(Desde San Pablo) Según muchos analistas, esta semana ha comenzado simbólicamente en Brasil la campaña electoral para las presidenciales de 2026, gracias a una serie de giros inesperados que han reescrito la crónica de los últimos meses. El más llamativo ha sido el relativo a las relaciones entre Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, bloqueadas desde hace tiempo en un punto muerto sin salida. A pesar de que ninguno de los dos logró evitar las críticas mutuas ni siquiera durante sus discursos oficiales en el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, bastó un encuentro de menos de un minuto entre ambos entre bastidores para cambiar repentinamente las cartas sobre la mesa. De repente, Trump dijo de Lula que, a pesar de que solo habían hablado durante 20 segundos, “me pareció un hombre muy simpático, nos abrazamos, hay una química excelente. Le caí bien, él me cayó bien. Y yo solo hago negocios con personas que me caen bien”, concluyó. Sus palabras llegaron menos de 24 horas después de las sanciones de su Gobierno en nombre de la ley Magnitsky contra Viviane Berci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, el juez ponente del proceso contra Bolsonaro en el Tribunal Supremo Federal (STF), también sancionado por Washington en agosto por “violar los derechos humanos” de Bolsonaro y las Big Tech. Según las autoridades estadounidenses, la esposa de Moraes, también abogada, estaría vinculada a una empresa familiar que se benefició de las acciones atribuidas al ministro del STF.
El presidente de Brasil también celebró ayer desde Nueva York en una conferencia de prensa el fugaz encuentro con su homólogo estadounidense. “Me alegré de que se desencadenara una ‘química’ entre nosotros”, dijo Lula, anunciando que quería fijar una reunión ‘lo antes posible’ con Trump para superar cualquier malentendido entre los dos países. “Tuve la satisfacción de conocerlo. Lo que parecía imposible se ha hecho posible”, agregó Lula, subrayando la importancia de fortalecer las relaciones con Washington. “Tenemos muchos intereses industriales y tecnológicos en común y es necesario llevar adelante una agenda positiva”, dijo, expresando optimismo para un diálogo directo en el futuro sin límites, salvo que “la soberanía de Brasil no está en discusión, ni con el presidente de Estados Unidos ni con ningún otro jefe de Estado”.
“La buena química entre las personas ayuda a las relaciones entre los dos países”, comentó el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, que también es ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, al margen de un evento en Río de Janeiro. Sin embargo, Alckmin también reiteró que los aranceles del 50% son “injustificables”. Por el contrario, los asesores más cercanos a Lula se muestran cautelosos y temen que se repita una situación como la que se produjo en el Despacho Oval cuando Trump humilló el pasado mes de febrero al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. “Es positivo que haya una reunión, pero hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos”, comentó Celso Amorim, asesor especial de Lula para política exterior.
Según la prensa brasileña, quien impulsó la reunión entre los dos presidentes fue el mundo empresarial, liderado por dos gigantes de la economía del país: la aeronáutica Embraer y la cárnica JBS. Fuentes de Brasilia declararon a Infobae que en la mesa del encuentro por videoconferencia con Trump podría estar el tema de los minerales críticos y la regulación de las Big Tech, mientras que el Gobierno brasileño se mantendrá inflexible en el caso Bolsonaro en el STF. “El interés nacional es preservar la salud de las empresas exportadoras, que generan divisas y miles de puestos de trabajo. Debe prevalecer tanto sobre la retórica electoral en defensa de la soberanía como sobre la presión de los jueces del Tribunal Supremo Federal para que el presidente brasileño siga librando una batalla que es solo suya, a pesar de toda la narrativa en defensa de la democracia. Si quiere tener éxito contra Donald Trump, Lula debe dejar de lado el STF”, escribe Mario Sabino en la página web Metrópoles.

Las declaraciones de Trump no solo han trastocado las cartas del comercio, sino sobre todo las de la política, encendiendo una alarma en el ala bolsonarista. Es cierto que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Eduardo, que desde Estados Unidos, donde reside, ha articulado hasta ahora el duro enfoque de Washington contra Brasil, ha minimizado el cambio de rumbo. “Trump ha hecho exactamente lo que siempre ha hecho”, escribió en sus redes sociales, interpretando las palabras del presidente de Estados Unidos como una jugada calculada. “Lo que se ve es la marca registrada de Trump: se sienta a la mesa de negociaciones cuando quiere, como quiere y en la posición que quiere”, añadió. Sin embargo, según informa Lauro Jardim en el diario O Globo, los líderes del ala bolsonarista en el Congreso creen que Lula podría acercarse al Gobierno de Estados Unidos. Varios representantes de partidos de izquierda han comentado positivamente la noticia en las redes sociales. “Me imagino cómo deben sentirse desesperados los bolsonaristas en este momento. Lula es genial. Me siento orgulloso de estar de su lado”, escribió Lindbergh Faria, líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula en la Cámara. Para Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), “Trump ha reconsiderado su rumbo”. “Nada cambia el futuro de Jair Bolsonaro”, añadió.
