La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó la intervención administrativa de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, las dos ciudades más importantes del país, por presuntas “irregularidades” en la gestión de sus presupuestos.
Esta medida podría implicar la suspensión de los alcaldes de ambas ciudades mientras avance el proceso.
Durante una sesión extraordinaria, los legisladores trataron propuestas del Ejecutivo enviadas a solicitud de la Contraloría General, organismo que detectó “graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes comunales”.
Luego de la aprobación en la Cámara Baja, el Ejecutivo dispone de 15 días para firmar el decreto de intervención y para designar a quienes dirigirán el procedimiento.
De acuerdo con la legislación paraguaya, los intendentes serán suspendidos de sus funciones durante la intervención.
El personal designado para la intervención tendrá 60 días para entregar un informe al Ejecutivo, y este, a su vez, deberá remitirlo al Congreso.
En el caso de la alcaldía de Asunción, liderada por Óscar Rodríguez del Partido Colorado, la intervención recibió 74 votos a favor y uno en blanco.
En Ciudad del Este, localidad clave por el comercio con Brasil y Argentina, la intervención contó con 47 votos a favor, 27 en contra y 4 en blanco. Allí gobierna el opositor Miguel Prieto, quien ha manifestado su interés de competir en las elecciones presidenciales de 2028.
El Ministerio del Interior solicitó el 21 de mayo a los diputados que formaran dos comisiones especiales para examinar los hechos denunciados por la Contraloría. Dichas comisiones quedaron conformadas seis días después.
En lo referente a Asunción, la comisión especial votó de manera unánime por la intervención. Para Ciudad del Este, hubo dos posturas: una aprobada por mayoría a favor de la medida y otra minoritaria en contra.
Algunos legisladores opositores, como la diputada Johana Ortega, rechazaron la decisión sobre Ciudad del Este, calificándola de “revancha política”.
Ortega señaló: “La decisión ya estaba tomada, porque hoy Miguel Prieto es lo que en dictadura conocíamos como un perseguido político”, y comparó el caso con episodios de la época del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989).
Por el lado opuesto, el diputado oficialista Hugo Meza defendió la legalidad de la figura, argumentando que Prieto tenía un “faltante” de 42.000 millones de guaraníes (aproximadamente 5,2 millones de dólares) en el presupuesto de la alcaldía.
En cuanto a Asunción, la opositora Rocío Vallejo criticó que el intendente emitió bonos por 580.000 millones de guaraníes (unos 72,8 millones de dólares) para obras públicas que no se realizaron, según sus declaraciones.
“¿Dónde está el chiste de emitir bonos, usar para gastos corrientes y no realizar las obras? Y el asunceno es el que luego va a tener que afrontar toda esta deuda”, expresó Vallejo.
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