Este miércoles la Corte de Apelaciones de Valdivia desechó el recurso de amparo presentado por la defensa de dos miembros del grupo radical Liberación Nacional Mapuche (LNM), confirmando así la medida cautelar de prisión preventiva impuesta dos semanas atrás por su presunta responsabilidad en dos atentados incendiarios ocurridos entre 2021 y 2022 en la región de Los Ríos.
El secretario regional ministerial (Seremi) de Seguridad Pública, Alejandro Reyes, aplaudió el fallo del tribunal y señaló que la gravedad de los hechos imputados no dan cabida a otra medida cautelar que no sea la privación de libertad mientras se investigan los hechos.
Los ataques
Según detalló en la audiencia de formalización la fiscal regional, Tatiana Esquivel, el primero de ellos se llevó a cabo en la comuna de Panguipulli y el segundo en la de Mariquina. Ambos hechos dejaron como saldo un trabajador gravemente herido y más de 20 camiones forestales, una bodega y equipamiento diverso completamente destruidos.
Esquivel sostuvo que los acusados “están directamente vinculados” con los ataques incendiarios, valoró el “golpe decisivo contra la violencia rural” y aseguró que “en nuestra región no hay espacio para la impunidad”.
Baja sistemática de ataques
Cabe señalar que un reciente análisis elaborado por el Observatorio Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello arrojó que los ataques adjudicados a grupos radicales mapuches activos en la llamada Macrozona Sur -que comprende las regiones de Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos-, han disminuido considerablemente en los últimos tres años desde que se instauró el Estado de Excepción que implicó la presencia de militares en la zona.
A pesar de ello, el balance también reveló que han surgido nuevos grupúsculos, sobre todo desde la golpeada Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuyo líder Héctor Llaitul fue condenado a 23 años de presidio, mientras que sus hijos Ernesto y Pelantaro arriesgan hasta 60 años de cárcel imputados por diversos delitos en causas separadas.
De acuerdo al análisis, en los últimos tres años delitos como ataques incendiarios, “recuperaciones” de fundos y terrenos y asaltos a camiones disminuyeron en un 37,3%, pasando de 2.462 denuncias a 1.638.
En detalle, diez son las comunas que concentran el 66% de dichos delitos, siendo la de Collipulli la mas afectada (318 hechos de violencia, un 13%), seguida de Ercilla (309, un 12%); Cañete (256) y Victoria con 231.
Nuevos grupos
El informe también consignó que a pesar de que las FF.AA han logrado disminuir el número de hechos violentos y la justicia ha desbaratado y debilitado bandas orgánicas, nuevas organizaciones han aparecido en su reemplazo y desde sus mismas cenizas.
El caso mas ejemplificador es el de la CAM, la mas grande, que redujo de 67 a 56 sus ataques (-16%) al igual que la Weichan Auka Mapu (WAM) y el Movimiento de Liberación Nacional Mapuche (LNM), que disminuyeron su actuar en un −38% y −28%, respectivamente.
En la otra vereda, la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), enquistada en el álgido sector de Temucuicui, aumentó en un 179% sus delitos subiendo de 19 a 53 en pleno Estado de Emergencia, convirtiéndose en el grupo radical con mayor preponderancia a la fecha.
Tocante a los nuevos grupos que han ido apareciendo, el estudio identificó cuatro organizaciones aparecidas estos últimos tres años, aunque con una actividad delictiva aún en ciernes: la Resistencia Mapuche Pehuenche (3 adjudicaciones); Resistencia Mapuche Cautín (3 adjudicaciones); la Resistencia Kunko-Williche (2 adjudicaciones) y la Resistencia Mapuche Autónoma (2 adjudicaciones).
El estudio titulado “Tres años de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur (2022-2025): evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno”, concluyó que el Estado de Emergencia ha permitido disminuir significativamente los hechos de violencia en la Macrozona Sur (-37,3%), bajando los homicidios en un 55% e incendios en un 39%, aunque consigna que algunas comunas como Ranco y Osorno han sufrido inéditos ataques, producto de la relocalización de estos grupos.
“El Estado de Emergencia es una medida que, pese al rechazo inicial de ciertos sectores, sin lugar a duda ha servido para reducir sustantivamente los hechos de violencia y terrorismo en la Macrozona Sur evidenciando que, en las zonas con mayor presencia del Estado, más efectividad existe”, cerró Pablo Urquízar, coordinador del informe.
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