Juicio a Bolsonaro: testimonios contradictorios y la amenaza de sanciones de Trump que puede cambiar todo

El juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado, entró en plena actividad la semana pasada, una especie de ensayo general para entender cuál será el clima real cuando llegue el veredicto. Durante las audiencias celebradas en el marco de la investigación del llamado “núcleo 1”, es decir, el de los instigadores del supuesto intento de golpe de Estado de 2022 en Brasil para impedir la investidura de Lula, que había ganado las elecciones, surgieron versiones contradictorias entre los testigos y severos recordatorios del juez encargado del caso, Alexandre de Moraes, a testigos y abogados. En total, declararon cinco testigos, entre ellos los ex comandantes del Ejército, general Marco Antônio Freire Gomes, y de la Fuerza Aérea, general Carlos de Almeida Baptista Júnior. Ambos, según documentos judiciales, impidieron el supuesto golpe y ambos confirmaron ante el tribunal reuniones entre militares y miembros del gobierno de Bolsonaro. Baptista Júnior describió estas reuniones como parte de una trama golpista, mientras que Freire Gomes sólo habló de “estudios” constitucionales, afirmando haber recibido documentos de Bolsonaro sobre posibles decretos de la GLO (Garantía de la Ley y el Orden) que regulan el Estado de Defensa, pero aclarando que el Ejército no seguiría ninguna acción inconstitucional.

También hubo discordia en los relatos sobre el papel del ex comandante de la Marina, Almir Garnier Santos. Según Baptista Júnior, Garnier habría puesto tropas a disposición de Bolsonaro, apoyando así un posible intento de impedir la asunción del presidente electo Lula. Freire Gomes, por su parte, restó importancia al gesto, diciendo que no lo interpretaba como una conspiración, aunque en un testimonio anterior ante la Policía Federal había dicho lo contrario. “O falsificó la verdad ante la Policía Federal, o está falsificando la verdad aquí”, contestó el juez Moraes. Freire Gomes replicó que Garnier había dado su disponibilidad al presidente, pero que eso podría ser sólo “un gesto de respeto”. “No puedo decir cuáles eran las verdaderas intenciones del almirante”, añadió.

El actual comandante de la Marina, almirante Marcos Olsen, que fue llamado a declarar, afirmó que “en ningún momento hubo orden, planificación o movilización de blindados para impedir la investidura de Lula”. Los dos ex comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea también respondieron a las preguntas de los abogados del ex ministro de Justicia Anderson Torres, que intentaron desvincularlo de los hechos golpistas. Freire Gomes dijo que el “borrador del papel que decretaba el golpe” que se le mostró era similar al que se encontró en la casa de Torres. Sin embargo, ningún testigo confirmó órdenes directas o participación activa de Torres. Baptista Junior incluso corrigió lo que dijo a la Policía Federal y dijo que no estaba seguro de que Torres estuviera presente en las reuniones en las que se discutió el proyecto.

No faltaron momentos de tensión entre el juez Moraes y uno de los testigos, Aldo Rebelo, ex diputado federal del PCdoB, el Partido Comunista de Brasil entre 1991 y 2015 y ex ministro en Jefe de la Secretaría de Coordinación Política y Asuntos Institucionales de Brasil con Lula (2004-2005) y durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016) ministro de Deporte (2011-2015), de Ciencia (2015) y de Defensa (2015-2016). Rebelo había sido citado como testigo por la defensa del ex comandante de la Marina Almir Garnier Santos. Durante su interrogatorio por videoconferencia, Moraes le preguntó sobre la reunión en la que Garnier supuestamente dijo que estaba a disposición de Bolsonaro tras su derrota electoral en 2022. Rebelo respondió diciendo que la expresión “estar a su disposición” es una figura retórica y no puede ser interpretada literalmente". A partir de ahí la tensión fue in crescendo. El juez le preguntó si estuvo presente en la reunión y, ante el no de Rebelo, le amonestó. “Entonces no puede valorar el significado lingüístico en ese contexto. Limítese a los hechos”, le dijo. Rebelo replicó acusando al ministro de censura y reivindicando su propia libertad de expresión.

En ese momento, Moraes le amenazó con detenerlo por desacato si no contestaba claramente a las preguntas, exigiéndole un “sí o no”. Rebelo replicó que no podía limitarse a respuestas secas. Aunque la audiencia continuó sin detenciones, Rebelo publicó al día siguiente en sus redes sociales un vídeo en el que criticaba al STF por extralimitarse en sus funciones constitucionales. “En Brasil ya no tenemos Constitución, de hecho tenemos 11 andantes. Cada uno de los 11 jueces del STF es una Constitución, porque la interpretan como quieren”, dijo Rebelo.

También la semana pasada, el juez Moraes volvió a rechazar el pedido de libertad presentado por la defensa del general Walter Braga Netto, ex ministro de Defensa de Bolsonaro, detenido desde diciembre de 2024. El general está acusado de intentar acceder ilegalmente al contenido de la colaboración premiada del teniente coronel Mauro Cid, figura central en la investigación sobre la supuesta intentona golpista.

