La amenaza del crimen organizado sobre la democracia en América Latina fue el eje central del foro celebrado en Estados Unidos, donde expertos y líderes políticos analizaron el avance de las mafias y su impacto en la región.
“El crimen organizado es la peor amenaza para la democracia. Tenemos carteles de drogas en Colombia y en Venezuela que han matado a miles de estadounidenses y me complace que el gobierno esté combatiendo a estos terroristas”, afirmó Carlos Giménez, congresista de los Estados Unidos, en declaraciones recogidas por Infobae.
El fenómeno de la convergencia criminal y la penetración de las mafias en las estructuras estatales fue abordado por Douglas Farah, investigador internacional, quien señaló: “La primera vez que vimos una estructura criminal organizada fue en la época de Pablo Escobar que intentó ingresar en la política para corromperla, con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y del socialismo bolivariano, que tomó lugar no sólo en Venezuela sino, en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales, etc.”, según sus palabras.
Farah advirtió que “esta es la primera vez que estamos viendo el establecimiento de diferentes mafias operando en Latinoamérica”, y subrayó el caso de Santiago del Estero en Argentina, y lo describió como “un punto clave para mover el litio y las drogas de forma ilegal hacia Bolivia, Uruguay, Brasil, etc.”.
Además, denunció que “Santiago del Estero es una de las provincias que más recursos recibe del Estado en Argentina, pero esos recursos no se traducen en beneficios económicos para las personas, ya que tiene uno de los índices más altos de pobreza. Por otro lado, el gobernador ordenó construir un increíble estadio de fútbol, que nadie usa y es parte del lavado de dinero de la corrupción y el narcotráfico”.
La debilidad institucional y la concentración de poder en ciertas provincias argentinas fue analizada por Carlos Gervasoni, de la Universidad Torcuato Di Tella, quien explicó: “Argentina es una democracia federal como los EEUU, tiene provincias muy poderosas en la que los gobernadores pueden hacer lo que quieran sin la necesidad del permiso del gobierno nacional”.
Gervasoni detalló que “hay algunas que son muy democráticas como Mendoza, Córdoba, etc, pero hay otras más pequeñas que, a pesar de tener una estructura democrática como elecciones, son autoritarias. Hay gobernadores que jamás pierden elecciones en procesos irregulares, la mayoría de estos casos son del partido peronista, donde se ven casos de nepotismo, donde no hay libertad de prensa, eligen sus propios jueces y congresistas que les benefician políticamente”.
El impacto transnacional del narcotráfico y su vínculo con organizaciones terroristas fue expuesto por Juan C. Zárate, director de Integridad K2, quien relató: “Tengo la experiencia de ver cómo Hezbollah se aprovechó de los beneficios europeos para inundar el continente con drogas, sacando las drogas desde Latinoamérica, lavando el dinero en EEUU y Canadá y llevándose las ganancias para su estructura terrorista”.
Zárate enfatizó la necesidad de “desarrollar estrategias para contrarrestar todas las actividades ilícitas, usando las nuevas tecnologías, apoyando las voces que se alzan contra él con narcotráfico. Este tipo eventos son un ejemplo de eso, tenemos la misión de democratizar las herramientas para perseguir la corrupción”.
La experiencia de Medellín y los riesgos actuales para la democracia colombiana fueron abordados por Juliana Velásquez Rodríguez, directora general de ProAntioquia Medellín, quien recordó: “En 1991 Medellín era la ciudad más peligrosa de Latinoamérica, grupos organizados terroristas y narcotraficantes asesinaron ciudadanos civiles y de las fuerzas policiales para expandir sus actividades ilícitas”. Velázquez Rodríguez advirtió que “en años recientes hemos sido víctimas nuevamente de corrupción y populismo, amenazando años de trabajo para cambiar nuestro pasado oscuro, la democracia colombiana está en riesgo”, y alertó que “los líderes populistas están amenazando la estabilidad de Colombia y de la región”.
El caso venezolano fue analizado por Beatriz Rangel, ex jefa de gabinete de Venezuela, quien sostuvo: “Mientras que Colombia y México son los mayores productores de drogas no pueden ser considerados narcoestados. En el caso de Venezuela, el autoritarismo que impera allí facilita el tránsito ilícito de narcóticos”.
Rangel identificó como factores clave “el descontento de los venezolanos con las estructuras democráticas”, la responsabilidad de “las élites económicas” en el aumento de la pobreza y “la fragilidad de las instituciones democráticas”. Además, afirmó que “Hugo Chávez fue uno de los mayores responsables de la corrupción y el autoritarismo con su discurso de reivindicador de los pobres y su preparación militar”, y denunció que “el régimen chavista usó su estructura militar y sus gobernadores para permitir la formación de bandas criminales, tráfico de drogas y crear un estado narcoterrorista”.
