
El presidente boliviano defendió su gestión en medio de la crisis económica que enfrenta el país y responsabilizó a los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional por no haber aprobado todos los créditos externos pendientes de tratamiento.
“Cuando hay problemas económicos apuntan al Gobierno como si fuéramos culpables. Los culpables están allá sentados en la Asamblea Legislativa, porque no aprueban los créditos, porque nos quieren hacer quedar mal ante el pueblo diciendo que no sabemos hacer nada, diciendo que no podemos trabajar”, manifestó Luis Arce en un acto público en el área rural de La Paz.
Según el Ministerio de Planificación del Desarrollo, la Asamblea tiene 17 proyectos de ley pendientes de tratamiento por un monto superior a 1.741 millones de dólares. Varios de ellos están en diferentes fases de tratamiento, por ejemplo dos fueron aprobados la semana pasada en la Cámara de Diputados y queda pendiente su análisis en el Senado: uno del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por 50 millones de dólares y otro por 110 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Si bien la mayoría de los créditos están ligados a proyectos de inversión pública y los desembolsos no se realizan de manera inmediata ni en su totalidad, darían oxígeno al Gobierno para enfrentar los últimos meses de gestión con algo más de liquidez en dólares.

Según documentación del Ministerio de Planificación, consultados por la Agencia de Noticias Fides, entre noviembre de 2020 y mayo de 2025 se aprobaron 39 créditos por 4.284 millones de dólares, de los cuales solo se había desembolsado el 52%. En su defensa, varios legisladores han manifestado que no existe transparencia sobre el destino de los fondos y apuntan que los créditos deben ser acompañados con ajustes adicionales para contener la crisis.
Bolivia atraviesa desde hace más de dos años una crisis económica marcada por una aguda escasez de dólares que ha deteriorado su capacidad de importación, ha generado incertidumbre en los mercados y ha debilitado la confianza en el sistema financiero. Esta situación se ha agravado por la caída de los ingresos de la renta petrolera y una reducción de las reservas internacionales, que se encuentran en niveles históricamente bajos.
A este escenario se suma el estancamiento en la aprobación de créditos externos, que limita la capacidad del Estado para ejecutar obras públicas, importar combustible y responder a emergencias. La crisis financiera ha provocado un aumento descontrolado de la inflación, el alza de los precios de la canasta familiar y prolongados periodos de desabastecimiento de carburantes ante las crecientes dificultades de importación.

A las tensiones económicas se suman las políticas cuando falta menos de un mes para las elecciones generales en las que 7,9 millones de bolivianos renovarán presidente, vicepresidente y a sus representantes en el parlamento. En tanto, el jefe de Estado, que llegó al poder en noviembre de 2020 con el 55% de la votación, atraviesa las horas más bajas de su Gobierno con niveles de aprobación por debajo del 10%, lo que lo ha llevado a declinar su postulación a la reelección.
En su descargo, Arce sostuvo que cuando llegó al Gobierno en noviembre de 2020 el país atravesaba una situación compleja por la pandemia de Covid-19 y que ahora las leyes “que benefician al pueblo boliviano” están en el Legislativo. “El país sabe diferenciar quién miente y quien no miente, el pueblo sabe”, manifestó.
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