Crece la tensión en Bolivia: detuvieron al dirigente evista Enrique Mamani tras amenazar a miembros del Tribunal Supremo Electoral y sus familias

En medio de la creciente tensión que se vive en Bolivia, la noche de este viernes, la Policía local detuvo al dirigente evista Enrique Mamani, uno de los promotores de los recientes bloqueos que en días pasados lanzó duras amenazas contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sus familias.

La captura de Mamani se produjo en Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, cuando agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ejecutaron la orden de aprehensión.

Mamani había participado horas antes en una conferencia de prensa junto a otros dirigentes evistas, donde lanzó amenazas directas al presidente Luis Arce y reiteró su exigencia de habilitar a Evo Morales como candidato presidencial. “Estás a punto de caer”, advirtió al jefe de Estado, mientras que en días previos había dirigido amenazas contra los vocales del TSE y sus familiares, exigiendo la inscripción del líder indígena para las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

“Tenemos identificado al señor Hassenteufel, su casa, que vive en la calle (…). También tenemos identificado del señor Tahuichi Tahuichi, en la calle (…). Ustedes son los únicos responsables de que hoy en día las organizaciones sociales estén movilizadas en las calles”, expresó en un video publicado el pasado 30 de mayo. Además, advirtió que, si no se inscribía a Morales, publicaría la lista de familiares de los vocales.

“Podrán detener dirigentes evistas, pero nunca lograrán intimidar ni asustar al pueblo movilizado. El bloqueo sigue”, escribió Nelson Cox, abogado de Morales, tras la detención de Mamani.

El contexto de la detención de Mamani se enmarca en una semana de bloqueos de carreteras protagonizados por sectores leales a Evo Morales. Inicialmente, los manifestantes exigían la habilitación del ex presidente como candidato, pero rápidamente sumaron la demanda de renuncia del presidente Luis Arce, a quien responsabilizan por la crisis económica. Los bloqueos se concentran principalmente en el centro del país, afectando rutas clave como la que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz.

Por su parte, el viernes por la noche continuaban los enfrentamientos en Parotani. Seguidores de Morales intentaron retomar el bloqueo en el puente de la localidad, mientras la policía respondió con gases lacrimógenos para impedirlo. El reporte preliminar de la policía, citado por El Deber, indica que dos uniformados resultaron heridos por el uso de explosivos.

La policía presume que los bloqueadores aprovecharon la oscuridad para emboscar a los agentes que resguardaban el puente. El operativo para mantener despejada la vía interdepartamental se reforzó ese día con la presencia de unos 700 efectivos, en una acción coordinada para garantizar el tránsito entre Cochabamba, Oruro y La Paz.

Durante una inspección vehicular en Parotani, la policía detuvo a siete personas —dos mujeres y cinco hombres— tras descubrir que uno de ellos portaba un arma de fuego. El comandante de la policía de Cochabamba, coronel Edson Claure, informó que se incautaron cinco armas (cuatro de aire comprimido y una calibre 9 milímetros), billetes falsos en cortes de 200 bolivianos, una granada de gas pimienta, otra de gas lacrimógeno, manillas y uniformes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Claure señaló que el grupo posiblemente planeaba subir al puente para tomar imágenes y grabaciones con el fin de dañar la imagen institucional de la policía, aunque no descartó que pudieran pertenecer a una organización criminal dedicada al volteo de sustancias controladas.

El comandante también reportó la aprehensión de 19 personas que intentaban reactivar los bloqueos en la ruta entre Cochabamba y Parotani. Las autoridades nacionales denunciaron que las acciones de los manifestantes han dejado hasta el momento 32 heridos, entre policías y personal de salud, y los acusan de impedir el paso de ambulancias y atacar vehículos de transporte público y privado.

En paralelo, la policía boliviana dispuso el repliegue de sus agentes en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Evo Morales. Según explicó Claure a los medios, la decisión busca proteger la integridad física de los funcionarios policiales ante las amenazas recibidas en la región, que comprende seis municipios en las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque. Morales lidera desde hace décadas a las Seis Federaciones del Trópico, el mayor sindicato de productores de hoja de coca del país.

No es la primera vez que la policía se retira del Trópico de Cochabamba. En octubre del año anterior, los agentes se replegaron durante 48 días tras amenazas de sectores afines a Morales, en medio de un bloqueo de caminos para evitar su captura por una investigación de presunta trata de personas. Desde entonces, Morales permanece en la zona cocalera.

El conflicto se agravó cuando el Ejército boliviano denunció que un camión militar con personal y soldados fue retenido en la localidad de Colomi, también en Cochabamba. Un video difundido en redes sociales muestra a manifestantes obligando a los soldados a descender del vehículo con violencia. Según la radio cocalera Kawsachun Coca, la reacción de los manifestantes respondió a una supuesta orden de intervención militar en el Trópico, versión que el Ejército desmintió. La institución aclaró que los militares pertenecen a un regimiento en Colomi y se dirigían a actividades rutinarias de instrucción del curso de Policía Militar. La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, confirmó que los soldados fueron liberados, aunque los manifestantes retuvieron el camión y los equipos transportados.

El trasfondo de la crisis radica en la pugna por la candidatura presidencial. Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, insiste en postularse pese a que el Tribunal Constitucional ratificó que la reelección solo está permitida una vez de forma continua, sin opción a un tercer mandato. Morales renunció al Movimiento al Socialismo (MAS) tras disputas con Arce por el control del partido y la administración del Estado, perdiendo el liderazgo que mantuvo durante casi tres décadas.

El Ejecutivo, en respuesta a las movilizaciones y bloqueos, presentó una demanda penal contra Morales por delitos como terrorismo y obstaculización de procesos electorales. Mientras tanto, otros dirigentes evistas también enfrentan procesos judiciales. Ponciano Santos, por ejemplo, se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro por delitos relacionados con el bloque evista de octubre de 2024 y fue imputado por violencia política tras insultar a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

En este escenario, los sectores leales a Morales mantienen los bloqueos y las protestas, mientras el gobierno refuerza la presencia policial en puntos estratégicos y enfrenta críticas por la gestión de la crisis. Las autoridades insisten en que los bloqueos afectan la circulación de ambulancias y el transporte de bienes y personas, mientras los manifestantes sostienen su exigencia de habilitar a Morales como candidato y demandan la salida de Arce del poder.