La oposición nicaragüense exigió a la OEA retomar en su agenda la crisis de su país

Desde el exilio, la Concertación Democrática Nicaragüense denunció una persecución transnacional orquestada por el régimen de Daniel Ortega

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La opositora Concertación Democrática Nicaragüense
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense exigió este miércoles a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) incluir entre sus temas de agenda la situación de Nicaragua (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)

La opositora Concertación Democrática Nicaragüense exigió este miércoles a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) incluir entre sus temas de agenda la situación de Nicaragua, que vive una crisis sociopolítica y de derechos humanos desde abril de 2018.

“En el marco de esta 55ª Asamblea General nos dirigimos a ustedes con carácter urgente para solicitar la reincorporación del caso de Nicaragua en la agenda sustantiva de la OEA, a la luz de nuevos elementos que agravan la crisis y la proyectan más allá de sus fronteras”, planteó ese movimiento opositor nicaragüense desde el exilio a través de una carta enviada a los ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de la Asamblea General.

Esa organización política argumentó que se debe incluir en la agenda la crisis en Nicaragua, debido a que existe una “persecución transnacional documentada” de parte del Estado nicaragüense contra opositores y críticos.

En ese sentido, citó el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, que señaló “con claridad que la represión política del régimen” de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha adquirido una dimensión transfronteriza, alcanzando a exiliados, activistas y críticos fuera del territorio nicaragüense”.

“Esta afirmación se ve confirmada por hechos concretos como el asesinato (el jueves pasado) del mayor en retiro Roberto Samcam en Costa Rica, así como múltiples casos de espionaje, agresiones, destierros, desnacionalizaciones y apatridia de facto”, continuó ese grupo político.

Otro argumento para que el tema de Nicaragua sea discutido en la Asamblea General de la OEA es porque “el régimen ha facilitado el uso del aeropuerto internacional de Managua como punto de tránsito irregular de migrantes, incluyendo personas provenientes de zonas en conflicto”.

Fotografía de archivo de opositores
Fotografía de archivo de opositores nicaragüenses (EFE/Jeffrey Arguedas)

“Esta práctica, en el contexto de una guerra híbrida, representa un riesgo real de infiltración de actores vinculados al terrorismo internacional, afectando directamente a países como Estados Unidos, México, Canadá y otras naciones del istmo centroamericano”, advirtió.

“La OEA no puede permanecer en silencio”

Además, según ese movimiento, “la combinación de represión sistemática, desplazamiento forzado y alianzas opacas convierte a Nicaragua en un foco de inestabilidad regional”.

“La OEA, como garante de la Carta Democrática Interamericana, no puede permanecer en silencio ante una dictadura que exporta represión y pone en riesgo la paz hemisférica”, agregó.

Asimismo, ese grupo pidió a la OEA “la creación de un mecanismo especial de seguimiento y alerta temprana sobre la represión transnacional y sus implicaciones”.

Además, impulsar políticas de protección efectivas para los exiliados y refugiados nicaragüenses; y promover acciones multilaterales para frenar la impunidad y prevenir el uso instrumental de flujos migratorios con fines desestabilizadores".

También “mayor coordinación e intercambio de información para identificar y detectar células terroristas dormidas que hubieran aprovechado las facilidades brindadas por Nicaragua para el ingreso a la región de personas sospechosas, provenientes de la zona de conflicto en el Medio Oriente” .

El país centroamericano atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.

(Con información de EFE)