Crece el escándalo por los más de 25 mil estatales chilenos que viajaron al extranjero estando con licencia médica

En una verdadera bola de nieve se ha convertido un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló que 25.078 mil empleados públicos salieron del país luego de haber pedido licencias médicas, entre los años 2023 y 2024.

La noticia provocó repudio transversal y mientras desde la oposición aseguraron que recurrirán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público a fin de perseguir y sancionar a los infractores, desde el Gobierno anunciaron una batería de informes y sumarios internos en todas las reparticiones apuntadas, que suman 788.

Este lunes, la contralora Dorothy Pérez llegó hasta la Comisión de Salud del Senado para explicar cómo se llevó a cabo el estudio, cita en la que realizó una severa crítica a los servicios públicos por no detectar estas malas prácticas a tiempo y anunció las medidas que el órgano fiscalizador implementará al respecto.

A modo de ejemplo, Pérez expuso el caso de una funcionaria de la Dirección de Presupuesto “con 332 días de licencias médicas que ejercía otras labores como psicóloga, y nosotros comprobamos a través del Servicio de Impuestos Internos que ella emitía boletas de honorarios en ese periodo y estaba además realizando actividades recreativas y lo publicaba en redes sociales, mientras estaba con su licencia médica”.

Otros casos corresponden a funcionarios que “se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica o en comisiones de servicio en el extranjero y la extendieron para poder viajar hacia otro continente con su licencia médica. Algunos funcionarios hicieron completos sus estudios en el extranjero con licencia médica”, acusó.

En paralelo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, calculó en USD 300 millones las pérdidas solo en el gobierno central y esta jornada informó que 131 organismo públicos comenzaron a aplicar lo sumarios correspondientes.

A renglón seguido, la contralora general de la República anunció sumarios administrativos en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), el organismo encargado de evaluar el estado de salud de las personas y visar el pago de dichas licencias médicas; la Superintendencia de Seguridad Social y Fonasa, el seguro público de salud chileno, a fin de “verificar una eventual falta de control” en sus obligaciones, los que de ahora en adelante serán anuales.

Además, aseguró que también se fiscalizará a Capredena y Dipreca, instituciones de seguridad social encargadas de administrar las pensiones y beneficios para las policías y las Fuerzas Armadas.

Finalmente, indicó que el organismo tiene puesto el ojo en “aquellos funcionarios que juegan en ambas bandos, ”porque hay funcionarios públicos que durante su licencia médica extendida (…) se encuentran en realidad trabajando para otro empleador privado”.

Por la tarde, el presidente Gabriel Boric, quien se encontraba monitoreando los daños ocurridos tras el paso de un tornado por la ciudad de Puerto Varas, señaló que “la postura del Gobierno y la mía personal es que cuando se defrauda la fe pública, tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas”.

“Quienes tengan que ser destituidos, tienen que ser destituidos. Acá no puede haber defensa corporativa de ningún tipo”, agregó taxativo.

De hecho, el primer damnificado resultó ser Raúl Domínguez Bastidas, jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), un viejo amigo y compañero del colegio del mandatario, quien presentó su renuncia el viernes pasado tras revelarse que viajó a Europa luego de haber emitido una licencia.

El segundo fue Marcos Barraza (PC), ex ministro de Desarrollo Social y Familia del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien renunció este lunes a su puesto como asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social tras aparecer en el listado de funcionarios que viajaron fuera del país con licencia, mientras trabajaba como jefe de gabinete de la ex edil de Santiago, Irací Hassler.

Finalmente, el Partido Republicano suspendió la militancia del alcalde de la comuna santiaguina de Macul, Eduardo Espinoza, quien visitó la ciudad peruana de Tacna estando con licencia médica el año pasado.