
El escenario electoral se tensiona en Bolivia con recurrentes ataques a los medios de comunicación y periodistas principalmente por parte del candidato Edman Lara, postulante a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien lanzó críticas contra su integridad ética y profesional.
En un acto público con sus seguidores, Lara manifestó que hay periodistas que manipulan la información para favorecer intereses particulares y criticó la supuesta falta de imparcialidad en la cobertura mediática. El candidato pidió a sus seguidores que “no le hagan caso” a lo que dicen los medios y acusó a algunos periodistas de venderse “a la corrupción”, a quienes dijo que tarde o temprano rendirán cuentas ante la Justicia. Luego de esas declaraciones, un vocero del PDC informó que Lara no daría entrevistas para evitar que sus palabras sean tergiversadas.
Estas actitudes han provocado la molestia de los gremios periodísticos que denuncian que se pretende “intimidar a trabajadores de la prensa poniéndolos bajo sospecha de corrupción sin acreditar prueba alguna” y “evidenciando prácticas de persecución y amedrentamiento” que consideran inadmisibles.
Tras el revuelo causado por sus dichos, el candidato a vicepresidente de Rodrigo Paz pidió disculpas y admitió que se equivocó al haber “generalizado” a la prensa. “Disculpas a los periodistas éticos y responsables, creo por el enojo me dejé de llevar y generalicé, no es bueno generalizar”, justificó.

Lara no es el único que ha lanzado críticas a los medios en esta campaña electoral. Juan Pablo Velasco, el acompañante de fórmula del ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) por la alianza Libre, también cuestionó la ética y credibilidad de los periodistas cuando señaló que hay tiktokers que son más “profesionales, serios, estudiados y éticos” que muchos presentadores de televisión y que tienen más “credibilidad y aceptación”.
En ese contexto, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, considera que la relación del próximo gobierno con los medios puede ser tensa y que “las señales no son positivas en absoluto”. La periodista lamentó que ningún candidato hubiera manifestado preocupaciones por la situación de la libertad de expresión ni de prensa, que están bajo asedio desde hace al menos 20 años con diferentes mecanismos.
De hecho, ningún plan de Gobierno tiene propuestas para garantizar la libertad de prensa ni generar condiciones para mejorar la fiscalización y la transparencia estatal, como podría ser una ley del acceso a la información pública o de regulación de la publicidad gubernamental.
En ese sentido, Maggy Talavera, ex presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, considera que de lejos de vaticinarse avances en el respeto a la libertad de expresión se perfilan retrocesos. La periodista, que ejerce la profesión desde hace 41 años, se declaró “extremadamente preocupada” por esas acusaciones y considera que la relación entre el poder y los medios “va continuar siendo complicada” en el próximo quinquenio.

Los gremios periodísticos demandan que todas las acusaciones se sustenten con pruebas y se canalicen a través del Tribunal de Ética.
Según datos de un estudio de de la ANP, entre 2022 y 2024 se registraron 495 vulneraciones a la libertad de prensa y en el primer semestre de este año se registraron 51 casos en “un clima de hostilidad y violencia sostenida contra periodistas”.
Alanes y Talavera, consultadas por Infobae, expresaron su preocupación porque este tipo de discursos generan animadversión contra los medios, agudizan la polarización y dañan la calidad de la democracia.
Para el periodista e investigador social, José Luis Exeni, si bien hay que garantizar la libertad de expresión como “el bien mayor” en democracia, también urge hacer un proceso de autocrítica en los medios y fomentar la regulación interna. “Gran parte de los medios están polarizados y construyen a la polarización desde sus agendas”, sostuvo en una entrevista con La Razón.
En ese marco, la libertad de expresión se revela como un terreno en disputa: un derecho esencial que puede fortalecerse o erosionarse, según cómo lo administren tanto el poder político como los propios medios. La víctima de esta pulsión entre el poder y la prensa es la ciudadanía, que se priva de información veraz y del derecho a participar en un debate público libre de distorsiones.
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