El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes que se registraron al menos 212 acciones represivas en septiembre en Cuba contra la población civil, de las cuales 39 fueron detenciones arbitrarias.
“Desde enero, ya son 2.462 acciones represivas con el fin de impedir o limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. De estas, 461 fueron detenciones arbitrarias. En septiembre, el régimen cubano profundizó la penalización de la libertad de expresión en redes sociales y en la manifestación pacífica", afirmó la ONG en un informe enviado a Infobae.
Respecto al mes pasado, el reporte explicó que la mayoría de las detenciones arbitrarias de corta duración -fueron 27- estuvieron relacionadas con la manifestación pacífica en Gibara, Holguín, el 13 de septiembre, donde los vecinos salieron a las calles con gritos de reclamo como: “¡Corriente y comida!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “¡Libertad, libertad!”.
“Ha sido un mes negro para la libertad de expresión debido a las condenas y juicios. El régimen quiere infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones”, indicó el OCDH.
Entre las principales violaciones se cuentan sitios de viviendas de activistas, juicios sin garantías, abusos contra presos, hostigamientos y amenazas. Se reportaron 38 denuncias realizadas por presos políticos, presos comunes y sus familiares.
La Habana, Holguín y Granma fueron las provincias con mayor cantidad de acciones represivas.
“Hemos conocido la sentencia contra Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero, a quienes condenaron a 14 y 13 años de cárcel, respectivamente, por ‘propaganda contra el orden constitucional’ y ‘otros actos contra la seguridad del Estado’. Y por ‘propaganda contra el orden constitucional’ a Félix Daniel Pérez Ruiz (cinco años) y a Cristhian de Jesús Peña Aguilera (cuatro años). Todo por compartir en las redes sociales la convocatoria a una manifestación pacífica que de hecho no se realizó”, recordó el Observatorio.
Por otro lado, el informe mencionó la condena contra Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, a cuatro años y seis meses de privación de libertad por los supuestos delitos de “desobediencia” y “atentado” por filmar con su celular una fila.
“Todo el proceso judicial ha estado lleno de violaciones a los derechos humanos y la sentencia es una farsa aunque a la vez deja al descubierto la actuación ilegal y desproporcionada del agente de la policía política que atacó a Duque de Estrada Ferrer“, sostuvo el OCDH en un escrito enviado a Infobae. El organismo aseguró que se trató de una “actuación arbitraria”.
El incidente ocurrió el 5 de septiembre de 2024, cerca del mediodía, según la descripción oficial contenida en la sentencia. Duque de Estrada Ferrer se encontraba filmando una concentración de personas esperando para comprar gas licuado en un barrio de Santiago de Cuba.
De acuerdo al relato judicial, sus acciones “fueron advertidas por el oficial operativo de la contrainteligencia Mario Raciel Soulary Garcés“, quien se identificó como militar y lo instó a cesar la grabación y guardar el teléfono.
La sentencia describe que, al aparentemente no obedecer la orden de entregar su documento de identidad, Duque de Estrada Ferrer fue conducido por la fuerza hasta un mercado cercano, donde finalmente cedió su identificación. Allí se habría producido un forcejeo en el que, según la versión oficial, el acusado golpeó al agente “sin ulteriores consecuencias” y arrojó su teléfono al suelo, lo que llevó al oficial a utilizar una maniobra de neutralización.
“Es una costumbre que estos agentes intervengan con represión violenta y después se hagan las víctimas“, sostuvo el OCDH; al tiempo que enfatizó en que el uso de la fuerza resultó desproporcionado y la intervención del oficial careció de base legal, ya que “las fuerzas militares no deben ser utilizadas para tareas de seguridad pública que corresponden a la policía civil, a menos que existan circunstancias excepcionales y claramente definidas”.
En otro orden, en Bayamo, el Tribunal Municipal impuso sanciones a 15 ciudadanos por su participación en las protestas del 17 de marzo de 2024. Las sentencias fueron de entre tres y nueve años de cárcel por los supuestos delitos de “desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir”.
Por último, el mes pasado también se realizó el juicio contra el intelectual José Gabriel Barrenechea Chávez, injustamente detenido desde noviembre de 2024.
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