
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el inicio de un nuevo modelo de desconcentración territorial, que tiene como objetivo acercar la gestión del Ejecutivo a la ciudadanía en todo el país. Según un comunicado oficial de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, la medida busca transformar la administración pública territorial, superando lo que describen como una estructura “absurda” que, por años, alejó los servicios estatales de las comunidades.
En Ecuador, el modelo vigente hasta ahora se ha caracterizado por una concentración del poder y la gestión administrativa en la capital del país, Quito. Aunque existen representaciones regionales o provinciales de algunos ministerios y entidades públicas, la mayoría de decisiones estratégicas, presupuestarias o operativas se toman desde el nivel central. Esto ha dificultado el acceso de la población a servicios públicos eficientes y ha limitado la capacidad del Estado para adaptarse a las particularidades territoriales de un país geográficamente diverso, que se divide en 24 provincias distribuidas en tres regiones naturales: Costa, Sierra y Amazonía, además de una región insular (Galápagos).
El nuevo modelo propuesto por el gobierno de Noboa pretende corregir esa centralización mediante un esquema de direcciones provinciales que tendrán mayor autonomía para gestionar y coordinar las políticas públicas, según el comunicado oficial. En términos generales, las instituciones del Ejecutivo deberán operar a través de estas direcciones en cada provincia. No obstante, en algunos casos excepcionales, se podrán establecer direcciones zonales que abarquen dos o más provincias, cuando la lógica territorial o administrativa así lo amerite.
Además, el comunicado señala que si la demanda de servicios gubernamentales lo justifica, también se podrán crear direcciones distritales adicionales, subordinadas a las provinciales. Es decir, se contempla un esquema flexible, adaptado a las necesidades reales de cada zona, con diferentes niveles de desconcentración según el volumen poblacional, la densidad de servicios requeridos y la complejidad operativa del territorio.
Desde una perspectiva jurídica, esta reorganización territorial se apoya en la Constitución de Ecuador, que faculta al Presidente de la República a designar representantes en cada territorio para coordinar y supervisar la implementación de las políticas del Ejecutivo. Estos delegados no solo actuarán como enlaces políticos, sino que también tendrán responsabilidades directivas sobre el personal público en sus respectivas jurisdicciones.
El comunicado emitido por la Secretaría General de Comunicación resalta que esta decisión pretende erradicar “el desconocimiento del territorio” y una forma obsoleta de hacer política “desde los escritorios”, en referencia a la costumbre de gobernar desde la distancia sin comprender las realidades locales. El gobierno argumenta que por años se mantuvo una distribución institucional que, lejos de responder a criterios técnicos o sociales, replicaba una lógica burocrática centralista que distorsionaba la eficiencia del Estado.

Este anuncio se produce en un contexto político marcado por el intento del gobierno de Noboa de reposicionar su imagen como un Ejecutivo pragmático, moderno y más cercano a la ciudadanía. En diversas ocasiones, Noboa ha señalado que su administración tiene entre sus prioridades mejorar la calidad de los servicios públicos y descentralizar la toma de decisiones, especialmente en áreas como salud, educación, obras públicas y seguridad.
La implementación de este modelo será liderada por la Secretaría General de Administración Pública y Gabinete, que deberá coordinar con las distintas instituciones del Ejecutivo para reestructurar su presencia territorial. El comunicado no especifica un cronograma detallado, pero deja entrever que el proceso iniciará de manera inmediata.
Aunque el documento oficial no menciona cifras ni detalla qué instituciones serán las primeras en aplicar este nuevo esquema, se espera que en las próximas semanas se den a conocer los lineamientos técnicos y presupuestarios que permitirán llevar a cabo esta reorganización. El gobierno asegura que, con esta decisión, el Estado estará “más cerca y de forma eficiente” en cada provincia.
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