Ecuador anunció esta semana una nueva estrategia nacional para eliminar la transmisión materno–infantil del VIH y la sífilis en el país hasta 2030. La iniciativa, presentada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) se inscribe en el marco de los compromisos globales asumidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para erradicar estas formas de contagio. El plan contempla un trabajo coordinado entre instituciones estatales, organismos internacionales y las fuerzas de seguridad con el objetivo de alcanzar generaciones libres de VIH y sífilis congénita.
El anuncio se produce en un contexto de progresos verificables. Datos oficiales muestran que los casos de transmisión de madre a hijo se redujeron de 15 en 2021 a 5 en 2024. Aunque la cifra representa un descenso significativo, el Gobierno considera necesario redoblar esfuerzos para alcanzar la meta de cero transmisiones en el plazo de cinco años. Autoridades sanitarias señalaron que el éxito de este tipo de políticas depende de mantener la detección temprana y el acceso universal a los tratamientos, dos factores que han demostrado ser determinantes para cortar la cadena de transmisión.
El viceministro de Gobernanza de la Salud, Bernardo Darquea, explicó que el 90% de los casos positivos en 2024 fueron vinculados a las Unidades de Atención Integral, lo que garantiza un tratamiento oportuno. Añadió que el MSP trabaja en la ampliación de los tamizajes gratuitos y universales a todas las mujeres embarazadas, una medida que se considera esencial para prevenir nuevos casos. Estos tamizajes permiten identificar la presencia del virus durante el embarazo y activar de inmediato protocolos médicos que incluyen el suministro de antirretrovirales, capaces de reducir el riesgo de transmisión a menos del 2%, de acuerdo con la OMS.
El plan también contempla el fortalecimiento del sistema sanitario a través de la integración de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que disponen de servicios médicos propios. La cooperación interinstitucional busca ampliar la cobertura y garantizar que las pruebas y los tratamientos lleguen a todas las regiones del país. La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Ecuador, Sonia Quezada, destacó que alcanzar la meta requiere una red de laboratorios fortalecida, procesos de calidad y un sistema de información integrado que permita un monitoreo constante de los casos. Según dijo, Ecuador se encuentra comprometido con la eliminación de la transmisión vertical del VIH y la sífilis y trabaja de manera coordinada con la OPS y la OMS para lograrlo.
La estrategia se apoya en una inversión de USD 16 millones, destinados a garantizar la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales, pruebas de diagnóstico y otros insumos médicos. El MSP asegura que actualmente existe un stock suficiente para atender las necesidades de las personas que viven con VIH y que el financiamiento permitirá sostener el programa hasta alcanzar los objetivos fijados. La meta es que ninguna mujer embarazada quede fuera de los controles y que todos los recién nacidos tengan acceso a pruebas tempranas y tratamientos cuando sea necesario.
Ecuador busca sumarse a un grupo reducido de países que ya han logrado la certificación de la OPS por eliminar la transmisión vertical del VIH y la sífilis. Cuba fue el primero en 2015, seguido por Barbados, Antigua y Barbuda. El reconocimiento internacional no solo implica un logro sanitario, sino que también fortalece la imagen del país frente a la comunidad global. En la región, otras naciones trabajan con la misma meta y la cooperación entre sistemas de salud ha sido considerada clave para acelerar los avances.
Sin embargo, el desafío va más allá de la infraestructura médica. Organizaciones de la sociedad civil han advertido que la discriminación hacia las personas que viven con VIH continúa siendo una barrera importante. El estigma social, según ONUSIDA, desalienta a muchas personas a realizarse pruebas o iniciar tratamientos, lo que dificulta los esfuerzos para reducir la transmisión. Expertos señalan que la eliminación de la transmisión materno–infantil debe ir acompañada de campañas de educación sexual integral y de un trabajo sostenido para combatir prejuicios y prácticas discriminatorias.
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