Más de 1.000 estatales ya han dejado sus puestos tras el escándalo de las licencias médicas en Chile

Continúan los coletazos tras el informe de la Contraloría General de Chile (CGR) que reveló que 25.078 mil empleados públicos salieron del país luego de haber pedido licencias médicas, entre los años 2023 y 2024.

La noticia se convirtió en una verdadera bola de nieve y mientras desde la oposición aseguraron que recurrirán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público a fin de perseguir y sancionar a los infractores, desde el Gobierno anunciaron una batería de informes y sumarios internos en todas las reparticiones apuntadas, que suman 788.

Este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó las cifras de los sumarios que se abrieron y, sobre todo, la de los funcionarios que ya dejaron sus puestos.

En un concurrido punto de prensa, el encargado de la billetera fiscal informó que 6.592 trabajadores están siendo sumariados y que 1.102 trabajadores ya dejaron sus puestos, aunque no precisó quiénes lo hicieron de manera voluntaria y quienes no.

Según Marcel, “todos los ministerios ya han iniciado procesos sumariales. Hay 131 instituciones que ya iniciaron sumarios. Los funcionarios con inicio de sumario son 6.592”, partió su alocución.

“La cifra de las personas que han dejado la administración a la fecha de hoy habiendo incurrido en algunas de estas prácticas son 1.102 del gobierno central, no incluye a municipalidades”, agregó.

Sobre a la antigüedad en sus puestos de los funcionarios apuntados, Marcel sostuvo que “se estima que aproximadamente uno de cada 10 funcionarios involucrados en estos casos ingresaron al Estado a partir del año 2022, mientras que (los otros) nueve habían iniciado sus funciones en los años anteriores”.

Además, detalló que los 36 mil viajes fuera del país detectados por la Contraloría corresponden a unos 25 mil trabajadores, puesto que muchos de ellos salieron más de una vez de Chile mientras estaban con licencia médica.

“De estos 36 mil hay una fracción que corresponde a 1/3 que son de las administración central y el 60% restante corresponde a las municipalidades y la fracción que quedan son universidades y empresas públicas”, aseguró.

Asimismo, la autoridad de gobierno explicó que los sumarios que se implementaron “no son investigaciones” y se trata de procesos relativamente simples y cortos que incluyen sólo tres preguntas: la causa de la licencia, los viajes hechos y su motivo o razón.

“Esto no requiere convocar a testigos ni una investigación amplia, es un sumario relativamente sencillo de aplicar”, señaló.

Finalmente, tocante a los resultados de estos sumarios, Marcel hizo la distinción entre sanciones penales y administrativas.

“Entre las consecuencias está el rechazo de las licencias, la devolución de los fondos al empleador, es decir, al servicio en el cual trabaja. En cuanto a las sanciones, pueden incluir la destitución o suspensión con reducción de sueldo. Por supuesto, puede haber sobreseimiento o absolución en casos específicos, como los casos de licencias maternales que no son incompatibles con el hecho de viajar”, sostuvo.

Luego vino el turno de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien informó que el plazo para terminar estos sumarios es “de aquí a un mes”.

“Dentro de la calendarización que tenemos es que, una vez iniciado la totalidad de los sumarios, podamos hacer llegar la información al Consejo de Defensa del Estado (CDE), porque vamos a necesitar apoyo a otras instituciones del Estado para la recuperación de los fondos”, indicó.

Ello, debido a que dichas devoluciones de dineros “no es algo que se haga automáticamente, depende de los informes que pueda hacer el resto de las instituciones y de las personas que tengan que devolver los recursos”, remató.