El gobierno de Brasil no tiene planes inmediatos de presentar nuevas medidas fiscales tras los reveses sufridos en el Congreso, y en su lugar tratará de persuadir a los legisladores para que no bloqueen las subidas de impuestos propuestas, según dos funcionarios con conocimiento de la situación.
La Cámara de Diputados aprobó el lunes una iniciativa para revocar un decreto que incrementa los llamados impuestos IOF sobre ciertas transacciones financieras. Fue un golpe a los esfuerzos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por cumplir sus metas fiscales y reforzar el presupuesto.
El decreto forma parte de un paquete fiscal más amplio que se basa en aumentos impositivos y eliminación de exenciones para generar unos 50.000 millones de reales (USD 9.100 millones) en ingresos durante los próximos dos años. La estrategia ha despertado oposición entre líderes del Congreso, que han pedido al gobierno que proponga recortes de gasto para abordar problemas estructurales del presupuesto.
Sin embargo, el equipo económico de Lula considera que poner fin a ciertas exenciones ya responde a esas demandas, al corregir distorsiones del sistema tributario, dijeron los funcionarios, que pidieron anonimato por tratarse de negociaciones delicadas.
Los incentivos fiscales le cuestan a Brasil cerca de 800.000 millones de reales al año y limitan el margen presupuestario para nuevos gastos e inversiones, agregaron. En lugar de modificar el plan, el gobierno buscará ganar tiempo para explicar a los legisladores por qué sus propuestas son razonables.
La iniciativa para bloquear el decreto fiscal amenaza con aumentar la presión sobre el cumplimiento de la meta de 2025, que prevé la eliminación del déficit fiscal primario, excluidos los pagos de intereses.
No obstante, el presidente de la Cámara, Hugo Motta, se comprometió a no avanzar de inmediato con la votación, lo que dará margen al gobierno para negociar y detallar su propuesta ante el Congreso, según los funcionarios.
Ese tiempo también permitirá abordar otra fuente de tensión política: la demora en la liberación de fondos parlamentarios, conocidos como enmiendas, destinados a financiar proyectos en los estados de origen de los legisladores.
Motta, quien apoyó inicialmente el paquete fiscal pero dio marcha atrás la semana pasada, expresó su frustración por los retrasos en la entrega de esos recursos en una reciente reunión con Lula. Liberar dichos fondos podría fortalecer el respaldo político al plan fiscal, según las fuentes.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ya ha modificado su propuesta original sobre el impuesto IOF, que venía acompañada de un congelamiento presupuestario de 31.000 millones de reales y buscaba generar unos 60.000 millones de reales en ingresos en dos años.
Tras reuniones con líderes legislativos, entre ellos el propio Motta, Haddad presentó una versión simplificada del decreto del IOF, junto con una medida adicional que eleva los impuestos sobre la renta de inversiones y otros gravámenes.
El ajuste se produjo luego de que el mercado reaccionara con preocupación ante señales de posibles controles a los flujos de capital.
(Bloomberg)
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