El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió ampliar sus sesiones programadas para la próxima semana y dedicar un día adicional al juicio por el presunto intento de golpe de Estado atribuido al ex presidente Jair Bolsonaro y a siete de sus allegados, según informó el propio STF en un comunicado.
El calendario originalmente previsto contemplaba audiencias los días martes, miércoles y viernes, pero el juez Alexandre de Moraes, encargado de supervisar el caso, solicitó una jornada extra que fue concedida por el presidente del tribunal, Cristiano Zanin. Con este cambio, también se celebrarán procedimientos el jueves.
El tribunal abordará las responsabilidades penales de Bolsonaro, acusado de liderar un complot orientado a ejecutar una toma militar que le habría permitido mantenerse en el poder tras su derrota electoral ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.
Bolsonaro rechaza estos cargos y afirma que es víctima de una “cacería de brujas” orquestada para apartarlo de la vida política.
Junto a Bolsonaro se encuentran en el banquillo siete de sus allegados, entre ellos Walter Braga Netto, ex ministro de Defensa y ex compañero de fórmula, y Paulo Sérgio Nogueira, también ex ministro de Defensa. Los procesados enfrentan acusaciones por tentativa de golpe de Estado, participación en organización criminal, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático y daños contra bienes públicos.
Durante la fase previa del juicio, la fiscalía presentó como evidencia notas manuscritas, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo, documentos que consideran prueba de la conspiración para mantener al ex mandatario en el poder. Los abogados defensores argumentaron que, incluso si existieron deliberaciones sobre un golpe —algo que no reconocen—, no llegó a perpetrarse acción alguna, por lo que consideran que el caso carece de fundamento jurídico.
La etapa de veredicto y sentencia del proceso está programada para reanudarse el martes 9 de este mes, a las 9 de la mañana, hora local. Los jueces revisarán las últimas peticiones de las partes, para luego emitir su voto sobre la culpabilidad o inocencia de los ocho acusados. Este panel está integrado por cinco magistrados y se necesita mayoría simple —tres votos— para dictar una sentencia condenatoria. Los cargos contra Bolsonaro incluyen intento de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, y dos imputaciones de destrucción de propiedad estatal. La pena máxima por intento de golpe de Estado asciende hasta 12 años de prisión.
El máximo tribunal electoral ya había prohibido previamente a Bolsonaro presentarse a cargos electivos hasta 2030, por abuso de poder y por difundir dudas sobre el sistema de votación electrónica brasileño. El actual proceso judicial puede conllevar sentencias de hasta 40 años de prisión para los acusados, incluyendo los delitos de asociación ilícita y daños al patrimonio público.
El caso se desarrolla tras los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando miles de manifestantes asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, apenas días después de la toma de posesión de Lula da Silva. La acusación sostiene que el complot contemplaba incluso un plan para asesinar al presidente Lula y otras autoridades. Bolsonaro permanece bajo prisión domiciliaria desde agosto, tras haber incumplido medidas cautelares dictadas por el juez De Moraes.
El juicio se produce en medio de un entorno internacional tenso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el proceso brasileño como una “caza de brujas” contra un aliado político. El gobierno estadounidense impuso aranceles del 50% sobre productos de Brasil y aplicó sanciones a varios jueces del STF, justificando estas medidas en el desarrollo del juicio.
En el plano interno, el presidente Lula da Silva pidió este jueves la movilización popular contra un proyecto de ley de amnistía para los implicados en el intento de golpe de Estado. Desde una visita a una comunidad de Minas Gerais, Lula declaró, en palabras recogidas por Agencia Brasil: “Si se vota en el Congreso, corremos el riesgo de una amnistía. Porque el Congreso, como saben, no es un congreso elegido por las comunidades periféricas”. El proyecto de amnistía, presentado por la oposición que lidera el Partido Liberal (PL), busca indultar a condenados por los eventos del 8 de enero, entre ellos a Bolsonaro y los organizadores, promotores y financiadores de la asonada.
(Con información de AP, EFE y EP)
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