El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, envió este 27 de mayo de 2025 a la Asamblea Nacional su segundo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. Se trata de la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, una propuesta que busca reformar profundamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y la Ley Orgánica del Servicio Público, con el objetivo de combatir la corrupción, agilizar los procesos de compras públicas y mejorar el desempeño de los servidores estatales.
La propuesta tiene como eje central la necesidad de transformar el modelo de contratación del Estado ecuatoriano, al que se acusa de ser ineficiente, vulnerable a la corrupción y excesivamente burocrático. En su exposición de motivos, el Ejecutivo sostiene que los actuales procedimientos de contratación pública fomentan la discrecionalidad, generan sobrecostos y desalientan la participación de nuevos proveedores.
Cita como ejemplo que el 64% de los procesos de compra reciben una o dos ofertas como máximo y que los regímenes especiales (de contratación directa), más costosos en un 20%, siguen siendo ampliamente usados.
La reforma, que busca implementar mecanismos tecnológicos, estandarizar procesos y optimizar la transparencia, propone, entre otros cambios, una redefinición del rol del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Este órgano pasará a tener autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, y su director será designado directamente por el presidente de la República, con fuero de Corte Nacional de Justicia.
Además, la ley plantea cambios fundamentales en el Registro Único de Proveedores (RUP), que será actualizado automáticamente mediante interoperabilidad con bases de datos públicas y privadas. Los proveedores estarán obligados a mantener actualizada su información y aquellos que denuncien actos de corrupción podrán acceder a mejores calificaciones dentro del sistema.
La propuesta introduce también una reforma integral al Portal de Contratación Pública, que deberá operar bajo el principio de datos abiertos, permitir auditorías electrónicas y garantizar la trazabilidad completa de todos los procedimientos contractuales. La firma electrónica será obligatoria y los datos de cada contratación estarán disponibles para las entidades de control y para la ciudadanía.
En el ámbito de la función pública, el proyecto reforma el sistema de evaluación de los servidores estatales. Se exige la elaboración y aplicación obligatoria de manuales de descripción de puestos basados en competencias laborales, así como la evaluación semestral del desempeño, considerando indicadores como la eficiencia en la contratación. La falta de actualización de estos instrumentos será considerada una infracción grave.
Según el documento enviado a la Asamblea, esta reforma se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, en particular con los objetivos de fomentar un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social. También se aduce que su impacto será inmediato sobre la economía nacional, al permitir una ejecución más ágil de proyectos públicos y dinamizar el empleo a través de procesos de contratación más eficaces.
La calificación como urgente en materia económica se basa en tres criterios definidos por la Corte Constitucional: circunstancias apremiantes, conexidad plausible y efectos económicos inmediatos. En este caso, el Gobierno argumenta que el déficit fiscal del primer trimestre de 2025, que alcanzó los USD 726 millones. Además, estima que la corrupción en compras públicas podría estar costando al país hasta USD 930 millones anuales, según investigaciones recientes citadas por medios como Diario La Hora y estudios de organismos multilaterales como el BID.
También se mencionan casos emblemáticos como Metástasis, Purga y Encuentro, que expusieron redes de corrupción en empresas públicas y organismos del Estado, incluyendo a EMCO, CNEL y la Aduana, lo que refuerza la necesidad de una reforma estructural al sistema de compras.
El proyecto busca prevenir nuevas redes de corrupción, mediante un sistema de control intensivo desde la etapa precontractual, utilizando herramientas automatizadas y criterios objetivos. Además, se establece que los proveedores que participen en prácticas ilegales serán sancionados, y aquellos que colaboren con la justicia podrán obtener mejores condiciones en futuras contrataciones.
En términos de procedimiento, la Asamblea Nacional tiene 30 días para tramitar esta iniciativa debido a su carácter de urgencia económica. En caso de no aprobarla o archivarla, el presidente podrá promulgarla por el ministerio de la ley.
Este es el segundo proyecto urgente que envía el mandatario Noboa desde su reelección en abril de 2025. El primero, centrado en la lucha contra las economías criminales, fue remitido días antes.
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