El gobierno de Brasil recurrirá al Tribunal Supremo para intentar salvar un decreto fiscal derogado por el Congreso, lo que agrava la pugna entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y legisladores por sus medidas para sanear las cuentas públicas.
El gobierno pedirá al máximo tribunal que restablezca el decreto, alegando que su derogación fue inconstitucional y violó la separación de poderes, según informó el martes el fiscal general Jorge Messias.
La suspensión afectaba a políticas fiscales y económicas responsabilidad del poder ejecutivo, dijo Messias, y añadió que la apelación se basa en motivos legales, no políticos. La medida, aunque esperada, amenaza con empeorar las relaciones entre Lula y el Congreso hasta el final de su mandato en 2026, en momentos en que el gobierno enfrenta crecientes retos para alcanzar sus objetivos fiscales para este año y el próximo.
La semana pasada, el Congreso votó por abrumadora mayoría a favor de bloquear el decreto que pretendía aumentar los llamados impuestos IOF sobre algunas transacciones financieras. Fue una medida poco habitual y un duro golpe para un paquete fiscal destinado a permitir al ministro de Hacienda, Fernando Haddad, equilibrar este año la balanza presupuestaria primaria, la cual excluye los pagos de intereses.
Haddad fue uno de los aliados de Lula que abogó por recurrir al Supremo para salvar el decreto, el cual generaría 10.000 millones de reales (USD 1.800 millones) en ingresos, y que forma parte de un paquete más amplio que reportaría al fisco, según el gobierno, más de 30.000 millones de reales para fines de 2026.
El ministro de Hacienda ha argumentado que la medida busca eliminar distorsiones fiscales que permiten a los ricos pagar menos impuestos que los brasileños con menos ingresos. El gobierno ha tratado de presentar al Congreso como defensor de los superricos para reforzar el apoyo político desde la revocación del decreto.
El presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, criticó los argumentos del gobierno en un vídeo publicado el lunes en redes sociales, afirmando que la administración de Lula estaba “intentando crear polarización social”. La oficina de Motta no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios y el legislador se encuentra actualmente de viaje en el extranjero.
La oposición criticó la apelación. “Subir los impuestos está en el ADN del gobierno”, afirmó el congresista Sostenes Cavalcante, líder del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro en la cámara.
Un partido de izquierda conocido como PSOL presentó la semana pasada un recurso por separado ante el tribunal superior.
(Bloomberg)
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