La situación en Bolivia fue descrita por Eduardo Gamarra, profesor de la UIF Bolivia, quien aseguró: “Bolivia se ha convertido el centro global de la coca a nivel mundial. Por suerte la estructura autoritaria del país está muriendo con las próximas elecciones presidenciales”.
Gamarra precisó que “90% de la coca que se produce en Bolivia termina convertida en cocaína”, y que “Santa Cruz se ha convertido en un lugar seguro para las organizaciones ilícitas que negocian con el tráfico de las drogas”. El académico planteó que “la próxima administración, bien sea Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, tiene la gran responsabilidad de combatir este flagelo, trabajando mano a mano con instituciones internacionales. Esto no es una utopía, Bolivia tiene que convertirse en el centro de combate internacional contra el tráfico de las drogas”.
En el caso ecuatoriano, Ivonne Bakí, ex embajadora de Ecuador, señaló: “Uno de los peores problemas que empezó a enfrentar el Ecuador fue gracias a la llegada de Rafael Correa al poder, eliminó las visas de ingreso, pero lo peor fue su apertura al narcotráfico”.
Bakí hizo un llamado: “Tenemos que unirnos para acabar con este flagelo, antes de que sea demasiado tarde, porque si ellos tienen acceso a las nuevas herramientas tecnológicas, se imaginan el daño que pueden hacer”.
La expansión del crimen organizado en Chile fue descrita por Ricardo Israel, ex candidato presidencial, quien afirmó: “Las estructuras del crimen organizado están tomando la ventaja en Chile”.
Israel advirtió que “el sicariato es parte hoy de la historia de Chile, junto con los secuestros. Chile se ha convertido en una ruta para trasladar la droga de Bolivia y Perú a Europa. Tenemos que fortalecer nuestras fronteras del norte para evitar el ingreso de grupos irregulares”.
El análisis regional fue profundizado por Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, quien describió: “Esta es la realidad de Latinoamérica, la región del Catatumbo es una zona de combate entre las FARC y el ELN por el control de la droga de la zona. Lo mismo pasa en el Ecuador, recordemos el asesinato del candidato presidencial por su interés en combatir el narcotráfico”.
Schamis subrayó que “Latinoamérica es la región más violenta del mundo, antes decíamos Colombia, Medellín, pero no, es toda la región”.
Durante el foro, Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, advirtió que el narcotráfico representa la mayor amenaza para la democracia en la región, identificando cuatro factores clave: la expansión de los cárteles tras la ofensiva de Felipe Calderón en México, la diversificación de sus actividades ilícitas, la imposición de la violencia como método de control, la penetración en la política y la legalización progresiva de sus negocios.
Santos subrayó la llegada de mafias extranjeras, como Hezbollah, y la apertura de Venezuela a organizaciones criminales rusas, lo que ha facilitado la consolidación de narcoestados.
En este sentido, señaló que Venezuela permite la operación libre de grupos como el Cartel de los Soles, creado por Hugo Chávez hace dos décadas, y que en México los narcotraficantes han llegado a influir en la designación de gobernadores, acercando al país a la condición de narcoestado.
Jamil Mahuad, ex presidente de Ecuador, aportó datos sobre la producción y el tráfico de drogas en la región, afirmando que el 90% de la droga consumida a nivel mundial se produce en Colombia, Bolivia y Perú, y que Ecuador se ha convertido en un punto de salida estratégico para estos cargamentos. Mahuad criticó la política de Rafael Correa, quien definió el problema de las drogas como un asunto de salud pública, cuando, según Mahuad, se trata de un desafío de seguridad nacional.
Por su parte, Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, contextualizó el auge del narcotráfico en la región a partir del incremento del consumo de cocaína en Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 1990, lo que llevó a la administración de Ronald Reagan a declarar la guerra contra las drogas.
Pastrana explicó que este aumento en la demanda generó un negocio lucrativo para los cárteles de Medellín y Cali, liderados respectivamente por Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Según Pastrana, la influencia de estos grupos criminales penetró en la justicia, la política y la economía, provocando una ola de crímenes y asesinatos, y recordó que tres ex presidentes fueron asesinados y que él mismo es uno de los dos únicos sobrevivientes a los secuestros de Pablo Escobar.
A pesar de la ayuda de Estados Unidos para combatir los cárteles, las guerrillas se fortalecieron al involucrarse directamente en el negocio de la droga.
Pastrana relató que esta situación lo llevó a presentar el Plan Colombia a Estados Unidos y Europa, una iniciativa que aportó recursos para fortalecer las fuerzas de seguridad y contrarrestar el narcotráfico. Sin embargo, advirtió que el consumo de cocaína ha crecido en Europa, América Latina, Asia y África, lo que exige una respuesta global. Propuso un Plan Colombia 2.0, financiado no solo por Colombia y Estados Unidos, sino también por Europa y Asia, en calidad de consumidores crecientes. Pastrana alertó que los narcotraficantes han reducido los precios de la cocaína para estimular el consumo y que el siguiente objetivo es transformar a Colombia en un narcoestado, como ya ocurrió con Venezuela.
