
La Fiscalía General de Bolivia anunció la apertura de una investigación contra la dirigente política Ruth Nina por sus amenazas contra el proceso electoral. La política, aliada del ex presidente Evo Morales, afirmó la semana pasada que si el líder cocalero no competía en las elecciones éstas no se iban a llevar a cabo y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en vez de contar votos iba a “contar muertos”.
Tras sus declaraciones, se presentaron tres denuncias penales contra la dirigente. El fiscal general, Roger Mariaca, informó el miércoles que las acusaciones fueron admitidas. ”Se la ha citado, debe acudir el viernes (18 de julio) a la Fiscalía Departamental Cochabamba”, señaló Mariaca y precisó que los delitos que se investigan son amenazas, instigación pública a delinquir y obstaculización de procesos electorales.
“No es concebible en ninguna parte del mundo que, en lugar de propuestas, se esté ofreciendo muerte a nuestros ciudadanos”, manifestó el fiscal y advirtió que en caso de que la acusada no se presente a declarar, puede emitirse una orden de aprehensión por inasistencia.
Luego del anuncio de citación, Nina manifestó, en entrevista con el canal Unitel, que evaluará el caso y que acudirá ante la justicia “siempre y cuando haya garantías”.

Nina es una abogada paceña que se desempeñó como comerciante y dirigente transportista. Es miembro del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol), del cual fue candidata a la Presidencia (2019) y Vicepresidencia (2020) y fue durante años una férrea opositora de Morales a quien llamó “dictador” y le exigió su renuncia en medio de protestas sociales en los últimos días de su Gobierno.
Sin embargo, ambos políticos formaron una alianza este año luego de que Morales perdiera el control legal del Movimiento Al Socialismo (MAS) y se disolviera un acuerdo con otro frente político. Desde entonces, Nina volvió a la palestra pública amenazando con impedir el desarrollo de las elecciones si Morales no está en la papeleta.
El domingo, durante una reunión de los sectores afines al ex presidente en la región cocalera del país, la dirigente sostuvo que “el 17 de agosto no puede haber una elección sin la participación de la clase popular”, ni sin “un candidato que el pueblo boliviano ha elegido, como es el hermano Evo Morales”.
“Ese día, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno, en vez de contar votos, va a contar muertos, eso va a pasar si atentan contra nuestras comunidades indígenas, si nos obligan a querer votar por aquellos (los candidatos de otros partidos)”, expresó Nina.

A pesar de la insistencia de la dirigente, ni su partido ni el ex presidente no están habilitados legalmente para participar la votación. Morales fue inhabilitado para disputar los comicios por una disposición judicial que limita el ejercicio de la Presidencia a dos mandatos y él ya ocupó el cargo en tres periodos, entre 2006 y 2019. Adicionalmente, Pan Bol perdió la personería jurídica en mayo en cumplimiento de un principio legal que fue aplicado de manera tardía.
En junio, los seguidores del ex gobernante bloquearon carreteras en algunas regiones durante dos semanas para forzar su candidatura, una protesta que se tornó violenta, con un saldo de cuatro policías y dos civiles fallecidos.
Nueve organizaciones políticas participan en las elecciones generales del próximo 17 agosto, en las que 7,9 millones de bolivianos elegirán a su presidente, vicepresidente y renovarán al Parlamento nacional para el próximo quinquenio.
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