Chile: un informe arrojó que el Estado contrató más de 9 mil funcionarios en un año

Un informe elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que el Estado chileno contrató unas 9.400 personas entre septiembre de 2023 y 2024, partiendo desde la presidencia, pasando por sus ministerios y delegaciones regionales y finalizando en las distintas municipalidades a lo largo del país.

De acuerdo a la estadística, presentada este lunes, durante dicho periodo el número de estatales creció de 832.211 a 841.613, es decir, en exactamente 9.402 funcionarios, de los cuales 449.443 corresponden a los organismos centrales (53%) y 392.170 a los municipios (47%).

Los números revelaron que el aumento en el número de trabajadores se dio exclusivamente en la Administración Central, mientras que en las municipalidades fueron a la baja, tal como explicó la presidenta del CPLT, Natalia González, en conversación con Radio Bío Bío.

De acuerdo a González, el estudio arrojó “un incremento respecto de la fiscalización que habíamos hecho el año pasado. Esto incluye 752 organismos del Estado, 407 de la Administración Central y los 345 municipios, y nos arroja una diferencia positiva: hay 9.400 empleos más este año”.

“La Administración Central es la que se lleva la proporción más grande de este incremento. De hecho, los municipios, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, disminuyen el personal contratado”, detalló.

La mandamás del organismo fiscalizador alertó que “lo que nos aparece es que el tipo de contratación que más aumentó es la contrata, que concentra más menos el 57% de la contratación en el sector público (...) lo que es curioso ahí, por decir algún calificativo, es que el estatuto administrativo dice que la contrata no puede exceder a una cantidad equivalente al 20% del personal de planta, y la verdad es que casi todos los organismos están pasados en esa proporción”.

La presidenta del CPLT desgranó las cifras mostrando que las instituciones que “acumulan una mayor cantidad de personas del Estado son la Fundación Integra y la Junji (ambas orientadas al cuidado infantil); la Corporación Nacional Forestal (Conaf); el Servicio de Salud de La Araucanía y el Hospital Sótero del Río”, ubicado en Santiago.

Así las cosas, González insistió en la imposibilidad del CPLT para detectar si el aumento de estatales corresponde a operadores políticos y aseguró que “tienen que entrar otros organismos, como la Contraloría General de la República (CGR), a indagar si este aumento en la cantidad de personal corresponde necesariamente a brindar una mejor calidad de servicio o no”.

Debido a esto, las conclusiones del informe del CPLT serán remitidas a la CGR y a la Dirección de Presupuestos (Dipres), entes que también elaboran su propia estadística al respecto.

Cabe señalar que a fines de septiembre, el Ministerio de Hacienda, a través de su Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, entregó un informe con 34 recomendaciones “necesarias” para disminuir la carga eraria fiscal, dos de las cuales causaron una álgida discusión y el rechazo total de los gremios de estatales: congelar el número de empleados públicos y también sus sueldos, a fin de ahorrar unos $856.535 millones anuales (USD 903 millones).

Ello, puesto que de acuerdo a un estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián (USS), el número de estatales en Chile aumentó un 57% en los últimos 10 años, a la vez que sus sueldos lo hicieron en un 50%.