Dos incautaciones de droga ocurridas en el norte de Chile, una en un avión de la Fuerza Aérea y otra en un vehículo del Ejército, reactivaron esta semana el debate sobre el nivel de infiltración del crimen organizado en las instituciones armadas y las medidas necesarias para enfrentarlo, entre ellas la eliminación del secreto bancario de funcionarios públicos.
Ambos casos, ocurridos en un lapso de siete días, generaron una respuesta inmediata del Gobierno, que exigió explicaciones a las ramas involucradas y planteó la necesidad de avanzar en reformas legales que permitan un mayor control financiero sobre las cuentas de los efectivos de seguridad.
“Estamos en un momento crítico donde hay que tomar decisiones drásticas, porque las Fuerzas Armadas y las Policías son nuestra última frontera de protección”, señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero, al ser consultado por la situación. “Cuando uno analiza a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, no han estado ajenas o exentas a la comisión de delitos de muy distinta naturaleza”, agregó.
El ministro rechazó que se trate de un problema estructural, pero reconoció la gravedad de los hechos. “¿Tenemos hoy día un problema estructural de penetración de organizaciones criminales dentro de las Fuerzas Armadas y las Policías? No hay evidencia de eso. ¿Tenemos casos graves que dan cuenta de esa penetración? La respuesta es sí”, declaró. Según Cordero, una eventual corrupción generalizada en las instituciones sería “un punto de no retorno”, pero afirmó que ese escenario todavía no se configura.
La tensión se incrementó luego de que esta semana se descubrieran 400 gramos de pasta base ocultos dentro de un termo con comida en un cuartel del Ejército ubicado en Tarapacá, región fronteriza con Perú y Bolivia. Según la versión oficial del Ejército, la droga llegó al recinto militar en un vehículo institucional utilizado para el traslado de inmigrantes irregulares, y pertenecería a uno de ellos.
Días antes, la Fuerza Aérea de Chile (FACH) retiró del servicio a cinco efectivos acusados de transportar cuatro kilos de droga en un avión militar que voló desde Iquique hasta Santiago. Los implicados argumentaron que las valijas donde se hallaba la sustancia habían sido entregadas por una persona que no abordó el vuelo.
El incidente generó un cruce entre el Gobierno y la FACH por el alcance de la investigación. La fiscalía y el presidente Gabriel Boric solicitaron un informe más detallado, tras detectar omisiones en la información inicialmente entregada por la institución castrense.
Ambos hechos coinciden con una discusión legislativa sobre el levantamiento del secreto bancario, en particular en las cuentas de funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas. Sectores del oficialismo impulsan esta reforma como medida anticorrupción, mientras que partidos de derecha y ultraderecha rechazan la propuesta por considerarla una violación de las libertades individuales.
“No es una cuestión política, sino un problema común que demanda una lucha nacional”, remarcó Cordero en respuesta a las críticas de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien cuestionó la respuesta del Ejecutivo. “Todas las instituciones están expuestas y las reacciones comunes para abordar este tipo de situaciones son importantes”, concluyó.
(Con información de EFE)
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