Sea cual sea el resultado de la reunión —que, al celebrarse por videoconferencia y con servicio de traducción simultánea, reducirá al mínimo el riesgo de declaraciones impulsivas—, una cosa es segura: Lula, hasta ahora, está sacando partido de este giro inesperado de los acontecimientos de cara a las elecciones presidenciales. Incluso algunos bolsonaristas lo admiten, y han calificado esta semana como “una semana bomba” para su partido. En una segunda vuelta con Bolsonaro, ahora más improbable que nunca, todas las principales encuestadoras brasileñas dan en estos días a Lula en cabeza con alrededor del 47% de la intención de voto frente al 41,7% de Bolsonaro. La adversaria más fuerte contra Lula, según las encuestas, es la esposa del expresidente Michelle Bolsonaro, con un 46,3% frente al 47,7% de Lula. En cuanto a Eduardo Bolsonaro, a quien el PL consideraba en los últimos meses como una posible alternativa a la candidatura de su padre, ha sido nombrado representante del partido en la Cámara, a pesar de vivir en Estados Unidos, precisamente para evitar la anulación de su mandato. Sin embargo, el martes, el presidente de la Cámara, Hugo Motta, del partido Republicanos, bloqueó el nombramiento. Paralelamente, el Consejo de Ética ha abierto un procedimiento que podría llevar a su destitución por comportamientos considerados incompatibles con el mandato parlamentario. A esto se suma la denuncia de la Fiscalía General de la República, que lo acusa de haber presionado a Estados Unidos para que interfiriera en el proceso contra su padre.
Las manifestaciones del domingo pasado también marcaron un punto de inflexión, ya que reunieron a muchos más ciudadanos que las últimas concentraciones bolsonaristas. Miles de personas, no solo militantes del PT, salieron a las calles de todas las ciudades del país ondeando la bandera brasileña, hasta ahora símbolo del bolsonarismo. Esta vez, sin embargo, lo hicieron para decir no al proyecto de ley de amnistía que favorecería al expresidente y, sobre todo, para oponerse a la propuesta de enmienda constitucional para blindar los cargos políticos, votada la semana pasada en la Cámara de Diputados e irónicamente apodada “la PEC de los bandidos”, ya que limita la acción de la magistratura contra los parlamentarios. El núcleo de la propuesta era la reintroducción de la obligación del Tribunal Supremo Federal (STF) de obtener la autorización previa del Congreso para iniciar procedimientos penales contra diputados federales y senadores, norma que ya existía entre 1988 y 2001 y que fue abolida para favorecer la lucha contra la impunidad.
Ayer, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado rechazó por unanimidad la propuesta, enterrando el tema de una vez por todas. Lula salió reforzado, hasta tal punto que durante la conferencia de la ONU en Nueva York anunció que, a su regreso, nombrará ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República a Guilherme Boulos. Ocupará el puesto de Marcio Macedo, quien calificó la decisión de “fuego amigo”. “Lula nunca me habló de esto”, comentó. Muchos en Brasil consideran que la elección de Boulos tiene fines electorales. Joven diputado del partido PSOL, Boulos quedó en segundo lugar en las últimas elecciones a la alcaldía de São Paulo el año pasado, pero sobre todo es uno de los símbolos de la izquierda radical y es famoso por liderar movimientos de ocupación popular en San Pablo. El ministerio que dirigirá tiene la función de dialogar precisamente con los movimientos sociales. “La idea del presidente es que Boulos se ocupe también de la gestión de las movilizaciones sociales en la campaña de 2026”, escribe Vera Rosa en el diario O Estado de São Paulo. Por lo tanto, Lula está pensando en una campaña más radicalizada, como demuestran también las declaraciones de uno de sus antiguos ministros y asesores de larga data, José Dirceu. “Debemos darnos cuenta de que para cambiar este país hay que cambiar el Congreso Nacional”, dijo durante la manifestación del domingo pasado en Río de Janeiro, proponiendo así una línea dura contra el bolsonarismo y la oposición.

Mientras tanto, el proyecto de ley de amnistía se ha enriquecido con nuevos capítulos. Ha aparecido en escena el expresidente de la República Michel Temer, que ha intentado negociar con el STF una amnistía light, es decir, penas más leves para los condenados por las invasiones de los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023. Junto a Temer se unieron a la negociación Decio Neves, del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), y Paulinho da Força, del partido Solidariedade. Juntos elaboraron una nueva versión del proyecto de ley, rebautizada ahora como “de la dosificación”, porque sustituye la amnistía “plena, general e irrestricta” que querían los bolsonaristas por penas más leves. Mientras que el ponente del proyecto de ley, Paulinho da Força, ha propuesto una reducción de hasta 11 años en las penas de los condenados, lo que permitiría a Bolsonaro permanecer solo 1 año y 7 meses en arresto domiciliario, los parlamentarios del Partido Liberal se muestran contrarios. Mientras tanto, el debate del proyecto de ley en el Congreso se aleja cada vez más, tanto por la oposición del PT como por las sanciones contra la esposa de Moraes, que han enfriado cualquier diálogo con el STF.
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