Líderes indígenas de la provincia de Imbabura y representantes del gobierno decidieron el miércoles poner fin a las protestas indígenas que paralizaron durante 24 días el norte de Ecuador en contra del incremento del precio del diésel.
Tras cinco horas de negociaciones, los dirigentes indígenas exigieron al gobierno sanción para los responsables de la muerte de dos manifestantes, apoyo para atender a los heridos, archivo de las causas judiciales en contra de los líderes comunitarios, el establecimiento de mesas técnicas para atender las necesidades de los pueblos de esa zona y la salida de policías y militares que llegaron a esa provincia en los últimos días.
Manuel Catucuango, ex presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, dijo en una rueda de prensa que “pensando en la población hemos decidido que hoy vamos a retirarnos a nuestros territorios”, donde los participantes en las movilizaciones de los últimos días se mantendrán en asamblea permanente para dar seguimiento a los acuerdos.
El interlocutor del gobierno, el ministro del Interior, John Reimberg, aseveró que “hemos llegado a lo que han visto, se levanta el paro, se abren las vías” y “vamos a trabajar para el abastecimiento de la provincia y atender las necesidades que tiene”.
“Vamos a trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir”, somos un país de paz”, añadió el funcionario.
A las negociaciones no fueron convocados los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que llamó a un paro nacional con cortes de caminos. Esta organización aún no se ha pronunciado, por lo que se desconoce el alcance de la medida.
El sacerdote Christian Andrade, veedor del acercamiento, dijo a medios locales que entre las demandas indígenas estuvo terminar la represión, la liberación de los detenidos de la víspera y que 12 indígenas detenidos anteriormente, acusados de terrorismo, sean trasladados a una cárcel de Imbabura.
En un primer acercamiento anoche entre autoridades y algunos dirigentes se acordó liberar a una decena de manifestantes apresados en Otavalo, epicentro de las protestas que se encuentra a 60 kilómetros al norte de la capital, lo que permitió una tregua y abrir la mesa de negociación que se cumple esta jornada, confirmaron dirigentes indígenas.
La reunión fue posible luego de los enfrentamientos de cientos de manifestantes con efectivos de la policía y fuerzas armadas, que, de acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dejó al menos 50 heridos, algunos de gravedad, y 31 detenidos.
Los manifestantes de Imbabura bloquearon importantes carreteras, incluida la Panamericana, en rechazo a la eliminación de un subsidio estatal que ocasionó que el precio del diésel subiera de 1,80 a 2,80 dólares cada galón. En el resto del país y en las ciudades grandes estas protestas pasaron casi inadvertidas.
La dirigencia indígena ha señalado que los brotes de violencia y ataques de los que les acusa las autoridades son causados por infiltrados que buscan deslegitimar la protesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó el martes a las autoridades a “establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino” con los manifestantes, e indicó que tomó nota de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad y también de los protagonistas de las manifestaciones.
Las protestas en el marco del paro indígena dejaron un muerto, decenas de heridos —entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad— y cerca de 140 detenidos, hasta la víspera. La cifra no fue actualizada por las autoridades. Organizaciones de derechos humanos denunciaron una segunda víctima mortal, a la cual identificaron como el indígena José Guamán.
El gobierno defiende la eliminación del subsidio con el argumento que es necesaria para contrarrestar el contrabando del combustible, el cual permeaba por las fronteras con Colombia y Perú, y asegura que ahora los recursos se destinarán directamente a zonas necesitadas.
(Con información de AP)
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