Así son los “juicios fantasmas” con los que la dictadura de Nicaragua condena a los presos políticos

Nadie le dijo a Freddy Quezada a dónde lo llevaban. Salió de su celda de aislamiento en el penal de Tipitapa y lo subieron a un microbús cerrado donde permaneció dos horas sin explicación. “Estuve esposado bajo un calor insoportable sin saber para qué estaba ahí”, relató a Infobae.

Luego, fue conducido a una pequeña oficina, dentro del mismo complejo penitenciario, donde un técnico preparaba una videollamada. Allí, frente a una pantalla, apareció una jueza de la que nunca conoció su nombre. Hasta ese momento supo que estaba en la primera audiencia de su propio juicio.

“Todo fue frío, calculado, oscuro”, recordaría luego Quezada, ex preso político, filósofo, catedrático universitario, y autor del libro recién publicado Las variedades del poder. Había sido encarcelado el 29 de noviembre de 2023 por publicar críticas en redes sociales, y desterrado a Guatemala en septiembre del año siguiente. “Solo les faltó encapucharse como el Ku Klux Klan y alumbrar la sala con antorchas ardientes”, dijo sobre el proceso judicial que lo condenó.

Los llamados juicios virtuales, o telejuicios, como les dicen algunos presos, son una herramienta que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado para condenar a opositores políticos sin garantías mínimas. Las audiencias se celebran sin público, sin acceso a abogados de confianza, y muchas veces sin que los familiares sepan siquiera que ocurrieron.

Los juicios fantasmas siguen, generalmente, este patrón: después de la captura, el opositor desaparece. Ni su familia ni sus abogados saben dónde está ni tienen comunicación con él. Incluso, en algunas ocasiones ni siquiera otros presos pueden informar de la suerte del capturado porque los recluyen en celdas aisladas, en solitario, donde solo ciertos carceleros saben de su presencia.

Luego, en tiempos que pueden variar desde semanas hasta años, se sabe por una escueta información oficial, o porque los familiares al fin tuvieron acceso a visita, que fueron condenados en una audiencia vía remota, exprés, sin salir del penal, sin abogado defensor propio y sin que alguien pudiera tener acceso al expediente judicial del proceso, como ocurre normalmente en un juicio.

Quezada participó en dos de estas audiencias. En la primera, ni siquiera tuvo un defensor. En la segunda, un abogado de oficio que se identificó como Freddy Estrada, se acercó a una cámara para decirle, en voz baja, que dos familiares estaban en una sala contigua. “Me dijo que al otro lado estaban mi esposa y mi sobrina, pero nunca me las dejaron ver. El abogado estaba en la misma sala que la jueza... No alegó nada en mi defensa. Era parte de la farsa”, asegura.

La jueza leyó los cargos: sedición y desestabilización. Freddy asaltó la palabra. Rechazó las imputaciones, defendió su derecho a la libertad de expresión. La jueza permaneció muda, guardó silencio, cerró la audiencia y prometió sentencia en unos días. Un rato después, lo devolvieron a la celda, sin ver una decisión firme.

Las autoridades nunca le notificaron su condena. Le dijeron que en 15 días le leerían la sentencia, pero esa lectura nunca ocurrió. Pasó meses sin saber si debía cumplir tres o cinco años. El 13 de septiembre de 2024 fue sacado de su celda y junto a otros 134 presos políticos fue enviado al destierro, a Guatemala.

Casos como el de Quezada ya no son la excepción, sino la norma. La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, advirtió en junio de 2024 que “las detenciones ilegales y arbitrarias suelen ir seguidas de juicios que no cumplen las garantías básicas del debido proceso y juicio justo”. En marzo de ese año, su oficina documentó al menos once de estas audiencias virtuales realizadas sin garantías procesales.

“Estos procesos son una forma de desaparición forzada judicial”, explicó a Infobae el abogado Yader Morazán, ex funcionario del poder judicial de Nicaragua. “Primero desaparecen físicamente al preso; luego desaparece su expediente. Y de pronto lo presentan en una sala dentro del penal, lo acusan por videollamada, le asignan un defensor de oficio que nunca ha hablado con él, y lo condenan”.

Eso no es legal, asegura. En el sistema penal acusatorio vigente en Nicaragua, los juicios deben ser orales y públicos. Esa oralidad y publicidad se sostienen en otros principios del debido proceso, como la inmediación y el derecho a la defensa.

“La inmediación implica que el juez debe tener contacto físico y directo con las pruebas y con el acusado, para evaluar cómo se presentan esas pruebas y cómo interactúa el procesado con el juicio de forma presencial”, añade.

Morazán relata que desde que asumió Alba Luz Ramos la presidencia de la Corte Suprema, en 2010, se inició un proceso de “modernización” del poder judicial, que incluyó salas de videoconferencias. Pero estas estaban pensadas para casos muy específicos, y siempre en apego al Código Procesal Penal.

Dice que se usaban, por ejemplo, para testigos que no podían presentarse por razones fundadas: víctimas en riesgo, testigos que debían salir del país o expertos que no podían trasladarse. Nunca se pensó para acusados.

“Yo trabajé como asistente de un juez en un juzgado especializado en violencia contra la mujer. Ahí se usaba este sistema cuando, por ejemplo, la víctima debía declarar anticipadamente o desde una sala distinta para evitar contacto con el acusado. Pero el acusado siempre debía estar presente en sala, porque se trata de respetar los principios de inmediación, publicidad, oralidad y defensa”, explica.

Los juicios fantasmas “solo ocurren con presos políticos”, afirma Morazán. “Los procesos penales ordinarios se siguen realizando de manera presencial. Es una estrategia deliberada de aislamiento, imposición y control total”, afirma y los describe con el dicho de “burro amarrado contra un tigre suelto” porque el acusado no tiene posibilidad de demostrar su inocencia.

“Hay un cambio claro desde mayo y junio de 2021. Antes de eso, las audiencias eran en salas judiciales y, aunque había restricciones, los abogados defensores podían ver los expedientes y a veces hablar con sus clientes. Era limitado, pero había algo de acceso”, señala Morazán.

“Desde entonces, entramos en una etapa de desaparición forzada como política de Estado. Desaparece el preso, desaparece el expediente, y se construye una condena simulada. Todo esto ocurre solo con presos políticos”, añade.

Para Morazán, el régimen ya ni siquiera se preocupa por guardar las apariencias a pesar de que tiene total control del sistema judicial para condenar a quienes quiera. “Lo que antes hacían con algún barniz de legalidad, ahora lo hacen a plena luz y sin pudor”, dice.

“El primer caso que documenté de esta modalidad fue el del sacerdote Leonardo Urbina. Los peritajes que lo incriminaban se presentaron por videoconferencia, y él nunca los vio, nunca los pudo contradecir. Fue condenado sin enfrentar a sus acusadores. Eso marcó un punto de inflexión”, relata.

A veces, según Morazán, las víctimas de estos juicios son liberadas sin explicación; otras veces deben firmar periódicamente en los juzgados o son puestas bajo vigilancia policial. En ningún caso se les entrega copia del fallo ni se les permite apelar.

Freddy Quezada resume su proceso de forma más filosófica. “Conocí los horrores del estalinismo. Estudié los juicios de Moscú de 1936. Aquello era una farsa, pero al menos el mundo sabía que era una farsa. Lo que vivimos hoy en Nicaragua es la versión en miniatura de esos horrores, con tecnología barata y jueces sin rostro. Una dictadura menor, sí, pero igualmente siniestra”.