De la inversión a la ruina: los once negocios que terminaron en grandes pérdidas para los ahorristas uruguayos

Miles y miles de uruguayos que tenían ahorros querían obtener mayores rendimientos. Entonces buscaron distintas opciones para invertir: algunos fueron a una corredora de bolsa tradicional, otros se volcaron por las opciones agropecuarias –promocionadas como el “negocio más seguro del país”–, hubo quienes pensaron en poner sus ahorros en ladrillos y los que fueron por alternativas más jugadas.

Miles y miles de uruguayos que colocaron sus ahorros en los últimos dos años en Uruguay también tienen algo en común: vieron cómo el dinero que habían puesto en alternativas para que rindieran mejor se esfumó.

Es que en los últimos dos años son al menos once los negocios financieros que tuvieron que admitir a sus clientes que no tenían dinero para devolverle. El motivo de muchos de estos era porque habían caído en un típico esquema Ponzi: el negocio no era rentable en sí mismo y las rentabilidades que pagaba a los clientes que salían se cubrían con la plata de los que entraban.

Así, los casos en la Justicia uruguaya, tanto la de concurso como la penal, se han acumulado y algunos empresarios esperan en la cárcel que avance el juicio que definirá si se los condena por estafa o lavado de activos.

La atención de las estafas en Uruguay de los últimos días se ha concentrado en los fondos ganaderos. Y, en particular, en el más grande de estos: Conexión Ganadera. La megaestafa incluso se convertirá en una obra de teatro musical con canciones icónicas.

Esta empresa, fundada en 1999, se dedicaba a captar el ahorro privado para comprar ganado con ese dinero. A cambio le ofrecía a sus clientes una rentabilidad fija del 7%, sin considerar que el negocio ganadero es en su esencia variable. Unas 4.300 personas habían confiado en este modelo y, ahora, vieron que su dinero se esfumó.

Pero la caída de Conexión Ganadera, uno de los casos de esquema Ponzi– no se puede entender sin el contexto de la crisis que atravesó el sector ganadero, ya que hubo un efecto dominó en estos casos. Primero fue el Grupo Larrarte y luego República Ganadera las empresas que entraron en quiebra y que admitieron que no tenían dinero para pagarle a sus inversionistas.

El Grupo Larrarte no era uno de los fondos ganaderos más conocidos de Uruguay, pero su caída fue el movimiento de la primera pieza del dominó que hizo caer al resto. El titular del grupo, Jairo Larrarte, fue imputado por delitos de estafa, apropiación indebida y liberación de cheques sin fondo. El empresario, en prisión preventiva, está acusado de montar un negocio ficticio en medio de un esquema piramidal que llegó a captar inversiones por USD 12 millones.

En orden cronológico, la segunda en problemas fue República Ganadera, en la que confiaron 1.450 inversionistas. La empresa reconoce que tenía un pasivo de USD 90 millones.

Después de la caída de estos dos fondos, uno de los socios de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, murió en un accidente de tránsito. Todavía no se sabía que Conexión Ganadera también estaba con números rojos: tenía un pasivo de USD 230 millones. Faltaba todavía más tiempo para saber que, en realidad, Basso se había suicidado: la Justicia comprobó que su muerte se dio tras chocar voluntariamente contra una maquinaria vial.

Su socio, Pablo Carrasco, su viuda, Daniela Cabral, y la esposa de Carrasco, Ana Iewdiukow, ahora son investigados por la estafa. La Justicia ya los imputó por este delito. Además, a Carrasco se le sumó el delito de lavado de activo y lo envió en prisión preventiva, mientras avanza la investigación y a la espera del juicio sobre el caso.

Luego se conoció públicamente un cuarto caso: Portfolio Capital comunicó a sus clientes que no está pudiendo pagar los intereses ni devolver el capital anticipadamente ante la corrida de los inversores.

La seguridad de invertir en ladrillos se vio cuestionada con el caso Balsa. Según informó El País, el ingeniero en telecomunicaciones Juan Balsa se convirtió rápidamente en un exitoso desarrollador de barrios privados en Canelones. Pero comenzaron los rumores de problemas financieros que se confirmaron en un mail en abril de 2024, cuando les anunció a los inversores que había solicitado el concurso de acreedores.

Las deudas eran por USD 65 millones y resolvió negociar convenios con los inversores.

La corredora de bolsa Sara Goldring vio cómo el valor de los títulos de sus clientes se desplomaba y decidió esconder esa información. La desvalorización estaba explicada, de acuerdo a su versión, por la debacle que tuvieron durante la pandemia las acciones de empresas que cotizaban en Nasdaq.

Fue en 2022 que la corredora informó que enfrentaba pérdidas millonarias y una investigación reveló que utilizaba fondos de algunos inversores para compensar las pérdidas de otros. Ahora Goldring busca negociar un acuerdo con el Banco Central del Uruguay (BCU) y los damnificados, pero no ha podido concretarlo porque en Estados Unidos mantiene fondos embargados, informó El Observador.

Custodia de Valores Mobiliarios –la corredora de bolsa de Goldring– no es la única que tuvo problemas. Grupo Bursátil Uruguayo también fue intervenida por el BCU por no cumplir con los “estándares de aptitud, rectitud comercial y profesional”, los principios de “ética” y tener “otros graves incumplimientos”, consignó El País. En la corredora de bolsa De Baeremaecker y Perera una empleada fue condenada como responsable de una estafa millonaria.

Recientemente, Ignacio González Palumbo, un supuesto corredor de bolsa que ostentaba una vida de lujo, fue acusado por haber estafado hasta a su propia familia.

El 9 de julio de 2023, Infobae informó que la tecnológica Wenance reconoció que estaba reprogramando pagos de intereses a clientes que depositaron fondos en la firma. El CEO de la empresa, Alejandro Muszak, pretendía que el negocio de Uruguay sea una isla y no fuera afectado por la operativa argentina, pero fue imposible. El empresario fue denunciado por unas 600 personas que dicen haber sido estafadas por USD 20 millones. El CEO intentó negociar con ellos, pero no tuvo éxito.

Para los denunciantes, el modelo de negocios de Muszak terminó redundando en un “verdadero esquema Ponzi” o una “estafa piramidal”.

El empresario Gonzalo Campomar logró, a través del boca a boca, que ahorristas invirtieran su dinero en criptomonedas y billeteras virtuales, informó El País. La rentabilidad anual en algunos casos podía ser de un 50%, una cifra extremadamente alta si se la compara con lo que suele pagar el mercado uruguayo.

Campomar, un ex jugador de rugby, acumuló una deuda de USD 65 millones y huyó del país.