El gobierno de Ecuador revocó la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, liderado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM).
El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica comunicó la revocatoria, sustentando que informes técnicos de la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura de Azuay advirtieron riesgos para la seguridad hídrica de la capital provincial y de áreas rurales circundantes. Ambas entidades, responsables del aprovisionamiento de agua y la gestión de riego, concluyeron que la mina amenazaba la disponibilidad del recurso.
El yacimiento se encuentra a unos 30 kilómetros de Cuenca, dentro del ecosistema altoandino de Quimsacocha. Esta zona, famosa por sus lagunas y su crucial rol en el suministro de agua dulce a miles de habitantes del sur ecuatoriano, podría verse afectada, según los informes, por las actividades de extracción minera, lo que generó la reacción de autoridades y la movilización de la ciudadanía.
La licencia ambiental había sido otorgada el 23 de julio pasado, luego de efectuarse un proceso de consulta ambiental con las comunidades afectadas de manera directa. Posteriormente, tras los reportes municipales y provinciales, el gobierno nacional anuló la autorización, respaldándose en la normativa y en las competencias legales de ambas instituciones para proteger los recursos hídricos.
El Ministerio subrayó que la medida responde a las recomendaciones técnicas y enfatizó que los informes presentados son responsabilidad exclusiva de quienes los emitieron.
El proyecto Loma Larga contemplaba una inversión de USD 400 a 500 millones, destinada a la construcción de una mina subterránea con reservas estimadas en aproximadamente 925.000 onzas de oro, además de plata y cobre en menor proporción. La adquisición del proyecto por DPM data de 2021, con planes de una vida útil de 12 años y una producción media de 200.000 onzas de oro anuales durante los primeros cinco años.
El área de Loma Larga integra un ecosistema de más de 3.200 hectáreas de páramo y lagunas de Quimsacocha, componente esencial para el almacenamiento y distribución natural de agua en el sur del país. La conservación de este sistema ha impulsado debates y consultas públicas en Azuay, donde predomina el rechazo al avance minero.
A su vez, en los últimos meses, la oposición se manifestó mediante protestas y acciones legales promovidas por comunidades indígenas y movimientos ambientalistas.
El proceso estuvo marcado por controversias. El gobierno de Daniel Noboa otorgó la licencia tras cumplir los requisitos legales, pero más tarde suspendió la actividad y exigió a la empresa un plan ambiental adicional, para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional.
La alcaldía de Cuenca, presidida por Cristian Zamora, celebró la decisión: “Ese proyecto minero iba a causar una contaminación irreversible para Cuenca, atentando al agua que normalmente hay y que evidentemente iba a ser mucho menos”, afirmó.
La empresa DPM Metals, actual titular del proyecto, no respondió inmediatamente. En anteriores ocasiones, defendió la aplicación de altos estándares internacionales para evitar impactos negativos, pero estos argumentos no lograron revertir la oposición local e institucional.
(Con información de EFE y Reuters)
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