GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

La reciente filtración de documentos contables que atribuyen a GAESA activos líquidos por más de 18.000 millones de dólares volvió a poner foco en el corazón financiero de la dictadura cubana. Los papeles, obtenidos y verificados por el Miami Herald, describen depósitos y disponibilidades por encima de los 14.000 millones de dólares a marzo de 2024 y enumeran empresas del grupo hasta ahora poco conocidas por el público. Es la radiografía más precisa de un conglomerado que maneja divisas, turismo, comercio minorista, remesas y servicios claves sin someter sus balances al escrutinio ciudadano.

La dimensión y la opacidad de GAESA —el Grupo de Administración Empresarial S.A. de Cuba, vinculado al estamento militar— no son nuevas para los analistas. Así lo denunció en un reciente artículo el general cubano Rafael del Pino, un ex alto oficial que desertó en 1987. En 2017, Reuters describió a GAESA como una red de decenas de compañías que llegaba a captar entre el 40% y el 60% de las divisas que ingresaban a Cuba, con contabilidad cerrada y una estructura blindada frente a controles externos. Ese diagnóstico, aunque fechado ocho años atrás, ayuda a explicar el impacto político de la filtración actual: por primera vez pone sobre la mesa cifras internas que hasta ahora eran conjeturas.

En su artículo, el general Rafael del Pino describe a GAESA como instrumento de una élite “cleptocrática”: “Una oligarquía cleptocrática ha creado un estado al interior del Estado formal” y “la nueva oligarquía engendrada alrededor de la familia Castro ha instalado un estado mafioso”. Del Pino sostiene que esa cúpula controla nombramientos civiles y militares, captura los principales recursos económicos y financieros, y se desentiende del bienestar social.

El contraste social es brutal. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en 2024 el 89% de las familias vive en pobreza extrema. Siete de cada diez personas dejaron de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o de alimentos.

Del Pino discute además un lugar común: “Contrario a lo que suele afirmarse, las FAR no controlan GAESA”, escribe. Afirma que la corporación opera con “empresas registradas como sociedades anónimas en Panamá y cuentas bancarias en paraísos fiscales”, bajo la cobertura de la Contrainteligencia Militar. Y propone una salida tajante: “GAESA debe ser nacionalizada, intervenida, confiscada, auditada y disuelta”.

GAESA ha estado bajo conducción de oficiales o allegados a la cúpula política, que concentra sectores neurálgicos del turismo y del comercio minorista en Cuba, y opera sin auditorías ni balances públicos verificables.

El tablero externo también condiciona el desenlace. La Ley Helms-Burton fija los parámetros que Washington considera indispensables para reconocer una transición democrática: liberación de presos políticos, legalización de partidos, elecciones libres, entre otros.

Desde 2019, el Título III está activado, lo que abrió la puerta a demandas contra quienes “trafiquen” con propiedades confiscadas tras 1959. Y, tras idas y vueltas regulatorias, el Departamento de Estado volvió a publicar en julio de 2025 la “Cuba Restricted List” con entidades y subentidades vedadas para transacciones, una nómina donde han figurado pilares de GAESA.

Del Pino alerta, además, sobre un eventual “cambio fraude”: filtraciones selectivas y gestos de apertura que preserven el núcleo del poder económico y busquen aval internacional. La advertencia encuentra un límite jurídico claro en la propia Helms-Burton y un límite político en la desconfianza social acumulada. El riesgo, sin controles y sin auditorías, es transformar la filtración en cortina de humo antes que en palanca de reforma.

El general también responsabiliza a la cúpula cubana de sostener a la dictadura de Nicolás Maduro. Hay evidencias sólidas de cooperación en materia de seguridad: una investigación de Reuters documentó cómo asesores cubanos ayudaron a rediseñar la contrainteligencia venezolana para vigilar a militares y sofocar disidencias. En paralelo, informes de Human Rights Watch, de la Misión de la ONU y de organismos interamericanos describen patrones de persecución, detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela que apuntalan la caracterización de dictadura.

La ausencia de respuestas oficiales detalladas sobre las cifras de GAESA sostiene el clima de opacidad. Hasta ahora, La Habana no ha desmentido con datos los documentos publicados, mientras la crisis social se profundiza y las remesas pierden poder de compra. En este contexto, Del Pino formula un llamado directo: “reitero nuestro llamado a los oficiales y clases… a que hagan uso del sagrado derecho de insubordinación y rebelión” y a formar una coalición civil y militar que encare una transición con “elecciones libres, democracia, estado de derecho y plenas libertades económicas”.