Escándalo en Chile por error judicial que dejó en libertad a un sicario del Tren de Aragua

Este martes la policía chilena emitió una orden de captura internacional contra Osmar Ferrer Ramírez, uno de los tres sicarios venezolanos acusados de asesinar a José Felipe Reyes Ossa (43), conocido como el “Rey del Meiggs” -barrio capitalino que alberga un sinfín de locales comerciales y una verdadera selva de comerciantes callejeros-, ocurrido del 19 de junio en la comuna santiaguina de Ñuñoa.

Ello, puesto que Ferrer Ramírez fue dejado en libertad el jueves pasado luego de un grave error administrativo, feo asunto que está siendo investigado y que tiene por las cuerdas la credibilidad del Poder Judicial.

Según lo que se sabe hasta ahora, tras detectarse un error en en el nombre de Ferrer Ramírez estampado en el fallo de la magistrada que decretó la prisión preventiva de los tres sicarios, se despachó un segundo documento que derogaba el primero, y luego se emitió un tercero con el nombre bien puesto.

Sin embargo, a pesar de un mail que advertía que el imputado debía mantenerse en prisión, Gendarmería tomó razón del segundo oficio y liberó al sicario la noche del jueves, quien actualmente se mantiene prófugo y ya podría haber salido del país, por lo que la OCN Santiago de Interpol ya emitió una orden de captura internacional en su contra.

Como era de esperar, las críticas al actuar del Poder Judicial fueron transversales y desde el Gobierno y la oposición pidieron la cabeza de quienes resulten responsables. En paralelo, la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ordenó llevar a cabo una análisis del sistema de tramitación penal y la Corte de Apelaciones de Santiago también abrió un sumario.

Pero quizás el más duro fue el propio fiscal a cargo de la investigación, Marcos Pastén, jefe de la división administrativa del Ministerio Público, quien en conversación con T13 aseguró “con toda responsabilidad” que el sistema “es absolutamente feble y vulnerable”.

“Decirle a la opinión pública una cosa distinta sería hasta insultante”, aseguró.

Según el persecutor, en el canal de comunicaciones entre el Poder Judicial y Genarmería “hay una serie de procedimientos y protocolos que están establecidos para el millón de audiencias que aproximadamente tiene el Ministerio Público en un año”, pero aún persisten una serie de trámites que se hacen a mano, lo que amplifica los márgenes de error.

Debido a lo grave de todo el asunto, el fiscal Pastén detalló que “hemos dispuesto conformar una fuerza de tarea para la investigación de este hecho. Me refiero, principalmente, en nuestro caso, a la evasión del detenido”.

Pastén también explicó que el actuar de la jueza que firmó las resoluciones de prisión preventiva -Irene “Tuto” Rodríguez, bautizada así por la prensa tras dormirse en la audiencia de formalización-, habría sido correcto.

“La magistrada dice la verdad cuando señala que ella firmó las tres resoluciones. También es correcto decir que esas resoluciones le fueron comunicadas a Gendarmería de Chile”, explicó.

Finalmente, el fiscal a cargo de dilucidar este entuerto sostuvo que el caso es el resultado de un problema estructural.

“Se han ido añadiendo sistemas digitales, comunicaciones electrónicas, existe una red de gestión penal en el Poder Judicial, etc. Pero si en definitiva esto queda sujeto a la redacción de un oficio y a la lectura correcta de todos los oficios, yo digo que el sistema es feble”, remató.