Bukele habló sobre las denuncias por los arrestos de activistas de Derechos Humanos en El Salvador: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este domingo que no le importa ser llamado “dictador” pese a las críticas por la detención de activistas y la represión contra organizaciones de derechos humanos. Bukele defendió su mano dura contra las pandillas y rechazó los señalamientos que lo acusan de autoritarismo, argumentando que su prioridad es mantener la paz y la seguridad en el país.

Durante un discurso en el Teatro Nacional, donde conmemoró el primer año de su segundo mandato, Bukele acusó a las ONG de hacer activismo político y de proteger a criminales, y criticó a la prensa por unirse a lo que calificó como un “ataque organizado” con apoyo internacional.

“Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, sostuvo.

Bukele subrayó que, a pesar de las críticas, su gobierno presenta “más resultados que cualquier otro en toda nuestra historia”. “Prefiero que me llamen dictador pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados y contrario a las mentiras que ellos difunden día y noche”, agregó.

Las críticas contra Bukele aumentaron tras la detención, el 18 de mayo, de Ruth López, abogada de una ONG que investigaba casos de supuesta corrupción estatal y asistía a familias de venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador. La Fiscalía General acusa a López de peculado cuando fue asesora del Tribunal Electoral, pero organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que esta acción busca silenciar a defensores de derechos humanos.

Organismos humanitarios denuncian una “escalada autoritaria” del gobierno que aprovecha el régimen de excepción impuesto hace tres años en la guerra contra las pandillas para perseguir a críticos. En los últimos meses, además de López, han sido arrestados activistas que apoyaron protestas campesinas y líderes de derechos humanos acusados de vínculos con pandillas, como Fidel Zavala, dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC).

En su discurso, Bukele defendió la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a ONG a registrarse y a pagar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben. Esta ley, similar a la aplicada en Rusia y Nicaragua, ha sido criticada por limitar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

“Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho… suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en realidad solo se usan para mantenernos sometidos”, afirmó Bukele ante la Asamblea Legislativa, en una sesión solemne en el Teatro Nacional.

Su administración mantiene encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a 252 venezolanos y 36 salvadoreños deportados por Estados Unidos, acusados sin pruebas de delitos criminales. La llegada de estos migrantes, con el cabello rapado y esposados, fue difundida ampliamente por el gobierno en redes sociales, mientras abogados denuncian que sufren “torturas físicas y morales”.

Bukele, empresario de 43 años y publicista de ascendencia palestina, controla actualmente el Congreso, la Fiscalía, la Corte Suprema y otras instituciones estatales, lo que sus críticos interpretan como una concentración de poder. Su reelección, obtenida con un 85% de apoyo popular, es cuestionada porque fue permitida por un fallo judicial que rompió la prohibición constitucional de la reelección.

La directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, afirmó que “en este primer año del segundo mandato inconstitucional hay una escalada autoritaria. Es la consolidación de la dictadura”.

Bukele también estrechó su alianza con el presidente estadounidense Donald Trump en políticas antimigrantes y de mano dura contra las pandillas, lo que le ha garantizado apoyo internacional, pero también ha generado rechazo de organizaciones de derechos humanos.

El mandatario atribuye sus medidas estrictas a la necesidad de garantizar la seguridad de los salvadoreños y reducir la violencia, que históricamente fue una de las más altas en América Latina. Desde el inicio de su gestión, su “guerra contra las pandillas” ha logrado reducir homicidios y crímenes violentos a niveles no vistos en décadas.

“Se dice que un voto es más poderoso que una bala”, afirmó Bukele al votar anticipadamente en 2024, en referencia al apoyo ciudadano a su modelo de seguridad y su estilo autoritario.

Sin embargo, la tensión política y social sigue aumentando debido a la persecución de opositores y activistas. La comunidad internacional, a través de organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, ha llamado a garantizar el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en El Salvador.

El presidente salvadoreño sostiene que su prioridad es la paz y que está dispuesto a enfrentar críticas con tal de proteger a su país de la violencia y el caos. Mientras tanto, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos continúan denunciando un giro autoritario y la erosión de las garantías democráticas en el país centroamericano.

(Con información de EFE y AFP)