El déficit del fondo ganadero acusado de estafa en Uruguay es mayor al informado y se reduce dinero para los ahorristas

Los números rojos de Conexión Ganadera superan los USD 250 millones: malas noticias para los damnificados

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Un inversor afectado sostiene una
Un inversor afectado sostiene una máscara que representa a Pablo Carrasco (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El socio de Conexión Ganadera Pablo Carrasco convocó a un streaming a sus más de 4.000 clientes para informarles cuál era la realidad de ese fondo ganadero a fines de enero. Luego de la caída de otras empresas en el rubro, del suicidio de su socio, Gustavo Basso, y de las dudas de los ahorristas, el empresario admitió la crisis de la empresa. Dijo que estaba ante un problema “moral” y no económico y le dio paso a un contador especializado en estrés financiero que confirmó que los números rojos de la empresa eran cercanos a USD 230 millones.

Luego de ese anuncio, comenzaron a llover una serie de denuncias penales por estafa, apropiación indebida y lavado de activos, que derivaron la imputación de Carrasco, su esposa y la viuda de su socio. El empresario espera el juicio en prisión.

Además de este proceso en la órbita penal, también está abierto otro en la Justicia Concursal, que resuelve la liquidación de la empresa. En este ámbito está puesta la mira de los ahorristas porque, del dinero que se encuentre, se resolverá si podrán recuperar parte de sus ahorros o no. En ese ámbito se constatan los activos con los que cuenta Conexión Ganadera.

Pablo Carrasco y su esposa
Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow, socios comerciales de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Con el paso de los meses, se logró constatar la existencia de entre 70 mil y 80 mil cabezas de ganado en buen estado, informó el diario uruguayo El País. Esto equivale a un activo de aproximadamente USD 40 millones, una cifra lejana a los USD 100 millones que había informado el contador presentado por Carrasco en el streaming de enero. Otros activos considerados son los créditos que tiene con los frigoríficos, aunque se consideran irrecuperables. Y, a diferencia de lo que se había dicho, no hay campos a nombres de Conexión Ganadera para hacer la liquidación.

Una vez finalizado el proceso de verificación de créditos se estima que el pasivo será de entre USD 320 millones y USD 350 millones (y no USD 400 millones, como se había manejado originalmente), pero que el déficit patrimonial de Conexión Ganadera (el activo menos el pasivo) será muy superior a los USD 230 millones anunciados en enero. Si se confirman las cifras, el déficit va a superar los USD 250 millones, algo que agravaría la situación y dificultaría el dinero que podrían recuperar los damnificados.

A este aumento de los números rojos se le suma otro motivo de preocupación para los damnificados. La Dirección General Impositiva (DGI, el fisco uruguayo) se presentó en el concurso de Conexión Ganadera para reclamar un total de 256 millones de pesos uruguayos (USD 6,4 millones), por los impuestos impagos por la empresa en los últimos cuatro años por concepto de pago de capital, informó El Observador.


Inversores afectados protestan frente al
Inversores afectados protestan frente al tribunal el día de una audiencia para iniciar formalmente una investigación penal contra Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Esta decisión del fisco causó indignación de los inversores porque reduce significativamente la posibilidad de cobro que tienen: la ley coloca al Estado antes que a los inversores en la lista de acreedores para cobrar sus créditos. La DGI tendrá que pagar los honorarios de la sindicatura por presentarse al concurso fuera de plazo.

La abogada Graciana Abelenda, representante de un grupo de ahorristas, declaró al medio uruguayo que la decisión del fisco “activó señales de alerta porque los damnificados no esperaban para nada que la DGI se presentara”. “Y menos haciendo uso de este privilegio que le confiere la ley y menos aún de forma tardía”, expresó la defensora.

Los damnificados consideran que la definición de la DGI fue “política”, según la abogada. “Estas personas han sufrido las contingencias más fuertes que se nos ocurran, ya que se quedaron sin dinero para pagar alquileres, colegios, tratamientos médicos, sin el complemento que tenían para la jubilación”, describió la defensora.

Otra de las defensoras prevé analizar el tenor del escrito de la DGI para impugnarlo.

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