La ONG venezolana Súmate denunció que Nélida Sánchez, su coordinadora nacional de Formación, cumple un año privada de su libertad y enfrenta un proceso judicial plagado de irregularidades, lo que ha generado un estado de indefensión judicial, según afirmó la asociación civil en su sitio web.
Sánchez fue detenida el 26 de agosto de 2024 y permanece recluida en la prisión de El Helicoide.
De acuerdo con la ONG, Sánchez fue arrestada en Los Teques, estado Miranda, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sin orden judicial.
Los funcionarios utilizaron engaños para proceder con la aprehensión, lo que constituye una violación al artículo 44 de la Constitución venezolana, que prohíbe las detenciones arbitrarias.
Tres días después, el 28 de agosto, fue trasladada a la sede central del Sebin en Caracas y desde entonces se encuentra privada de libertad, sin que se le informaran a ella o a su familia las causas concretas de la detención.
Súmate asegura que la actuación policial fue opaca y que la imparcialidad judicial estuvo ausente desde el inicio. El comunicado de la ONG describe una cadena de violaciones al debido proceso, que se habrían intensificado con el paso de los meses, profundizando la vulnerabilidad de Sánchez ante el sistema de justicia.
Perfil y trayectoria
Según la organización, Nélida Sánchez acumula más de cincuenta años dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, con énfasis en la formación ciudadana electoral y el monitoreo de procesos electorales.
Su labor, enmarcada en lo estipulado por los artículos 5, 63, 64, 67 y 70 de la Constitución, se ha desarrollado siempre en estricto apego a la ley. Para Súmate, la activista fue encarcelada únicamente por su rol en la defensa del derecho al voto y por su filiación a una organización civil reconocida, bajo cargos que consideran fabricados.
La ONG denuncia que en el actual contexto nacional, la labor de Sánchez se percibe como una amenaza por parte del Estado, lo que habría incrementado el hostigamiento hacia activistas y organizaciones independientes
La Fiscalía 74 con competencia nacional imputó a Sánchez delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo.
De acuerdo con la información divulgada por EFE, los cargos se fundamentan en dos mensajes de la red social X que fueron publicados después de la detención de Sánchez y no provienen de su cuenta personal.
Súmate denuncia que el sistema judicial incurrió en un “vicio judicial de falso supuesto” al admitir pruebas que califican de inauténticas. Además, señala que el proceso vulneró el artículo 49 de la Constitución, el cual garantiza la nulidad de toda prueba obtenida en violación de garantías procesales y preserva el derecho al debido proceso.
Fase procesal y defensa
En un desglose cronológico, la ONG detalla que el 26 de agosto de 2024 inició una serie de arbitrariedades, comenzando con la detención sin orden legal.
En noviembre de 2024, durante la audiencia preliminar celebrada de forma remota, el tribunal admitió los cargos con base en las pruebas presentadas por el Sebin, que la defensa califica de forjadas e inservibles.
Durante el proceso, el Estado realizó cambios en la estructura judicial. En marzo de 2025 se designó un nuevo fiscal y en junio se sustituyeron el juez responsable y la defensora pública. Tanto Sánchez como su familia no recibieron notificaciones oficiales de estos cambios, a pesar de que la Constitución, en el numeral cuatro del artículo 49 y el artículo 143, exige informar sobre actuaciones públicas y judiciales.
La reiteración de estas irregularidades ha llevado a Súmate a exigir la nulidad total del caso, el sobreseimiento inmediato y la liberación de Sánchez, así como la reparación de los daños ocasionados.
Impacto en la salud y entorno
La organización alerta sobre las graves consecuencias físicas y mentales para Sánchez. Antes de su reclusión, ya presentaba problemas de salud como hipertensión, insuficiencia venosa, taquicardia y fibromialgia. El confinamiento ha agravado estas condiciones, sumándose un diagnóstico de síndrome de estrés postraumático, lo que constituye, en palabras de la ONG, un daño severo e irreparable.
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