Luis Almagro, ex secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), centró su intervención en los ataques a la democracia, que identificó en la cooptación de los poderes públicos y la restricción de la libertad de expresión. Almagro destacó que América Latina es la región más peligrosa para los periodistas, y que el crimen organizado constituye uno de los principales problemas, facilitado por la corrupción que permite su infiltración en la política y la operación con impunidad. Almagro sostuvo que las políticas de paz suelen beneficiar a los narcotraficantes y no a la ciudadanía, y señaló a Cuba, Nicaragua y Venezuela como los regímenes más solidarios con el crimen organizado.
Afirmó que Cuba fue el primer narcoestado de la región, y que aunque es difícil que la cocaína pase físicamente por la isla, todos los actores asociados al crimen organizado, como las FARC, el ELN y Venezuela, mantienen vínculos con el régimen cubano. Almagro concluyó que es necesario erradicar las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Carlos Sánchez Berzaín, del Instituto Interamericano para la Democracia, agradeció a los participantes y sintetizó el eje de confrontación actual en la región como una disputa entre el crimen y la democracia.
Sánchez Berzaín recordó que, en el pasado, solo existía una dictadura en la región, la de Cuba, pero que la llegada de Hugo Chávez extendió el modelo autoritario bajo el lema del socialismo del siglo XXI, permitiendo la cooptación del poder por parte del crimen organizado.
Según Sánchez Berzaín, Venezuela, Nicaragua y Cuba se han convertido en narcoestados y la región enfrenta una guerra híbrida que utiliza el narcotráfico, la migración forzada y la agitación social para socavar la democracia desde dentro.
Anticipó que 2025 será recordado como un año de cambio geopolítico debido a las políticas de Estados Unidos para identificar a los enemigos, entre los que incluyó a pandillas, cárteles y redes de narcotráfico. Sánchez Berzaín advirtió que el adversario de la democracia latinoamericana tiene rostro político y se presenta bajo la bandera del socialismo del siglo XXI, aunque en realidad se trata de organizaciones criminales.
El vínculo entre crimen organizado, autoritarismo y geopolítica fue abordado por Robert Ellis, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, quien sostuvo: “El crimen organizado es la peor amenaza para la democracia y la humanidad, sus actividades ilícitas como el narcotráfico asesinan a miles de personas como lo vemos con el Tren de Aragua”, según declaraciones.
Ellis explicó que “el descontento por las democracias corruptas, le abrió las puertas a regímenes autoritarios que usaron las plataformas democráticas para hacerse con el poder como fue el caso de Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia o Correa en Ecuador”, y advirtió que “estos regímenes criminales le abrieron las puertas a otros regímenes como el iraní, el chino y el ruso para con los recursos de estos países para fines ilícitos”.
La reciente decisión de la Casa Blanca de clasificar al Cartel de los Soles como organización terrorista ha redefinido la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica, situando a las redes criminales como amenazas directas a la estabilidad democrática regional. Este cambio, sustentado en criterios de seguridad nacional, ha impulsado respuestas y ajustes en las políticas de países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, mientras que ha generado resistencia en los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, identificados con el llamado “Socialismo del Siglo XXI”.
En este contexto, el Interamerican Institute for Democracy, en colaboración con Infobae, la Universidad Austral y el Centro Latinoamericano y del Caribe de la Florida International University, ha convocado al foro “Crimen Organizado y Democracia en América Latina”, que se celebró este 9 de octubre en el salón 200 del Centro de Visitantes del Capitolio de EEUU. en Washington D.C.. El evento fue transmitido en vivo en inglés, con traducción simultánea al español, a través de Infobae y el canal de YouTube del Interamerican Institute for Democracy.
La sección dedicada a los estadistas de las Américas fue moderada por Román Lejtman de Infobae.
El Interamerican Institute for Democracy y sus miembros han advertido desde hace años sobre la consolidación del poder político por parte del crimen organizado en Latinoamérica, una preocupación que se ha intensificado tras el reciente giro en la política exterior estadounidense. La identificación pública de organizaciones como el Cartel de los Soles en Venezuela se ha convertido en uno de los ejemplos más notorios de la convergencia entre estructuras criminales y gobiernos autoritarios.
La transmisión en vivo del evento permitió que una audiencia internacional accediera en tiempo real a los análisis y conclusiones de los especialistas, quienes evaluaron el presente y el futuro de la democracia latinoamericana frente al avance del crimen organizado.
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