La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este martes que “muchos” extranjeros detenidos en Venezuela por motivos presuntamente políticos permanecen incomunicados, sin contacto con sus consulados y sin garantías judiciales. La organización asegura que se trata de una práctica sistemática que viola el derecho internacional y que podría constituir un caso de “diplomacia de rehenes”.
“Muchos han sido privados de libertad sin acceso a sus consulados, sin defensa adecuada, sin información a sus familias. Algunos incluso enfrentan cargos inverosímiles o juicios irregulares”, afirmó JEP en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que exigió la liberación inmediata de estos detenidos, entre ellos ciudadanos con doble nacionalidad.
La ONG calificó esta política de detención como un acto “deliberado de aislamiento” y recordó que el respeto a los convenios internacionales “no es opcional”. La práctica de “encarcelar extranjeros por razones de Estado o como represalia política”, advirtió la organización, se ajusta a lo que la doctrina internacional define como “diplomacia de rehenes”.
Según el Foro Penal, otra reconocida organización de derechos humanos, actualmente hay 927 presos políticos en el país, 82 de ellos con doble nacionalidad, en su mayoría detenidos tras los cuestionados comicios en los que el oficialismo proclamó vencedor a Nicolás Maduro en julio 2024. La oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, denunció fraude y aseguró haber ganado las elecciones.
En un comunicados anterior, el Foro Penal señaló que 734 de los presos son civiles y 167 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La ONG agregó que, desde 2014 hasta la fecha, ha registrado 18.320 “detenciones políticas” en Venezuela.
Por su parte, la dictadura de Venezuela niega la existencia de presos políticos y sostiene que todos los detenidos lo están por haber cometido delitos. Según la Fiscalía, más de 2.400 personas fueron detenidas -de las cuales han sido excarceladas 2.006, por generar “violencia” durante las protestas poselectorales.
En mayo, el Ejecutivo denunció la captura de más de 70 personas —entre ellas ciudadanos de nacionalidad pakistaní, albanesa, argentina y alemana—, a quienes acusa de participar en un supuesto complot para sabotear las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo.
En medio de este clima de tensión y señalamientos cruzados, los reclamos por transparencia, respeto a los convenios internacionales y liberación de los detenidos se intensifican, mientras las autoridades venezolanas mantienen su postura firme frente a las acusaciones.
(Con información de EFE)
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