Tras un sumario interno, el titular de Ministerio Público, Ángel Valencia, confirmó la remoción del fiscal antidrogas de Rancagua, Jorge Mena, señalado por llegar a acuerdos con la defensa de narcotraficantes a fin de cerrar casos con celeridad, pero con penas menores. El máximo persecutor chileno también informó que otro fiscal fue cesado en su cargo, aunque declinó dar por ahora su identidad y la razón de su destitución.
En conversación con CNN Chile Radio, Valencia detalló que “notificamos la resolución que remueve a dos fiscales en investigaciones administrativas (...) La investigación tiene que ver con sus deberes disciplinarios, con el cumplimiento de sus deberes funcionarios en la tramitación de las causas que se encuentran a su cargo (…) el día de ayer firmé la resolución que los remueve”, señaló.
Cabe señalar que Mena se encontraba bajo la lupa desde mayo de 2024, cuando un reportaje del sitio de investigación Ciper reveló sus presuntos lazos con la defensa de ciertos narcotraficantes -en particular clientes de los abogados Alex Ruz y Luis Valdenegro- con quienes habría acordado procedimientos abreviados, reducción de penas y hasta la expulsión del país de imputados extranjeros, lo que en varios casos habría evitado condenas más severas.
Sin embargo, y a pesar de estar bajo sumario, Mena fue reasignado a otras investigaciones -específicamente robos-, lo que provocó las quejas de defensores públicos y privados.
Respecto al segundo fiscal, Valencia se limitó a informar que se desempeñaba en la Región de Magallanes y que fue destituido “por razones diferentes” al ahora exfiscal Mena.
“Debido proceso”
Tras conocerse la noticia, la fiscal Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), lamentó la resolución del Fiscal Valencia y dijo estar segura del “compromiso de cada uno de los fiscales de Chile para cumplir con la ley, los principios y también con las normas relativas a las investigaciones y a la probidad”.
De paso, recordó que aunque la facultad de remover de su cargo a un fiscal es prerrogativa del jefe del Ministerio Público, desde la ANF esperan que “dentro de esta facultad y en los procedimientos se hayan respetado las normas del debido proceso, y también el derecho a defensa”.
Debido a esto, aseguró que serán los propios fiscales afectados “quienes evaluarán si efectivamente recurren ante alguna instancia judicial por la decisión tomada por el Ministerio Público”.
Al cierre, la fiscal Ibarra manifestó el compromiso de los funcionarios del Ministerio Público en “cumplir las normas, para tramitar, para investigar y para dar protección a las víctimas conforme al mandato que nos ha sido entregado por la Constitución y las leyes, exenta de cualquier reproche interno o externo (...) Ese es nuestro compromiso y así continuaremos también trabajando por nuestra sociedad”, remató.
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