El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta estrictas medidas judiciales en el marco de uno de los procesos más relevantes de la política reciente del país.
Este jueves, su defensa presentó ante la Corte Suprema un nuevo pedido para atenuar las medidas cautelares, centrándose especialmente en el acceso al derecho de defensa.
Según reportó la agencia EFE, solicitan permitir a Bolsonaro mantener comunicaciones telefónicas con sus abogados, ya que se encuentra bajo prisión domiciliaria en Brasilia, sin acceso a teléfono ni redes sociales, situación que su equipo legal considera un serio obstáculo a sus garantías procesales.
El pedido fue dirigido al juez Alexandre de Moraes, relator de la causa en la Corte Suprema, e insiste en que la prohibición de comunicación remota dificulta la elaboración de estrategias defensivas y encarece la labor de los abogados, la mayoría con residencia en São Paulo, a aproximadamente 1.000 kilómetros de distancia de la capital federal.
Como detalló O Globo, hasta ahora la única vía de contacto autorizada es presencial y depende de autorización judicial previa, lo que restringe la frecuencia de consultas necesarias para la evolución del proceso.
En respaldo a esta solicitud, señalaron la imposibilidad de usar plataformas digitales, debido a que las medidas cautelares impuestas incluyen la prohibición concreta de celulares y el embargo de dispositivos electrónicos propiedad del exmandatario. En la petición, los abogados afirmaron que estas restricciones generan una “limitación” y un “perjuicio al amplio derecho de defensa”, frases recogidas por el medio local Terra.
Sumado al pedido de habilitación telefónica, los representantes legales reclamaron la revocación total de la prisión domiciliaria, considerada la medida de mayor impacto sobre el exjefe de Estado.
Esta restricción fue dispuesta por el Supremo al inicio de mayo, luego de constatar que Bolsonaro había incumplido prohibiciones previas, principalmente la de manifestarse por medio de terceros en redes sociales.
El conjunto de limitaciones judiciales se da en un marco de creciente presión legal sobre Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por actos golpistas. La sentencia, anunciada el mes pasado, responde al intento de revertir de manera ilícita el resultado de los comicios presidenciales de 2022, cuando fue derrotado por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
En paralelo a este pedido, sectores afines al bolsonarismo impulsan en el Parlamento un proyecto de ley para debatir la amnistía de Bolsonaro y de cerca de 1.500 procesados por los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes ocuparon las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo en Brasilia.
El futuro inmediato de Bolsonaro dependerá de la decisión de la Corte Suprema sobre la posibilidad de flexibilizar las condiciones de su defensa y revisar la prisión domiciliaria. Mientras tanto, sus abogados aguardan la resolución del tribunal y la publicación íntegra del fallo para avanzar con la siguiente fase de la estrategia legal.
La resolución judicial sobre las restricciones marcará un punto de inflexión en su estrategia de defensa y en el clima político de Brasil, mientras persiste la tensión entre sectores afines al exmandatario y las instituciones encargadas de preservar el orden democrático.
(Con información de EFE)
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