El presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó que el país está preparado para adoptar medidas dirigidas a proteger su territorio y soberanía ante un “nuevo entorno”, en el marco de la disputa con el régimen de Venezuela por la región del Esequibo, una franja de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo y recursos naturales. Según destacó estas decisiones requieren experiencia diplomática, respaldo internacional y determinación para preservar la integridad nacional, en un contexto global cada vez más complejo.
“Estas decisiones no son fáciles. Requieren experiencia, requieren presencia internacional, y nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional, nuestra existencia, nuestro sustento y nuestro país deben estar preparados para trabajar en este nuevo entorno”, aseveró el mandatario guyanés.
Señaló, en tanto, que la coyuntura genera un "nuevo entorno" que pone en riesgo tanto la estabilidad de Guyana como la de toda la región. Ali advirtió que el conflicto podría desestabilizar la zona y comprometer la soberanía guyanesa. Frente a este escenario, enfatizó la necesidad de ejercer un liderazgo capaz de generar confianza entre los aliados internacionales, lo que permitiría consolidar apoyos fundamentales en la defensa territorial.
“Debemos ser capaces de tener un liderazgo que sea respetado y en el que confíen nuestros socios, de modo que cuando trabajemos con ellos, sepan que están trabajando con personas en las que pueden confiar y respetar”, agregó.
El gobierno guyanés ha impulsado la cooperación internacional en materia de seguridad y pidió fortalecer la lucha enfrentando la delincuencia organizada transnacional y el narcoterrorismo. El Ejecutivo mencionó directamente a una organización vinculada, según Estados Unidos, a Venezuela y actividades ilícitas como es el Cartel de los Soles.
El Gobierno de Donald Trump vincula al Cartel de los Soles con el narcotráfico y ha extendido esa denuncia al propio dictador venezolano, Nicolás Maduro, por quien dobló hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.
Por su parte, la postura de Guyana se sustenta en fundamentos legales e históricos: el país defiende la vigencia del Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía sobre el Esequibo a la entonces Guyana Británica. Georgetown insiste en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es la instancia adecuada para resolver el litigio, aunque Caracas rechaza ese mecanismo. Mientras persiste la disputa ante organismos internacionales, Guyana mantiene la administración efectiva de la zona, que sigue siendo reivindicada por Venezuela.
La tensión aumentó en diciembre de 2023, cuando Venezuela celebró un referendo para incorporar la región del Esequibo. Esta iniciativa generó preocupación ante el riesgo de una posible escalada del conflicto. Desde entonces, ambos gobiernos han endurecido sus posiciones. Guyana alerta sobre desafíos emergentes para defender su territorio y recursos, al tiempo que reclama vigilancia de la comunidad internacional ante los cambios en la dinámica regional.
Mientras el litigio se desarrolla en los foros internacionales, la administración efectiva del Esequibo permanece en manos guyanesas, pese a la reivindicación venezolana.
Venezuela señala que Guyana actúa bajo intereses de una petrolera importante
Venezuela respondió a los pronunciamientos guyaneses acusando a Guyana de actuar bajo la influencia de intereses externos. El gobierno venezolano afirmó que el país vecino responde a los intereses de una poderosa petrolera estadounidense. La cancillería venezolana calificó de “miserable” el comunicado de Georgetown y sostuvo que Guyana habría permitido injerencias extranjeras a cambio de beneficios relacionados con la explotación energética.
Caracas considera las advertencias guyanesas como una provocación diseñada para perjudicar la imagen venezolana y crear un escenario internacional desfavorable en torno a la disputa por el Esequibo. Ambas naciones mantienen así posiciones irreconciliables frente al tema, en un escenario marcado por alianzas estratégicas internacionales, acusaciones cruzadas y la defensa de su soberanía.
En este escenario, la estabilidad de la región dependerá de la capacidad de las partes para mantener el diálogo y de la vigilancia de la comunidad internacional ante cualquier intento de alterar el equilibrio territorial y la paz regional.
La situación exige respuestas diplomáticas firmes y la intervención activa de organismos multilaterales como la Corte Internacional de Justicia, a fin de garantizar una resolución pacífica que respete los principios del derecho internacional.
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