La propuesta de reforma constitucional del presidente Daniel Noboa para aplicar la castración química a violadores fue enviada a la Corte Constitucional, como parte del procedimiento obligatorio que establece la ley antes de su posible debate en la Asamblea Nacional. Así lo confirmó este lunes 14 de julio la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, durante una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet, donde defendió la medida como una respuesta necesaria y proporcional frente a los altos niveles de reincidencia en delitos sexuales.
“El presidente Daniel Noboa fue claro y contundente: los violadores merecen la castración química y la cárcel”, declaró Jaramillo. Añadió que la reforma plantea un cambio en el artículo 393 de la Constitución para permitir que la Asamblea, mediante ley, implemente este mecanismo en casos de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación. La propuesta también contempla la creación de un registro confidencial de ofensores sexuales, con el objetivo de prevenir su participación en actividades vinculadas a niñas, niños y adolescentes.
El documento, entregado a la Corte, solicita que el órgano constitucional emita el dictamen previo obligatorio sobre la vía de tramitación. De ser aprobada, la reforma seguiría el procedimiento de reforma parcial previsto en el artículo 442 de la Constitución: aprobación en dos debates legislativos y referéndum ciudadano posterior. Según la vocera, el Gobierno está a la espera de ese primer pronunciamiento antes de anticipar otros escenarios.
La propuesta llega acompañada de datos que el Ejecutivo considera alarmantes. Entre agosto de 2014 y mayo de 2025, se registraron más de 71.000 procesos judiciales por delitos sexuales, de los cuales el 22% fueron cometidos contra menores de edad, según el sistema SATJE del Consejo de la Judicatura. Además, de cada diez víctimas de violación, seis son niñas, niños o adolescentes, de acuerdo con cifras de la Fiscalía.
“La reforma no distingue entre curas, políticos o empresarios. Se aplicará a toda persona que tenga una sentencia ejecutoriada por el delito de violación”, respondió Jaramillo al ser consultada por periodistas. Añadió que el registro será de carácter confidencial y no tendrá efectos punitivos adicionales: solo podrá ser consultado por su titular en actividades económicas que impliquen contacto directo con menores.
El Gobierno ecuatoriano cita como precedentes a países como Chile y Colombia, que cuentan con registros de inhabilidades para condenados por delitos sexuales, y a otros como Estados Unidos, Polonia, Rusia, Corea del Sur e Indonesia, que han implementado la castración química como mecanismo preventivo para agresores reincidentes. La vocera destacó que esta medida, al igual que en esas naciones, estaría regulada bajo principios de proporcionalidad, legalidad, confidencialidad y rehabilitación.
Jaramillo también aclaró que la reforma no tendrá carácter retroactivo ni vulnera derechos fundamentales, ya que se aplicaría únicamente a personas con sentencia ejecutoriada. En palabras del Ejecutivo, la medida refuerza el deber estatal de garantizar la protección integral de la niñez, sin alterar el régimen de derechos y garantías vigente.
Consultada sobre la posibilidad de que esta iniciativa se incorpore en un eventual paquete de reformas a ser consultado por vía referéndum, la vocera indicó que la reforma de la castración química se tramita actualmente por la vía legislativa, pero reconoció que el Gobierno está evaluando entre seis y ocho preguntas para una nueva consulta popular, incluyendo temas de seguridad jurídica y productividad.
La propuesta de Noboa se inscribe dentro de un discurso más amplio de “mano dura” frente a delitos de alto impacto, como parte de su agenda de seguridad. Desde el Ejecutivo, sostienen que se trata de una respuesta técnica ante cifras que evidencian la impunidad y la revictimización constante de los menores en Ecuador. Para que esta iniciativa avance, primero deberá superar el filtro constitucional. Luego, enfrentará el desafío político y ético del debate parlamentario y ciudadano.
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