Un total de 57 jueces y 2 fiscales ecuatorianos no han podido justificar el origen de sus patrimonios, según reveló el contralor general del Estado, Xavier Mauricio Torres, durante su comparecencia del 7 de julio de 2025 ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. El hallazgo es parte de una serie de auditorías a las declaraciones patrimoniales juradas que la Contraloría realiza a servidores del sistema de justicia.
Desde el inicio de su gestión, el 29 de noviembre de 2023, Torres ha impulsado una estrategia de control patrimonial que ya ha dado lugar a 110 informes sobre jueces, fiscales y funcionarios judiciales, de los cuales 59 —más de la mitad— derivaron en indicios de responsabilidad penal (IRP) por presunto enriquecimiento ilícito. Estos informes han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado.
“Estamos hablando de jueces que no pueden justificar montos de uno, dos o hasta tres millones de dólares”, explicó el contralor durante su intervención. Señaló que, si bien podrían existir errores menores, como montos no declarados de cinco mil o diez mil dólares, los casos que la Contraloría ha detectado involucran cifras “exageradas”, imposibles de justificar con los ingresos legales de los funcionarios auditados.
El análisis de las declaraciones patrimoniales se realiza con el apoyo de herramientas de aprendizaje automático y análisis de datos, que permiten detectar discrepancias entre los ingresos reportados y los activos de los funcionarios. Estas herramientas procesan información sobre bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, deudas e inversiones. En esta fase de control, la Contraloría también examina los patrimonios de los cónyuges e hijos menores de edad de los funcionarios investigados.
En total, además de los 110 informes ya emitidos, se encuentran en ejecución otras 60 auditorías a funcionarios del sistema judicial, y se han iniciado siete exámenes adicionales en el segundo semestre de 2025. Las provincias con mayor número de casos son Pichincha, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Según Torres, esta estrategia de control patrimonial no se limita al sistema judicial, sino que se ha extendido a otras entidades públicas, incluyendo la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas.
En respuesta a los cuestionamientos de los legisladores sobre la eficacia de las acciones de control, Torres reconoció que la Contraloría enfrenta limitaciones estructurales: actualmente cuenta con solo unos 700 auditores para fiscalizar más de 3.400 instituciones del Estado, lo que dificulta realizar auditorías de manera oportuna y exhaustiva. A pesar de estas limitaciones, anunció la implementación de auditorías forenses especializadas y el fortalecimiento de las unidades de auditoría interna, que habían sido eliminadas en administraciones anteriores.
El contralor también reconoció la existencia de corrupción interna dentro de la propia Contraloría. “Encontré vacunadores”, afirmó, refiriéndose a funcionarios que presuntamente extorsionaban a entidades auditadas para archivar o manipular informes. Torres aseguró que desde su llegada se han implementado procesos de depuración, se han removido directores que llevaban hasta 15 años en sus cargos y se han abierto procesos penales por irregularidades detectadas internamente.
Como medida de prevención, la Contraloría busca institucionalizar la auditoría judicial, un tipo de examen que no revisa el fondo de las sentencias, sino los tiempos procesales, cumplimiento de plazos y productividad de los jueces. Esta auditoría se realizará en coordinación con la Corte Nacional de Justicia y con apoyo técnico internacional.
El contralor cerró su comparecencia destacando que, aunque la Fiscalía es la encargada de procesar penalmente los casos, su institución hace un seguimiento permanente de los expedientes para evitar que se archiven. “Seguimos atrás verificando que la investigación avance”, dijo. No obstante, varios asambleístas expresaron preocupación por la lentitud del sistema judicial y pidieron que se informe públicamente sobre el estado procesal de los casos remitidos a la Fiscalía, algunos de los cuales tendrían años sin resolución.
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