidente de la República”, dijo sobre su posible dimisión. “No me corresponde realizar ese análisis. Soy un ministro de Estado y, por lo tanto, tengo un rol institucional”, agregó.

Pardow agregó que por ahora está abocado a “ordenar la casa” y a “implementar lo antes posible esta disminución en las tarifas que corrige la diferencia metodológica”, aunque se allanó a aceptar las responsabilidades políticas que le corresponden como la máxima autoridad competente al respecto.

“Esto no se hace por gusto personal, ni por ganas. Es un trabajo y una responsabilidad del más alto nivel”, remató.

La Acusación Constitucional es una
La Acusación Constitucional es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.

¿Qué es una Acusación Constitucional?

La AC es un juicio político cuya atribución exclusiva la tiene la Cámara de Diputados, dirigida contra las más altas autoridades del país -desde ministros de Estado, pasando por gobernadores, magistrados, delegados presidenciales, altos miembros de la FF.AA e incluso el contralor general de la República-, que hayan incumplido la Constitución vigente en el ejercicio de su función pública.

Así, el Senado actúa como jurado para determinar si la autoridad es culpable mediante el voto de dos tercios de los senadores en ejercicio. De ser hallado culpable, el funcionario en cuestión es removido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.

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