El Ministerio del Interior de Ecuador confirmó este domingo que busca intensamente al legislador Santiago Díaz Asque, acusado de violar a una menor de 12 años. El Gobierno activó el llamado Bloque de Seguridad —integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas— y ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información “veraz y verificable” que permita dar con su paradero. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si se encuentra dentro del país, aunque aseguran que no hay registro de salida por pasos fronterizos oficiales.
La denuncia fue presentada el 7 de julio, y al día siguiente la Fiscalía abrió una investigación previa. Según confirmaron medios locales, el presunto delito ocurrió en el contexto de una fiesta privada. La Fiscalía realizó tres allanamientos en domicilios relacionados con Díaz Asque, de donde incautó equipos electrónicos y documentación. Aunque en ese momento no existía una orden de detención, este domingo el Ministerio del Interior aseguró que esta ya había sido emitida, sin precisar si fue dispuesta por un juez o por vía administrativa.
Díaz Asque, que llegó a la Asamblea Nacional como parte del movimiento Revolución Ciudadana —liderado por el ex presidente Rafael Correa— fue expulsado de la bancada el 8 de julio, al día siguiente de conocerse la denuncia. En una carta pública, el legislador se declaró inocente y sostuvo que la acusación busca “silenciar mi voz incorruptible y crítica”. El viernes solicitó licencia sin sueldo ante la Asamblea, pero esta fue rechazada. Aunque ya no pertenece a su bloque político, mantiene su cargo como legislador.
Desde entonces, su paradero es desconocido. El Ministerio del Interior publicó su fotografía en redes sociales y garantizó confidencialidad a quienes proporcionen información útil. La iniciativa fue reforzada por el activista Fernando Balda, quien ofreció mil dólares adicionales —financiados por un empresario anónimo— como incentivo para miembros de las fuerzas de seguridad que participen en su captura. Horas más tarde, se sumó otra contribución de cien dólares por parte de un dirigente socialcristiano, en un gesto simbólico que busca presionar a las autoridades.
El caso ha generado una fuerte conmoción en la opinión pública y ha provocado una reacción inmediata del Gobierno. El presidente Daniel Noboa anunció el viernes que enviará al Legislativo una propuesta de reforma constitucional que permita aplicar la castración química a violadores, una medida que deberá pasar antes por el análisis de la Corte Constitucional. La propuesta, que ya genera debate, fue interpretada por algunos sectores como una respuesta impulsiva ante un caso sensible, mientras otros la consideran un acto necesario de endurecimiento penal.
La legislación ecuatoriana establece penas de entre 19 y 22 años de prisión por violación a menores de 14 años. Sin embargo, más allá de la eventual sanción, el proceso judicial enfrenta obstáculos: hasta ahora, la Fiscalía ha declarado que no puede proporcionar detalles del caso por involucrar a una menor de edad. El secretismo ha alimentado la incertidumbre y ha dado lugar a especulaciones sobre posibles irregularidades o manipulaciones políticas.
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han advertido sobre la necesidad de respetar el debido proceso, incluso en delitos graves y de alto perfil. La oposición ha reclamado que se actúe con celeridad, pero también con rigor procesal.
La figura de Díaz Asque representa un dilema adicional. Su expulsión de Revolución Ciudadana fue inmediata, pero su continuidad como legislador plantea preguntas sobre los mecanismos de remoción y la inmunidad parlamentaria. Aunque la Asamblea negó su licencia, no ha iniciado aún ningún proceso formal para destituirlo. Esto lo mantiene en una especie de limbo político y legal.
Mientras tanto, el país sigue atento. Las autoridades aseguran que el operativo de búsqueda está en marcha y que no cesarán hasta capturarlo. Pero a medida que pasan los días, el silencio oficial y la falta de resultados alimentan una sensación de desconfianza. La credibilidad del sistema judicial y la respuesta del Estado están, una vez más, a prueba.
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