Bolsonaro dijo que enfrentará el juicio por intento de golpe de Estado: “No tengo alternativa”

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este jueves en las afueras del Senado que “enfrentará el juicio” en su contra por supuestamente liderar una trama para subvertir el orden democrático tras perder las elecciones presidenciales de 2022. “No tengo alternativa”, declaró ante un grupo de periodistas reunidos alrededor de un atril improvisado. La Procuraduría General de la República lo acusa de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, con penas que podrían superar los 40 años de prisión.

Bolsonaro, de 70 años, negó cualquier vínculo con los hechos del 8 de enero de 2023 —cuando miles de sus seguidores irrumpieron violentamente en la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia— y aseguró que su proceso judicial responde a un intento por apartarlo de la vida política. “No hay nada que me vincule a esos actos”, repitió. “Ellos quieren eliminar a un líder de la derecha conservadora de América del Sur de las elecciones del año que viene. Saben que si estoy, gano”.

La investigación federal apunta a que Bolsonaro no solo alimentó durante meses el mito del fraude electoral, sino que encabezó una estrategia para invalidar el resultado de los comicios de octubre de 2022, que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. La Policía Federal y la Fiscalía sostienen que el ex mandatario intentó ejecutar un plan de seis etapas para revertir su derrota por medios ilegales. Entre esas etapas se incluye la elaboración de un decreto que anulaba el resultado electoral y convocaba nuevas elecciones bajo control militar.

El documento fue hallado en enero de 2023 en la residencia de Anderson Torres, entonces ex ministro de Justicia de Bolsonaro. Según informó la Agência Brasil y confirmó luego la Fiscalía, ese borrador —sin fecha ni firma— preveía instaurar un “estado de defensa” en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el órgano encargado de validar los comicios. La medida habría permitido suspender las funciones del tribunal y reabrir el conteo de votos. El decreto, según la acusación, fue discutido en reuniones privadas entre Bolsonaro y altos mandos militares tras la segunda vuelta electoral.

Uno de los testimonios clave en la causa es el del teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, quien admitió ante la Policía que el entonces presidente revisó y modificó personalmente el texto del decreto. Cid también entregó a la justicia mensajes, documentos y audios que vinculan al círculo íntimo del ex presidente con la organización logística y financiera de las manifestaciones del 8 de enero. Aquel domingo, miles de simpatizantes bolsonaristas, movilizados por redes sociales y grupos de Telegram, asaltaron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal.

El ataque, que muchos compararon con el asalto al Capitolio en Washington dos años antes, dejó un saldo de más de 1.400 detenidos y daños millonarios al patrimonio público. Las imágenes recorrieron el mundo: vidrios rotos, obras vandalizadas, oficinas saqueadas y banderas brasileñas ondeando entre escombros. El Supremo Tribunal Federal (STF), encabezado por el juez Alexandre de Moraes, calificó los hechos como una “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho”.

Desde entonces, la justicia ha condenado a 643 personas por diversos delitos, incluyendo asociación criminal armada, daño calificado, deterioro de patrimonio protegido, y tentativa de golpe de Estado.

Según documentos presentados por la Fiscalía, la protesta no fue espontánea: hubo financiamiento, organización y apoyo logístico desde dentro y fuera de Brasilia. La Policía Federal documentó transferencias de dinero, alquileres de autobuses, y comunicaciones directas entre promotores de la movilización y operadores políticos cercanos al ex presidente. En noviembre de 2024, un informe oficial del Ministerio Público detalló cómo se gestó el plan golpista impulsado desde redes sociales y en contacto estratégico con mandos militares.

Bolsonaro niega cualquier responsabilidad. En su testimonio ante el Supremo Tribunal Federal, el pasado 10 de junio, insistió en que “nunca dio una orden ilegal” y que el borrador del decreto era “solo un estudio jurídico” que no fue implementado. Aun así, reconoció haber participado en reuniones privadas con comandantes de las Fuerzas Armadas, donde discutieron posibles alternativas a la asunción de Lula. “No pasó de una conversación”, dijo entonces, según la transcripción publicada por Folha de São Paulo.

El lunes 15 de julio, la Procuraduría General presentó sus alegatos finales ante el Supremo, solicitando la condena de Bolsonaro por cinco delitos: asociación criminal, incitación a la insurrección, tentativa de abolición del Estado de derecho, tentativa de golpe de Estado, y uso ilícito de medios institucionales. Según fuentes del STF citadas por O Globo, la sentencia podría conocerse entre septiembre y octubre.

Ante la posibilidad de una condena firme, se especula con que Bolsonaro solicite prisión domiciliaria por razones de salud. Él, por ahora, lo descarta. “No pienso en eso. Soy inocente”, dijo este jueves. También rechazó la opción de salir del país, como hizo en diciembre de 2022 cuando viajó a Florida poco antes de dejar el cargo. “Me voy a quedar aquí, en Brasil”, afirmó. “Tengo 70 años, varios problemas de salud, pero voy a resistir”.

En medio del avance judicial, el caso Bolsonaro también generó fricciones diplomáticas. A comienzos de julio, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 50% a productos brasileños como café, jugo de naranja y acero, en aparente represalia por lo que describió como una “caza de brujas” contra su aliado en Brasil. Lula da Silva rechazó la intromisión, defendió la independencia del Poder Judicial y advirtió que su gobierno estudia medidas recíprocas bajo la Ley de Comercialización Internacional, sin descartar una queja formal ante la OMC.

El ex presidente ya ha sido inhabilitado políticamente por ocho años por decisión del Tribunal Superior Electoral, tras un fallo de 2023 que lo responsabilizó por desinformar al electorado y por utilizar recursos del Estado para atacar, sin pruebas, la fiabilidad del sistema de votación electrónica. Ese proceso, conocido como la “reunión con embajadores”, se basó en una conferencia realizada por Bolsonaro en julio de 2022 en el Palacio de la Alvorada, donde acusó al Tribunal Superior Electoral de parcialidad y sugirió sin fundamentos que el sistema podía ser manipulado. La sesión fue transmitida por la televisión estatal, lo que agravó el uso indebido del aparato público.

A pesar de esa inhabilitación, Bolsonaro ha seguido operando como figura central del bolsonarismo. El ex mandatario ha participado en actos públicos, ha viajado por el país y ha encabezado manifestaciones, especialmente en San Pablo y Río de Janeiro, donde aún conserva una base leal.

Sin embargo, el avance del juicio en el Supremo Tribunal Federal y la solidez de las pruebas acumuladas por la Fiscalía lo colocan ahora en una situación más comprometida. De ser hallado culpable por intento de golpe de Estado, la inhabilitación política sería solo una parte del castigo: Bolsonaro podría enfrentar cárcel efectiva, multas, pérdida de derechos civiles y patrimoniales, y la imposibilidad de ocupar cargos públicos de por vida.

Mientras tanto, el país sigue dividido. Según una encuesta de Datafolha publicada en junio de 2025, el 51% de los brasileños considera que Bolsonaro debe ser condenado si se prueba su implicación, mientras que un 38% cree que se trata de una vendetta judicial. Ese mismo estudio reveló que un 60% de los encuestados apoya que los responsables del 8 de enero cumplan penas de prisión efectivas.