Moraes justificó el mantenimiento de la prisión preventiva afirmando que las condiciones que llevaron a la detención no han cambiado y que la libertad del acusado podría suponer un riesgo para las fuerzas del orden. El abogado defensor de Braga Netto impugnó enérgicamente la decisión, calificándola de ilógica y arbitraria porque la investigación ha concluido y ya se han escuchado todos los testimonios de la acusación, por lo que no hay riesgo de injerencia. Según el abogado, el general se convertiría en “un chivo expiatorio”, utilizado para mostrar a la opinión pública que el Estado está reaccionando con dureza a los acontecimientos del 8 de enero de 2023.

Bolsonaro también volvió a criticar las acusaciones de golpe en los últimos días. “¿Qué crimen? Un crimen imposible. Una estafa de Disney con Goofy, Minnie y el Pato Donald”, dijo a la radio local AuriVerde. “Algunos dicen que debería irme de Brasil. No me iré de Brasil, arréstenme. Espero 40 años de prisión, arréstenme”, agregó. Según Bolsonaro, hay quienes “alientan” su arresto y la “gran jugada es apresurarse” a condenarlo para impedir que se presente a las elecciones de 2026.

Sin embargo, el ex presidente no puede ser elegido hasta 2030 por decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE). “Yo, con 40 años de prisión encima, no tengo ninguna posibilidad de ir a ninguna parte. Moriré en la cárcel”, concluyó.

Mientras tanto, su Partido Liberal (PL) empieza a pensar en su sucesor para la campaña electoral de 2026. Entre la esposa del ex presidente, Michelle, y el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, el PL, como escribe Bela Magale en el diario O Globo, parece moverse en la dirección de nominar a Michelle.

“Bolsonaro y sus hijos no confían en Tarcísio y sienten que el gobernador no ha tenido grandes gestos hacia la familia Bolsonaro. También hay presiones para que Tarcísio intervenga directamente ante el STF para ayudar al ex presidente a salvarse de ser procesado por el intento de golpe”, escribe Magale.

Mientras tanto, el PL pretende presentar un nuevo proyecto de ley para amnistiar a los condenados por atacar y saquear los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023. Aunque el texto es más restrictivo que la versión anterior, deja un posible vacío legal que podría favorecer al ex presidente Bolsonaro. Según el nuevo texto, la amnistía sólo se aplicaría a los “individuos que participaron directamente en las manifestaciones” del 8 de enero 2023 que causaron daños a la propiedad pública y privada. No menciona a financiadores, instigadores o apoyo logístico, como hacía la propuesta anterior, que era mucho más amplia. Sin embargo, según los expertos, el texto está redactado de forma ambigua porque la ley brasileña no distingue “el participante directo”, ya que cualquier persona que contribuya a un delito, en cualquiera de sus formas, es legalmente responsable. En consecuencia, la ambigua redacción del texto podría extenderse también a Bolsonaro y otros dirigentes acusados de desempeñar un papel en la planificación de la presunta intentona golpista, aunque no estuvieran físicamente presentes en Brasilia. El PL niega que la nueva propuesta beneficie al ex presidente.

Sin embargo, las sanciones de Trump contra el juez simbólico en el caso contra Bolsonaro, Moraes, podrían barajar completamente las cartas. Según el hijo de Bolsonaro, Eduardo, que dimitió como diputado federal y ahora vive en EE.UU., deberían llegar pronto, incluso en menos de un mes. Ciertamente, el debate se ha intensificado tras las recientes declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., quien dijo que existe una “gran posibilidad” de que Washington imponga sanciones contra Moraes, cuyas decisiones también afectarían a ciudadanos e intereses estadounidenses, como en el caso de la suspensión de perfiles sociales y el bloqueo temporal de la plataforma X (antigua Twitter). Rubio también explicó que las sanciones están siendo analizadas y podrían extenderse a otros miembros del poder judicial brasileño.

Las sanciones, que podrían renovarse cada 60 días, se basan en la Ley Magnitsky de Estados Unidos, que permite castigar a autoridades extranjeras acusadas de violaciones de los derechos humanos y excluir a los afectados del sistema financiero internacional, provocando lo que se denomina una “pena de muerte financiera”.

La iniciativa cuenta con el apoyo de aliados del ex presidente, así como de miembros de su familia. El objetivo es debilitar al STF, influir en los procesos en curso contra Bolsonaro y favorecer una amnistía para los implicados en los atentados del 8 de enero de 2023. Además de Moraes, otros posibles objetivos de las sanciones son, según la prensa brasileña, el fiscal general Paulo Gonet, el presidente del STF Luís Roberto Barroso y el juez Gilmar Mendes. Las sanciones podrían extenderse gradualmente, dependiendo de la reacción de las instituciones brasileñas.

Fuentes en Brasilia dijeron a Infobae que el gobierno de Lula ha pedido a la cancillería brasileña, Itamaraty, que reaccione con firmeza ante cualquier sanción, considerada una amenaza a su soberanía, y que reitere que ningún país extranjero puede interferir en los poderes internos de otro Estado. Por el momento, la diplomacia brasileña sigue la situación con mucha cautela, no sea que su reacción inmediata refuerce la narrativa de los partidarios de Jair Bolsonaro.

El jefe de la Fiscalía General del Estado, Jorge Messias, también se pronunció sobre el tema, defendiendo la independencia del poder judicial. “En Brasil, apreciamos y estamos orgullosos del principio de la separación de poderes. Un poder judicial nacional independiente es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. La democracia no puede existir sin independencia entre poderes. Respetamos la soberanía de todas las naciones y la buena convivencia presupone reciprocidad”, dijo Messias sin referirse explícitamente a Estados Unidos.