Tres ex funcionaros públicos fueron aprehendidos este martes en La Paz, Bolivia, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en construcción y puesta en marcha de una planta procesadora de papa de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Entre los detenidos figura Franklin Flores, ex gerente de la entidad a quien se acusa por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito vinculados a la construcción de la planta. También fueron detenidos el ex gerente administrativo financiero y la ex analista de obras civiles de la empresa estatal.
La investigación surge a raíz de una denuncia del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que detectó que los ingresos económicos de Flores no guarda relación con el patrimonio declarado ante la Contraloría General del Estado.
El fiscal anticorrupción Johan Muñoz señaló que también se investiga a los colaboradores de Flores en cuyas cuentas bancarias existen montos de dinero que no están acorde al salario que perciben como funcionarios públicos. “Es decir que hay dinero que no es justificado legalmente”, declaró el fiscal Muñoz, citado por los periódicos locales.
Emapa es una entidad estatal creada en 2007 con el fin de fortalecer la producción agrícola y garantizar el abastecimiento interno de alimentos. Su labor se centra en la compra de granos a pequeños y medianos productores, estableciendo precios de referencia que buscan dar estabilidad al sector y, al mismo tiempo, evitar la especulación en el mercado.
La empresa se encarga también de la transformación de productos como trigo, arroz, maíz y soya, que luego son distribuidos a industrias, panificadoras, avícolas y consumidores. De este modo, Emapa tiene un doble objetivo: apoyar a los productores locales y garantizar la seguridad alimentaria, contribuyendo a mantener el acceso a productos básicos a precios justos.
La investigación que se sigue contra los ex funcionarios tiene que ver con la creación de una planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto, inaugurada en septiembre de 2024 con una inversión estatal de 162 millones de bolivianos (cerca de 23 millones de dólares, al tipo de cambio oficial).
La planta fue presentada como un paso hacia la industrialización del tubérculo y la generación de productos derivados. Sin embargo, a poco tiempo de su puesta en marcha surgieron críticas por su bajo nivel de operación.
La administración de Luis Arce reconoció que actualmente funciona en torno al 33% de su capacidad, aunque proyecta elevar ese porcentaje hasta el 80% hacia fines de año. Paralelamente, la planta quedó bajo investigación judicial debido a denuncias de irregularidades en la adjudicación y construcción, que derivaron en los procesos vigentes contra los otros tres ex funcionarios.
Flores, que pasó la noche en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar, se declaró inocente de los cargos que enfrenta. “Tenemos todos los informes técnicos, legales y financieros para demostrar que la planta funciona”, señaló el exgerente cuando era llevado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la sede de Gobierno.
El exfuncionario debe explicar los movimientos económicos que realizó durante sus funciones. Según la Fiscalía, el salario acumulado de Flores, entre 2022 a 2025, llegó a Bs 700.000, pero se detectó un “excedente que no fue justificado” de Bs 209.150, un monto sobre el que hay indicios de corrupción y enriquecimiento ilícito.
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