
La muerte de seis personas que vivían a la intemperie en Uruguay obligó al gobierno de Yamandú Orsi a apurar un plan para atender una emergencia agravada por las bajas temperaturas. La reacción del Poder Ejecutivo fue un decreto de alerta roja por el frío extremo que atraviesa el país en los últimos días y que, por ahora, no tiene fecha de finalización.
Haber decretado una alerta roja le dio al gobierno las herramientas legales para evacuar de manera obligatoria a todas las personas que por la noche estén a la intemperie. Si se resisten, son llevados por la policía a los centros de evacuación que dispuso el gobierno o a refugios.
La oposición de Uruguay considera que la respuesta que dio el gobierno a este asunto fue “tardía” y, por tanto, decidió convocar al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, al Parlamento. El secretario de Estado compareció este martes ante los legisladores y anunció que el gobierno tiene la necesidad de hacer un nuevo censo para tener cifras más certeras sobre la vida en la calle. Este estudio estaba planificado para 2026, pero la intención es adelantarlo, según las explicaciones que dio el ministro consignadas por El País.

“La problemática se ha venido agravando de forma permanente y estamos obteniendo nueva información a partir de lo que estamos haciendo. Tenemos un dato de 2023 (por el censo) que nos dice que hay 2.700 personas en Montevideo que están en centros de contingencia y nocturnos, o a la intemperie. No tenemos datos fiables en el interior”, expresó el ministro en una conferencia de prensa.
Civila señaló que, hasta ahora, el problema de la gente que vive en la calle se enfoca en Montevideo y sus alrededores, pero no se considera que hay 900 personas abarcadas por el sistema del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el interior del país. “Realmente el fenómeno ha tenido un cambio en términos de distribución geográfica. Evidentemente las 3.000 personas que manejaba el censo de 2023 no es un número que refleje la realidad”, señaló Civila.

Las cifras oficiales son de hace dos años y, explicó el ministro, no es posible “estimar” los números actuales sobre personas en situación de calle con “rigor científico”.
Después de decretar la alerta roja, el Estado uruguayo ha recurrido a centro de contingencias –además de los refugios del Mides– para que las personas que no tienen hogar puedan pasar la noche. El gobierno anunció este martes un quinto lugar, en el viejo aeropuerto de Carrasco, donde se habilitaron 60 plazas. La apertura obedece a la “alta demanda” que hubo, según la explicación oficial. En estos lugares se les ofrece alimentación, ropa de cama y abrigo a los usuarios.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, declaró este martes que el Mides amplió su capacidad de atención. El jerarca –que tiene un rol similar al de jefe de gabinete– destacó que la sociedad uruguaya “decidió no tolerar que personas durmieran en la calle en las actuales condiciones climáticas”.

“Desde el inicio del Plan Invierno ha sido un gran desafío la captación de personas en situación de calle, y la alerta ha permitido lograrlo”, dijo Sánchez. Sin embargo, consideró que el gobierno está trabajando en “soluciones estructurales” para cuando termine la alerta.
Para la oposición, sin embargo, la respuesta del gobierno fue tardía.
“El Mides actuó tarde, no pudo cumplir sus cometidos y le trasladó sus funciones al Sistema Nacional de Emergencia”, dijo la diputada del Partido Nacional Fernanda Auersperg, quien fue jerarca de ese ministerio durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
La legisladora aseguró que las medidas que tomó el gobierno son “paliativas” y no resuelven temas de fondo.
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